El juicio político a Bernardi será en junio

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El Consejo de la Magistratura ratificó el proceso de enjuiciamiento para el camarista suspendido Juan Bernardi por corrupción de menores y, además, abrió una investigación preliminar para evaluar la actuación de los actores judiciales en la investigación del crimen del joven Atahualpa Martínez, entre ellos, los camaristas Daniela Zágari y Carlos Reussi, fiscal y juez en esa causa sin ningún imputado.

También, el cuerpo disciplinario dispuso abrir un sumario al juez penal Fabio Igoldi , como también, otra investigación preliminar por varios expedientes donde se cuestiona al proceder del mencionado magistrado. Ambos trámites recayeron en los consejeros Arabela Carreras y Adrián Casadei.

Por su parte, el Consejo rechazó un recurso de Bernardi y así reabrió el proceso de juicio político, fijando un plazo de 40 días para la recolección de las pruebas solicitadas. Concluido ese trámite, el debate se deberá concretar antes de los 30 días, es decir, el enjuiciamiento se iniciaría en junio próximo.

Con la presidencia de Liliana Piccinini, el cuerpo se integró con los legisladores Facundo López, Alejandro Palmieri y Nicolas Rochas, y los consejeros Jorge Manzo, Natalia Fallugi y Nicolas Gómez por el Colegio de Abogados. Rápidamente, el orden del día sufrió una modificación al incorporarse el expediente de la actuación judicial en la investigación penal por el homicidio de Atahualpa Martínez.

La denuncia se focalizaba en Zágari y Reussi, pero los consejeros resolvieron que la investigación preliminar evaluará la actuación de todos los funcionarios actuantes, asignando ese trámite inicial a Faluggi.

Desde el Colegio se insistió ante Piccinini por el tratamiento del expediente del caso Martínez, que se reactualizó con la presentación de la Comisión Legislativa que denunció a Reussi y Zágari. Los consejeros de los abogados insistirían ayer y los legisladores anticipan su adhesión, por lo cual, Piccinini incorporó ese análisis, a pesar que inicialmente no lo había incluido. Además, en la audiencia, familiares del joven asesinado plantearon la situación del exfiscal Ricardo Falca, actualmente jubilado.

Sobre ello Piccinini aclaró que el Consejo trabaja para sancionar a los funcionarios que se desempeñan en la actualidad pero agregó que “si se encontrasen irregularidades en el accionar del exfuncionario se podrían llevar adelante otro tipo de investigaciones respecto de él”.

La familia también planteó si existe incompatibilidad en que Piccinini presida el Consejo cuando durante la investigación del homicidio de Atahualpa se desempeñó como Procuradora General, dependiendo de ella todos los fiscales. A ello la jueza respondió que en el caso que se determine alguna irregularidad en su desempeño, ella misma se apartaría de la investigación del Consejo.

DeViedma