El kirchnerismo le tiró un salvavidas a Oyarbide

DyN

El kirchnerismo se anotó una doble victoria ayer en el Consejo de la Magistratura. Por un lado, logró que el juez federal Claudio Bonadío fuera citado a declarar por “mal desempeño” en dos casos que investigaban un fraude al Estado de la curtiembre Yoma y la empresa Tandanor. Por el otro, benefició al polémico juez Norberto Oyarbide, que sólo deberá presentar un descargo voluntario por el sospechoso allanamiento a una financiera, que luego paró tras recibir un llamado desde La Rosada.

De este modo, la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, rescató otra vez al juez que concentra y “durmió” la mayoría de las causas que afectan al gobierno.

Por cinco votos a dos y una abstención, la comisión referida le permitió a Oyarbide utilizar un mecanismo por el cual, mediante artilugios y evasivas, podrá mantenerse como juez (al menos en el mediano plazo) pese a las graves acusaciones en su contra.

El debate tuvo momentos de tensión cuando el integrante del consejo (y senador radical) Mario Cimadevilla criticó a los miembros kirchneristas por dilatar el tratamiento para “encubrir” a Oyarbide.

El consejero representante de los abogados, Alejandro Fargosi, sugirió que Oyarbide sea suspendido por el peligro que significa que, mientras se sustancia la acusación, el magistrado continúe en su puesto. Como su pedido no prosperó la minoría solicitó que se abrevien los plazos aplicando el artículo 20 del reglamento de la Comisión (una especie de indagatoria) y se aceleren medidas de prueba, ante la falta de sentido de escuchar al juez sobre un episodio que el mismo ya reconoció.

Cabe recordar que Oyarbide está en la mira por haber frenado un allanamiento a la financiera Propyme a pedido de Carlos Liuzzi (segundo del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini), hecho que aquel asumió públicamente.

Pero ayer la mayoría (Marcelo Fuentes, Carlos “Cuto” Moreno, Wado De Pedro, Julián Álvarez, Manuel Urriza y la presidenta, Ada Iturrez) impuso como previo el artículo 11 que permite ampliar pruebas (como agregar copias de expedientes con denuncias colaterales), para que recién a posteriori Oyarbide tome vista de las actuaciones y luego declare por escrito. Un trámite que según comentó Fargosi va a llevar meses, tal vez todo este año.

“Oyarbide –lanzó Cimadevilla– no es un juez de la ley ni de la Constitución, es un juez del poder. En una reciprocidad de favores le garantiza impunidad al gobierno y viceversa”.

Fuentes calificó de “exceso verbal” a la acusación de encubrimiento ya que “en realidad se garantiza el derecho de defensa”. El neuquino agregó que es un error hablar de delito, cuando la conducta de Oyarbide no fue tipificada.

Los consejeros Oscar Aguad y Daniel Ostropolsky (presentes aunque no integran la respectiva comisión) indicaron que reconocer que uno es permeable a presiones ya es mal desempeño. “En principio, parecía que la conducta de Oyarbide quedaría enmarcada como mal desempeño, pero se podría tratar de una asociación ilícita”, agregó Cimadevilla.

Este último y Fargosi exigieron que se oficie al Banco Central para que informe: quienes son los dueños de la financiera Propyme, que operaciones puede realizar, que cheques cambia y a que tasas, y de quien eran los cheques que descontó. También pidieron el cruce de llamadas entre Liuzzi y Oyarbide.

Oyarbide, un polémico juez que “duerme” las causas que golpean al gobierno.

CLAUDIO RABINOVITCH

Agencia Buenos Aires