El malestar policial

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Las dificultades suelen aflorar donde menos se las espera. Es lo que le ha ocurrido al gobernador con el conflicto policial. Políticamente amortizado luego de tres victorias electorales conseguidas de un saque, virtualmente invicto –a excepción, claro, de la derrota que le infligió Felipe Sapag en el '91 pero que ya nadie parece recordar–, Sobisch no tiene adversarios a la vista por estos lares y busca en el escenario nacional un nuevo horizonte donde practicar su deporte favorito: doblar la apuesta.

Sólo el hecho de no haber obtenido la mayoría en la Convención Constituyente empaña un tanto este panorama de plenitud, pero no se trata de un obstáculo insalvable; después de todo, el gobernador todavía puede maniobrar para salir indemne, o casi, de ese trance.

En este contexto un tanto idílico surgió, de la nada y sin que nada permitiera presumirlo, el problema de la Policía. Sin mayores explicaciones, en un gesto que se asemeja más a los arrebatos de un emperador que a la sosegada práctica de las potestades republicanas, el gobernador despachó de un solo golpe al jefe, el subjefe y a toda la plana mayor de la institución.

Dieciocho profesionales calificados –entre ellos, licenciados en criminalística, seguridad y abogados– que no podrán ser reemplazados sin un gran esfuerzo y al cabo de mucho tiempo fueron despedidos sin contemplaciones con el argumento de que se trataba de «evitar el estado de asambleísmo» en las filas de la fuerza.

Hilando más fino, fuentes de la institución dejaron entrever que, entre otros motivos, el encono del Sobisch se debió al hecho de que el ex jefe, Wálter Cofré, hizo público el pedido de aumento de la fuerza al gobernador.

En realidad, el gobierno ya tenía decidido un incremento y tanto el entonces jefe de Policía como los funcionarios del Ministerio de Seguridad y de Trabajo estaban perfectamente al tanto de la cuestión, lo que permite inferir que el malestar entre los uniformados guarda relación con algún otro motivo que aún no termina de aflorar.

El propio gobernador ha contribuido a afianzar esa impresión al negarse a explicar públicamente los motivos del relevo del comisario Cofré y al limitarse a indicar que no repetiría en público lo que ya le ha dicho al jefe policial saliente en privado.

En realidad, en la fuerza se baraja otra causa menos visible que puede haber derivado en la purga lanzada hace una semana por el gobernador: cierto grado de resistencia al polémico plan de seguridad del gobierno que, dicho sea de paso, a pesar de la enorme inversión de recursos públicos no termina de ver la luz.

Aunque poco es lo que se ha informado oficialmente sobre el tema, se sabe de boca del gobernador que el mentado plan ha insumido 50 millones de dólares. Sólo el nuevo sistema de comunicaciones estaría presupuestado en alrededor de 20 millones de dólares.

Invocando dudosas razones de «confidencialidad», el gobierno adjudicó, al parecer, el equipamiento en forma directa a la empresa Damovo, cuyo titular –José Manuel Requejo García– integra la comisión directiva de Boca Juniors que preside el diputado nacional Mauricio Macri, el socio político de Sobisch.

Mientras las autoridades neuquinas proceden de esta forma para resolver el problema de las comunicaciones, Mendoza viene llevando adelante, con el mismo propósito, una licitación de características transparentes.

Frente a tamaña discrecionalidad practicada ante los ojos de todo el mundo, en particular ante los jefes policiales, no parece nada causal que éstos se sientan con derecho a reprochar públicamente a las autoridades. Ni que sus mujeres ocupen comisarías reclamando los uniformes y hasta las municiones que el gobierno se ha venido negando a proveerles.

A pesar de que desde el oficialismo se agita que la de Neuquén es una de las policías «mejor vestidas» del país, un ex jefe de la institución denunció que los efectivos «andan disfrazados» y recordó que es el Estado el que «debe proveer de la ropa» a los integrantes de la fuerza.

No hace falta ser adivino para imaginar cómo pueden sentirse aquellos que no llegan a fin de mes por los magros sueldos y para colmo de males tienen que andar «disfrazados», mientras el gobierno gasta 150 millones de pesos en compras poco claras para adquirir un equipamiento que no termina de funcionar.

Como quiera que haya sido, el sorpresivo descabezamiento de la cúpula policial no hizo sino empeorar fuertemente las cosas. Lejos de amilanarse, los jefes despedidos reaccionaron desafiando el principio de autoridad.

La inédita réplica al gobernador, en medio de la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades de la fuerza, no deja dudas respecto de la profundidad del malestar existente con las autoridades políticas.

Nunca un gobernador de esta provincia había escuchado de boca de sus subordinados, y ante los ojos y oídos de todo el mundo, reproches como los que le hicieron a Sobisch en la cara los comisarios Cofré y Trepat y hasta el nuevo jefe Zalazar.

No fue causal, en este contexto de virtual rebelión, que las mujeres de los uniformados ocuparan cuatro comisarías con una serie de reclamos que incluye un aumento mayor que el otorgado, la entrega de uniformes, el pago de adicionales y la asignación de becas para sus hijos. Y, en algunos casos, hasta la restitución en su cargo de Cofré. Planteos que, a pesar de los esfuerzos de la ministra Susana Arévalo para disuadir a los esposos de las protagonistas, continuaban ayer a casi una semana de iniciado el conflicto.

Frente a estos acontecimientos, la oposición no tardó en acusar al gobernador de autoritario, sobre todo por la forma descomedida en que descabezó una institución que, al fin de cuentas, no ha dado motivos valederos para estar en entredicho.

Con la Policía en un virtual estado de rebelión y el crédito conseguido con sus triunfos políticos, que amenaza evaporarse rápidamente, Sobisch tiene motivos para pensar que algo habrá hecho mal.