El manejo del gasto social divide a Nación y gobernadores

BUENOS AIRES- El manejo de los fondos destinados a los programas sociales y de empleo se convirtió anoche en el principal punto de disidencia entre el gobierno nacional y las provincias justicialistas que impide arribar a la firma del acuerdo definitivo, después de tres días de negociaciones. El gobierno y la oposición postergaron hasta hoy a las 9, las negociaciones.

El PJ pretende crear unidades ejecutoras en las provincias que manejen el control del gasto social con tres representantes de las provincias y dos de la Nación. Las autoridades nacionales pretenden que no haya mayorías en estas UE. Ambas partes acordaron un aumento de 250 millones de pesos en las partidas presupuestarias del 2001 correspondientes al gasto social.

La Jefatura de Gabinete es el epicentro de las deliberaciones en las que intervienen además de Ruckauf y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, los mandatarios de La Pampa, Rubén Ma-rín; San Luis, Adolfo Rodríguez Saa; Tucumán, Julio Miranda, y Jujuy, Eduardo Fellner.

También están el secretario de Hacienda, Mario Vicens, y el titular del bloque justicialista de Diputados, Humberto Roggero.

Tras la sucesión de reuniones -a las que ayer a la mañana se sumaron los ministros de Economía de las provincias- los intentos de acercamiento estuvie- ron a punto de frustrarse tras el enfrentamiento entre el viceministro de Desarrollo Social, Gerardo Morales, y los legisladores del justicialismo.

Morales había acusado a las provincias del PJ de querer manejar los fondos sociales para hacer «clientelismo político», declaraciones que motivaron el pedido de su renuncia por parte de los legisladores opositores.

En el Palacio de Hacienda, los ministros de Economía provinciales consensuaron con funcionarios nacionales un borrador de acuerdo, en el que se acepta la formación de unidades ejecutoras conjuntas de los programas de empleo y de desarrollo social, como parte del acuerdo que incluye la prórroga del Compromiso Federal que promovió el presidente, Fernando De la Rúa. (ver aparte).

El borrador acordado ratificó los términos del Compromiso Federal celebrado el 6 de diciembre de 1999 que contempla una transferencia total de 1.364 millones mensuales en el 2001.

El acuerdo dispone que las provincias establecerán procedimientos para posibilitar la difusión de las cuentas públicas. Adicionalmente, acuerda la posibili- dad de auditar en forma conjunta o por entidades independientes.

Las provincias se comprometen a eliminar las cláusulas de convenios y estatutos que impliquen el aumento automático de las remuneraciones de los funcionarios y empleados públicos.

El lunes, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, había considerado «insostenibles desde el punto de vista político y económico» las condiciones que los gobernadores justicialistas establecieron para firmar el acuerdo. Urgido por la necesidad de dar señales a los mercados en forma inmediata, el gobierno nacional no reparó en los perjuicios de negociar contra reloj. (DyN)

El borrador del acuerdo

Fonavi: Durante el año 2001 el gobierno se comprometería a pagar el 50% de las deudas correspondientes al ejercicio 1999 que mantiene con las provincias por la garantía del FONAVI, mientras que el resto se pagaría en el 2003.

Programas de empleo: Las provincias que renuncien al cobro de la segunda mitad de la deuda recibirían de la Nación durante el 2001 programas de empleo y sociales, adicionales a los existentes por un monto equivalente al resignado.

Transferencias: La Nación propuso asegurar una transferencia mínima mensual de 1.400 millones de pesos para el año 2003, de 1.440 millones para el año 2004 y de 1.480 millones para el 2005.

Asignaciones específicas: Las provincias podrán disponer libremente de hasta el 50% de los fondos con asignación específica durante la vigencia del compromiso federal.

Saneamiento financiero: El gobierno mantendrá el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero hasta el año 2005, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Banco de la Nación Argentina, y otras herramientas financieras.

El gobierno acepta aumentar planes sociales

BUENOS AIRES- El gobierno accedió a hacer lugar al pedido de los diputados de la Alianza para que se incremente el gasto para planes sociales en la ley del Presupuesto del 2001, aunque persisten diferencias respecto a algunos puntos de la denominado «Ley de Leyes» y a las recientes medidas económicas.

El presidente Fernando De la Rúa mantuvo anoche una larga reunión con diputados oficialistas a quienes los exhortó «a mantenerse unidos y votar afirmativamente el Presupuesto», pero se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana .

El jefe de la bancada de diputados de la Alianza, Darío Alessandro, reconoció que hay «diferencias» de criterio dentro de la bancada, fundamentalmente por parte de diputados del Frepaso, pero que las mismas «no ponen en riesgo la unidad política de la Alianza».

De la Rúa escuchó las críticas de varios diputados respecto de los recursos para planes sociales y la propuesta de compartir la ejecución y control de los mismos con las provincias justicialistas, además de los cambios en el régimen jubilatorios. El gobierno se comprometió a aumentar las partidas para planes sociales en el Presupuesto del 2001 a partir de una reasignación de partidas a partir del aumento de la pauta del déficit fiscal para el año próximo a partir de la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que persigue el Poder Ejecutivo.

Alessandro confirmó que habrá una nueva partida de 200 millones de pesos para planes alimentarios y de obras públicas, que se sumará al anunciado incremento de los recursos para programas de empleo por un monto similar.

Ese fue el «reclamo unánime» de los diputados aliancistas ante el temor de que los gobernadores del justicialismo se posicionen frente a la sociedad como los únicos que reclaman fondos para aliviar la crítica situación social.