El martes se reúne la Unidad de Viviendas de Viedma

MUNICIPALES

VIEDMA (AV)- Por segunda vez se reunirá hoy la Unidad de Gestión de Viviendas. En esta oportunidad, lo hará en medio de una fuerte polémica que se resolverá en el ámbito judicial, ya que el Ejecutivo impugnó un artículo de la norma que crea el órgano.

La semana pasada, el STJ corrió traslado al Deliberante, acerca de la presentación del escrito del jefe comunal, José Luis Foulkes con el patrocinio del abogado Alberto Da Silva y el privado Luis Pravato. En esa acción se denuncia ante el máximo tribunal que la norma aprobada en junio por el Concejo, luego vetada y a la postre ratificada por el cuerpo, incurre en un conflicto de poderes y por eso solicita su anulación.

El cuerpo deliberativo remitió a los jueces el expediente de presentación y sanción de la ordenanza y se espera la resolución en un plazo no muy lejano.

La presidenta del bloque del FpV y autora del proyecto, Evelyn Rousiot informó que existe jurisprudencia en la que en un caso análogo el tribunal falló a favor del Concejo. La sentencia es de 2001, rechazó los argumentos esgrimidos entonces por el exintendente Gustavo Costanzo quien denunció conflicto de poderes contra una norma que establecía un régimen de bonificaciones para el personal municipal sancionada por el Concejo que presidía el hoy vicegobernador Pedro Pesatti.

En ese caso actuó en defensa de la vigencia de la ordenanza Pravato, que ahora lo hace en contra con argumentos antagónicos. En aquel caso, Pravato sostenía que se estaba en presencia de una contradicción del intendente, ya que al vetar la ordenanza asumió sus facultades que fija la Carta Orgánica, y luego impugna el procedimiento, cuando el Concejo la ratifica. La edil justicialista consideró que “llama la atención que el asesor que se contrató en ese momento ahora sea contratado para dar una visión contraria”.

En esa ocasión, el STJ integrado por Alberto Balladini, Luis Lutz y Víctor Hugo Sodero Nievas, dijo que el acto de vetar la norma por otras causales, de orden presupuestario, institucional o formal e inclusive invocando el carácter administrativo “llevan a colegir que se consintió el procedimiento en la inteligencia de que el Concejo concluyó actuando en el ámbito de sus atribuciones…”, dice aquel fallo.