El miércoles firmarían la competitividad frutícola

Funcionarios rionegrinos irán hoy a Buenos Aires para terminar los detalles técnicos del acuerdo que apunta a mejorar la situación del sector. Incluye medidas de corto y mediano plazos. La provincia apura gestiones ante el Banco Nación.

VIEDMA- La provincia de Río Negro firmará esta semana -seguramente, el miércoles- con la Nación el acuerdo de competitividad para el sector frutícola.

Desde esta capital, el gobernador Pablo Verani y el ministro de Economía, José Luis Rodríguez viajarán hoy a Buenos Aires para ultimar los detalles técnicos del a-cuerdo.

Verani anticipó que el acto se concretaría el miércoles ya que mañana el presidente Fernando de la Rúa no estará en Capital Federal.

Explicó que habrá dos convenios: uno general y otro particular, con las medidas para Río Negro y Neuquén. El mandatario anticipó que entre hoy y mañana se entrevistará con el presidente del Banco de la Nación Argentina, Enrique Olivera para delinear la implementación de las medidas de esa entidad que están incluidas en el Acuerdo de Competitividad.

El convenio técnico de Río Negro con Nación -que incluye a Neuquén- fue definido el 18 de mayo pero lo oficializó el sábado 19 de mayo el gobernador Verani en un mensaje provincial, mientras se repetían los cortes de rutas de los productores.

Fijada su vigencia hasta junio del 2004, el acta establece un alza en los reintegros de exportación, bajas impositivas, devolución de aportes patronales, créditos para deudas y salarios, así como también un subsidio para la producción que contemplaba 10 millones iniciales pero luego Verani sumó otros 6 millones para Río Negro. Aquel aporte no reintegrable -que será compartido con Neuquén con 1,5 millón- llegará en cuotas desde julio o agosto y los últimos 6 millones serán transferidos por Nación antes de finalizar el año.

Asimismo, la inicial acta de Competitividad establece las siguientes medidas:

• Un crédito de 30 millones para empresas, empacadoras y exportadoras de frutas, de "hasta 1,5 dólar por caja procesada" para el "pago de salarios y cancelación de deudas con productores".

• Programas laborales del Ministerio de Trabajo para "tareas culturales de producción primaria".

• Aumento de reintegros fiscales. En un punto se equipara el reintegro para Red Delicious (pasando del 5 al 8 %) y, en otro artículo, el convenio fija -desde enero de 2002- el reintegro fiscal para manzanas y peras al nivel promedio de la industria, estimándose en un índice del 12 %.

• Se establece acordar con el Banco de la Nación Argentina -dentro del Programa de Agroinsumos Regional- un programa de financiamiento de hasta 18 millones para "las tareas culturales de la campaña agrícola 2001/2002, priorizando los plazos fitosanitarios". También, se consigna la prórroga del vencimiento de los intereses hasta el 30 de junio del 2002, de la refinanciación de pasivos.

• Los aportes patronales previsionales se devolverán con crédito fiscal y como reintegro de exportación si no pudieran utilizarse para pagar IVA. Por estos beneficios, el gobierno provincial estimó un ahorro total de 22 millones.

• El convenio proyecta "un mecanismo de un certificado de crédito fiscal por las acreencias de la AFIP" (por pago de apor-tes patronales), saldo del IVA Técnico e Impuesto a la Ganancia Presunta". En principio, esos créditos podrán utilizarse para pagar deudas impositivas, así como también "para garantía o cancelación de créditos" con el Banco Nación.

• Se prevé eximición de los impuestos a la renta presunta y al endeudamiento empresario para las empresas.

El STJ les reclamará más actividad investigativa a los fiscales

VIEDMA - El Superior Tribunal de Justicia requerirá a los fiscales mayor actividad investigativa con el objeto de reducir el número de ilícitos que no se des- cubren y se inscriben en las estadísticas como causas con autores desconocidos. Un 45 a 65 % de los expedientes se archivan por esa situación, según el tribunal.

El presidente del máximo cuerpo judicial, Víctor Sodero Nievas atribuyó esa situación a la "deficiente tarea de investigación" y anticipó una acordada con medidas en las funciones de los fiscales.

En su análisis, Sodero Nievas afirmó que "esas deficiencias tienen origen en diversas causas o factores, destacando la falta de adecuada preparación para realizar la labor de investigación, carencia de elementos técnicos, falta de compromiso en algunos responsables de la investigación", así como también "la delegación total de la tarea investigativa en la policía".

Según el magistrado, "las estadísticas muestran un alto porcentaje de trámites instructorios que se encuentran en archivo provisorio porque no se ha podido identificar a los autores del ilícito. Ese porcentaje oscila del 45 al 65 % de los expedientes ingresados a los juzgados de instrucción". Aclaró que "el porcentaje depende de las características de las circunscripciones judiciales". A esas causas, el juez agregó "un número importante de expedientes que se resuelven por sobreseimiento por ausencia de pruebas".

Anticipando la acordada, Sodero Nievas confió que "dichas deficiencias son posibles de superar" pero hay que "delimitar adecuadamente las tareas" entre los "componentes del sistema judicial en el fuero penal, y de la policía como auxiliar de aquella".

En su requerimiento de mayor actividad, el STJ planteará a los ministerios públicos o fiscales que tengan una "participación activa en todos los actos que ordene el juez y propuesta de diligencias conducentes a dilucidar la cuestión". Agregó que no sólo debe "limitarse exclusivamente a responder a las vistas" ya que "todos los trámites del proceso deben encontrarse bajo su control".

Asimismo, se pedirá un "control del proceso en lo que respecta a la prescripción de la acción", así como también mantener una "complementación con el fiscal en la comisaría, responsable del sumario de prevención". Pero, recuerda que los fiscales deben tomar intervención en los sumarios de prevención en los lugares donde no se hayan designado fiscal en comisaría mientras "recibirán de la institución policial la misma consideración y trato a que están obligados con los jueces".

El STJ reconoce que "se hace necesario remarcar que con la actual infraestructura no es posible desarrollar nuevas tareas", por lo cual el máximo cuerpo propone algunas reformas. Entre ellas, Sodero Nievas menciona que "cada circunscripción judicial actuará con una única mesa de entrada" de ministerio público, distribuyéndose su labor los agentes fiscales por turnos que se fijarán oportunamente, durante las 24 horas del día, con conocimiento a la ciudadanía".

Además, consigna un "registro único de ingreso y egreso de expedientes, hasta tanto se implemente la inserción de los ministerios públicos en el sistema informático". Agregó que el responsable para implementar estas normativas en cada circunscripción "será el fiscal de Cámara que designe la Procurador General".


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