El MPN defiende a Sapag frente a una denuncia judicial

El bloque de diputados del Movimiento Popular Neuquino salió en apoyo del exgobernador Jorge Sapag. Ante la acción de inconstitucionalidad presentada por Ramón Rioseco y el diputado Mariano Mansilla del FPN-Une, los calificaron de “mentiriosos” y sostuvieron que es una maniobra política.

“Posiblemente esto sirva para ensuciar la imagen de una figura pública con fines electorales; aquí radica la ilegitimidad en esos intentos de utilizar la justicia con otros objetivos”, dijo la diputada del MPN María Laura Du Plessis.

Días antes, Mansilla y Rioseco anunciaron que iniciarán acciones legales contra la provincia y apuntaron contra el exgobernador Jorge Sapag por concesionar de manera “irregular” la administración del cerro Chapelco en San Martín de los Andes. Afirmaron que, además, el Ejecutivo cedió 90 hectáreas al concesionario para la creación de una aldea de montaña de 500 a 2.500 y sostuvieron que esta situación trae perjuicios para la localidad.

Ante esto, los diputados del MPN no se quedaron en silencio y desecharon la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el decreto N° 505/2010 del exgobernador Jorge Sapag. Du Plessis recordó “la norma sirvió para llevar paz social a una serie de conflictos que se suscitaban alrededor de esta situación, con la comunidad mapuche Vera”.

En la denuncia se hace mención a la Ley 2.338, sancionada en mayo de 2002, donde se autorizó al Poder Ejecutivo a transferir al municipio de San Martín el dominio de las tierras de propiedad provincial afectadas a la concesión del complejo cerro Chapelco. Al respecto, la diputada explicó que no existe conflicto con esta norma, porque trata de una ley facultativa, lo que significa que no impone el traspaso al municipio, solo autoriza el trámite.

La legisladora recordó que “se reclamaban las tierras, cerca de 700 hectáreas sujetas a mensura, desde el año 1925; y un decreto nacional se las había otorgado”, en relación al reclamo de la comunidad Vera. “El decreto de el exgobernador obligó a la empresa a elegir otras tierras, y sirvió también para emitir meses después el decreto N° 1.643, donde el Estado le reconoce a la comunidad esas hectáreas”, agregó.