El municipio de Bariloche salió a clausurar

Hubo incidentes en un local que fue cerrado por vender alcohol a menores. El intendente ordenó castigos ejemplares para quienes transgredan la ordenanza.

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El gobierno municipal salió decidido a erradicar de plano la venta de alcohol a menores en la ciudad.

Ya aplicó la primera clausura a un servicompras céntrico y tiene una lista de espera que promete severidad.

«Estamos trabajando fuertemente en el tema» afirmó a «Río Negro» el secretario de Gobierno Rodolfo López Alfonsín, a quien el intendente Atilio Feudal le encomendó que tome medidas terminantes para reencaminar a los comercios díscolos que trasgreden la normativa local en la materia.

En plena temporada de turismo estudiantil, esta intención resulta neurálgica.

Luego de muchos hechos polémicos que tuvieron como protagonistas a egresados ebrios, el Concejo elaboró una ordenanza específica y el Ejecutivo decidió encarar una firme tarea de control.

En la gestión anterior se produjeron numerosos secuestros de alcohol en micros y hoteles, y ahora salen a atacar a los comerciantes que trasgreden la ley.

La primera víctima de la fiscalización resultó el Servicompras de la YPF del Centro, de Morales y Avenida Moreno.

De acuerdo con lo informado por López Alfonsín, ese establecimiento fue clausurado tras un operativo de la policía que demoró a ocho chicas uruguayas, todas menores. Según Alfonsín, las jóvenes estaban muy alcoholizadas.

Ellas mismas reconocieron que compraron el alcohol en ese lugar donde no les solicitaron sus documentos y brindaron otros elementos de prueba de la infracción.

Operativos

El operativo de clausura estuvo a cargo de los agentes pertenecientes al Departamento de Fiscalización Ambiental de la municipalidad, en función de la sentencia 41.993/99 del Tribunal de Faltas.

La infracción se había producido en julio, pero su tramitación hizo que recién ahora se produzca la sanción.

La dueña del Servicompras, Noemí Graciela Saavedra, hizo la apelación el 7 de julio y pero la municipalidad respondió ordenando la clausura por tres días. Incluso el intendente volvió a rechazar un nuevo intento por evitar el castigo.

En el momento de la clausura se produjo un incidente con la dueña, que se negó a retirarse del lugar.

Además alegó que en el salón a clausurar está la máquina registradora y la caja de seguridad de la estación de servicio, por lo que el local debía permanecer abierto.

El municipio concretó la medida, definida como «el cese de actividad comercial en forma inmediata, bajo apercibimiento de ley no deberá recibir público en el local comercial».

Sin embargo, no colocó la faja de clausura porque la propietaria se negó a dejar el comercio, e instrumentó el acta de sanción consignando que seguían funcionando los equipos de frío conectados a la red eléctrica.

La infracción fue ejecutada por el oficial de Justicia Rubén Guzmán y el inspector municipal Gerardo Margarido.

En el acto administrativo, los inspectores municipales actuaron con el resguardo de dos agentes pertenecientes a la policía de Río Negro.

En la última gacetilla municipal el gobierno advirtió que «en los próximos días se producirán nuevas clausuras en otros comercios en infracción por el mismo motivo».


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