El municipio deberá mejorar el transporte de alumnos

NEUQUEN (AN).- La justicia provincial le ordenó al municipio capitalino mejorar el servicio de transporte público que utiliza un grupo de chicos del barrio Valentina Sur para ir a la escuela, porque está funcionando sin cumplir las normas que rigen para brindarlo y para garantizar los derechos de los niños. La resolución la emitió ayer el juzgado de Familia Uno, a cargo de José Ignacio Noacco. Hizo lugar a un recurso de amparo impulsado por las defensoras del Menor y el Adolescente, Nara Osés, Edith Galarza y Mónica Amicone, quienes solicitaron mejoras en el servicio con el argumento de que los chicos viajaban «en condiciones inseguras», entre otros aspectos.

Con críticas hacia el municipio, el juez ordenó que un plazo de diez días la comuna «cubra adecuadamente la demanda insatisfecha mediante la provisión de unidades suficientes en frecuencia, recorrido y horarios, para trasladar a los niños en las condiciones que establece la normativa vigente». El planteo llegó al ámbito judicial cuando la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, conducida por Juan José Dutto, le solicitó al gobierno provincial y municipal medidas de seguridad para transportar a los chicos de Valentina Sur que viajan a las escuelas primarias101 y 107.

La  Defensoria del Menor y el Adolescente intervino en forma posterior y solicitó informes a los ámbitos involucrados. En el recurso de amparo, sobre la base de informes de la Defensoría del Pueblo, afirmó que 155 chicos del turno mañana y 110 del turno tarde entre ambas escuelas, son trasladados sólo en un micro de la empresa Indalo. Esa capacidad excede las establecidas en las ordenanzas municipales, por lo que deben viajar de pie, apretados y en algunos casos sentados en lugares inapropiados, como las escaleras de las puertas.

El magistrado responsabilizó al municipio por esta situación. Entre otros aspectos, indicó que el servicio «debe encuandrarse dentro de las normas que regulen el transporte público (ordenanza 2534)», a instancias de los recorridos, tarifas y frecuencias que cumple. Sobre este escenario, el municipio «es prestatario del servicio (…) y debe desarrollar y coordinar servicios en concordancia con la evolución social, económica y turística de la ciudad».

El juez, que en gran medida respaldó los argumentos planteados por la Defensoría del Menor y el Adolescente, agregó que «ante la simple constatación de esa demanda insatisfecha y por exigencia de la garantía de prioridad, debió la municipalidad privilegiar el interés superior del niño, y por se éste sujeto de preferencial protección, hacer uso de sus potestades para dar una pronta solución». También destacó que a pesar de los distintos reclamos que recibió para mejorar el servicio «continuó con su conducta pertinaz», y remarcó que «no cabe dudas que la actitud que asumió es manifiestamente ilegal».

El municipio rechazó la posibilidad de poner más micros con el argumento de que «el sistema se diseña en base al uso masivo y no atiende demandas puntuales». Y solicitó que en la discusión interviniera la cartera educativa,  algo que el juez rechazó porque el problema planteado «no guarda relación con la política educativa», consignó.