El oficialismo en el Congreso cierra el cerco por las “narcovalijas”

Bloquearán pedidos de juicio político contra funcionarios del gobierno.



El oficialismo de la Cámara de Diputados demostró su firme decisión para mantener al Gobierno lejos del escándalo de las “narcovalijas” y como en un juego de ajedrez desplegó una estudiada estrategia para bloquear cualquier pedido de juicio político contra funcionarios nacionales. Hasta el juez que investiga el escándalo que salpica al gobierno, tiene un pedido de recusación de la fiscal por no avanzar “hacia arriba” en la causa.

El titular de la Cámara baja, el duhaldista Eduardo Camaño apeló a una clara maniobra para impedir que el gobierno de explicaciones.

Decidió completar la Comisión de Juicio Político, que pasó de tener 24 a 31 integrantes, asegurándose una mayoría oficialista.

Según dijo una fuente de la comisión, el peronista tucumano Ricardo Falú -que preside el cuerpo- está dispuesto a avalar los pedidos de juicio político contra los ministros de Planificación, Julio De Vido; del Interior, Aníbal Fernández; y de Defensa, José Pampuro.

Si bien esos tres proyectos fueron presentados por el ARI, todo el arco opositor sostiene que el tráfico de drogas desde Ezeiza a España está teñido por la política y sostiene que las responsabilidades no se agotan en los empresarios de Southern Winds ni en la conducción de la Fuerza Aérea o la disuelta Policía Aeronáutica.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, reconoció públicamente que sabía del tráfico de drogas a través de un vuelo de SW pero que no contempló su “condimento político” y por esa razón no lo habló con el presidente Kirchner, quien se enteró por los diarios.


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