El oficialismo logró la sanción de la ampliación presupuestaria con el apoyo de la oposición

Los senadores convirtieron en ley la ampliación del Presupuesto 2020, en una votación por 67 votos a favor y uno en contra del senador salteño aliado de Cambiemos Juan Carlos Romero.





El Senado sancionó la ley de ampliación presupuestaria de 1,8 billones de pesos para contrarrestar los efectos sociales y económicos de la pandemia de coronavirus, en una sesión especial en la que oficialismo y oposición votaron en sintonía aunque en medio de renovadas recriminaciones por la situación económica.

El interbloque de Juntos por el Cambio apoyó en general el proyecto pero votó en contra de artículos 7, 8 y 17 vinculados a la dolarización de deudas en pesos.

En un debate por videoconferencia en el que se repitieron las recriminaciones sobre la situación económica recibida en 2015 y en 2019, senadores de ambos espacios responsabilizaron a las gestiones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández por "la falta de medidas certeras" para superar las sucesivas crisis económicas.

El jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, cuestionó a quienes "atacan al gobierno diciendo que no tiene un plan" y aseguró que el Gobierno "se está ocupando de arreglar el desastre que dejaron" desde la gestión anterior, agravado, dijo, por la crisis por la pandemia.

"Nadie está contento que la Argentina tenga que pagar mas de 100 mil millones de deuda", afirmó y recriminó que el macrismo "dejó una deuda impresionante, un desastre económico y un déficit impresionante".

Mayans recalcó que "no se puede negar que tenemos problemas en Argentina" pero advirtió que "el desafío va a ser recuperarse" y "buscar la forma de que este Estado presente pueda resolver este problema de cómo sostenemos al Estado".

El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, brindó precisiones sobre el porcentaje de los fondos utilizados para paliar los efectos de la pandemia y consideró que "se trata de herramientas" con las que el gobierno nacional debía contar.

Respecto a la deuda pesificada, sostuvo que "es una cuestión de ordenamiento aprovechando que se ha terminado el canje de la deuda" y agregó que "se impone la necesidad de diseñar una medida que permita sanear la composición de los participantes del mercado de deuda publica en pesos".

"Esta solicitud es por la emergencia", dijo, y ratificó que el 15 de septiembre se presentaría el nuevo presupuesto.

Sobre la crítica de la oposición por las partidas para universidades, el legislador por Córdoba señaló que si las universidades necesitan más fondos el gobierno nacional se ocuparía de ello y señaló que "el incremento que se les otorga supera el 35 por ciento y es superior a la inflación cosa que en toda la gestión de Mauricio Macri no se hizo".

En representación de la oposición, Martín Lousteau explicó que el interbloque de Juntos por el Cambio acompañaría la ampliación de Presupuesto en general, pero que no comparte los artículos 7, 8 y 17, por estar en desacuerdo con la suspensión del artículo 65 de la ley de administración financiera.

Esos artículos prevén licitaciones programadas para que titulares de bonos en pesos puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera.

Lousteau cuestionó la merma de los fondos destinados a las universidades y pidió "reducir gastos innecesarios".

El senador macrista Esteban Bullrich justificó, por su parte, el apoyo a la ampliación presupuestaria de parte de la bancada opositora al señalar que "no se trata de un arranque de republicanismo" sino de "responsabilidad".

"Somos republicanos, somos responsables y somos conscientes de nuestro rol de oposición. Votamos dos moratorias, una emergencia económica, acompañando cuando hay que acompañar en estos ocho meses de gobierno", sostuvo.

El senador por Buenos Aires reprochó además la ausencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, para brindar informes en el Congreso.

En nombre del peronismo federal, Juan Carlos Romero, argumentó su voto en contra de la prórroga del Presupuesto 2020 al cuestionar la "poca previsibilidad" del plan de gobierno de la administración del presidente Alberto Fernández.


Los principales puntos del proyecto son los siguientes:

- Se incluirán las deudas previsionales, impositivas y aduaneras vencidas hasta el 31 de julio.

- Se establece el plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse en la moratoria.

- El primer pago de la moratoria vencerá el 16 de noviembre.

- Las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas.

- Las obligaciones tributarias se podrán abonar en 96 o 120 cuotas.

- La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y luego se aplicará la una tasa variable.

- Se eliminó el artículo 14 que habilitaba al Poder Ejecutivo a prorrogar la moratoria.

- Las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

- Se establece un premio a los cumplidores y, en el caso del monotributo, una condonación del componente impositivo de 6 cuotas para las categorías A y B,

- En caso de las categorías C y D será de 5 cuotas mensuales y consecutivas.

- En las Categorías E y F será de 4 cuotas mensuales, en las Categorías G Y será de 3 cuotas mensuales, y en las I, J, K será 2 cuotas mensuales.

- En ningún caso el límite del beneficio podrá superar los 17.500 pesos.

- Habrá un descuento del 15% para quiénes paguen al contado.

- No podrán acceder quiénes tengan activos financieros en el exterior y no repatríen por lo menos el 30% dentro de los 60 días.

- La caducidad de la moratoria será por falta de pago de 3 cuotas para grandes empresas y de 6 cuotas para MiPyMES.

- Se invita a las Obras Sociales, ART, Provincias y Municipios a sancionar regímenes similares y se eliminó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda disponer una prórroga de esta moratoria.

- Las organizaciones comunitarias fueron incluidas como beneficiarias de la moratoria.

- El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras.


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