“El oro de los tontos”

El lunes 9 de mayo se publicó una nota titulada “¿Ley del talión o derechos humanos?”, firmada por el abogado Eves Tejeda, que me gustaría criticar. No es tarea fácil la que me propongo, pues el autor se ocupa de mezclar conceptos y argumentos con referencias históricas y calificativos que sólo reflejan una anacrónica concepción del mundo. Sin embargo, detengamos la atención en las siguientes frases que allí se detallan: • “nos asombra y alarma la proliferación de seudas organizaciones civiles, de origen oscuro”; • “en forma pandillerezca y prepotente tratan de imponer, por la fuerza y la violencia, la razón de sus sinrazones”; • “los profesionales del Derecho que en el pleno ejercicio de su profesión deben asumir la asistencia técnica, la defensa de personas acusadas –de cualquier delito y naturaleza– resultan víctimas de estas seudas organizaciones que los vilipendian y tratan de impedir que puedan ejercer libremente su ministerio, invocando –he aquí la paradoja– la vigencia de los derechos humanos”. Debo decir que, si bien es cierto que la legitimidad de una asociación civil para arrogarse el ejercicio de una acción por violación de derechos supraindividuales es de alguna manera discutible, especialmente cuando el Estado establece agencias precisamente con ese fin –Ministerio Público y unidades fiscales particulares–, no es menos cierto que cualquier asociación civil debe acreditar el cumplimiento de todos los requisitos que establece el Estado para actuar como tal. En ese sentido, no hay matices. O existen o no existen. Tampoco hay nada “oscuro” en su constitución salvo, claro, aquello que la imaginación de Tejeda no termina de traducir en palabras. Del mismo modo, aun haciendo un noble ejercicio por intentar entender el argumento de Tejeda, es difícil equiparar –siquiera hipotéticamente– cualquier manifestación con pancartas y bombos a fuerza y violencia, a pandillas o prepotencia. La exageración es absurda. Más allá de todo ello, lo que más impacta de la nota es la afirmación sobre el supuesto deber de asumir la asistencia técnica de personas acusadas de cualquier delito y naturaleza. Comparto en un todo que ningún abogado puede ser cuestionado bajo el estándar de la moralidad de sus clientes. Lo que no puedo compartir es que, a partir de esta premisa, se concluya que todo abogado tiene el deber de aceptar cualquier caso. Eso no sólo no es cierto sino que además veladamente intenta conmover nuestras emociones, colocando en posición de víctima a quien hace lo que quiere. No debe juzgarse al abogado por su elección, cada cual es libre de optar por algún criterio para elegir sus propios casos. Pero no hay que confundirse con “el oro de los tontos” y justificar la elección individual con un supuesto deber que no existe. Quizás, mejor sería utilizar el criterio que propone Duncan Kennedy y tomarse con seriedad la elección de los clientes bajo el principio general de “evitar hacer daño con sus aptitudes profesionales”. Juan Argibay, DNI 30.141.774 Cipolletti


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