El país cautivo





Nunca como ahora ha sido más evidente la degradación a que ha llegado el país, entendido éste como un Estado estructurado sobre diversos mecanismos y reglas -escritas y de las otras- y una sociedad que también se mueve más al ritmo de normas implícitas que de las que forman el «marco jurídico».

Son tantos los «accidentes» y tantas las desdichas que nunca hubieran sucedido si sencillamente cada uno hubiera cumplido con su deber, que cuesta imaginar cómo sería un país así, al estilo de la «Argentina año verde» que parodiaba -tal vez por creer imposible que se hiciera real- un programa cómico hace no menos de 30 años.

La cuestión es que, hecho el diagnóstico de todo lo que está mal, el problema cultural es tal que cuesta encontrar remedios verdaderos. Y una y otra vez se cae en enunciados vacuos, discursos de buenas intenciones y aquellas «comisiones» que nada resolvían ya cuando el ex presidente Perón las recomendaba como remedio infalible contra las soluciones.

En Río Negro largos años de gestiones ineficientes, que se mostraron más ocupadas por asegurar el futuro de sus dirigentes que por resolver los problemas de la provincia, derivaron en un Estado anarquizado. En él coexisten bolsones de altos ingresos con otros pauperizados y áreas eficientes con otras en las que nadie se hace responsable de garantizar siquiera un funcionamiento básico.

Tal vez el más cruel ejemplo de lo que anda mal en Río Negro sean los centros de detención que dependen del Estado provincial. En ellos los detenidos -entre quienes se cuentan por igual procesados y condenados- reciben la peor pena: la de la indignidad. Encerrados en lugares convertidos en pocilgas por efecto de largos años de falta de recursos y de decisión política, quedan a espaldas de la sociedad y hasta de la Justicia, que -en términos legales- comparte con el Poder Ejecutivo la responsabilidad de lo que les ocurre.

A fines de noviembre la situación d la alcaidía de Roca avergonzó al país al ser planteada en la última convención del Comité Internacional contra la Tortura realizada en Ginebra.

El gobierno de Miguel Saiz intenta revertir el déficit edilicio, aunque por ahora la única alcaidía que está efectivamente en marcha es la de Viedma. En adelante, a fines de este mes se iniciará la nueva de Cipolletti -cuya finalización demandará años, ya que la partida inicial es mínima-, se habla de una «ampliación y adecuación» en la de Roca desde marzo, la de Bariloche recién será licitada este año y de la cárcel de condenados que se preveía para Sierra Grande ya prácticamente no se habla, ni siquiera en esa localidad, que alguna vez la anheló como alternativa de cierta reactivación económica.

No deja de ser una característica de la gestión Saiz.

Del mismo modo, ante las críticas a la situación de deterioro general de la educación pública en la provincia, el gobernador planteó la ejecución de obras edilicias en las escuelas, y ante el déficit de atención en la Salud Pública respondió con obras edilicias en los hospitales. En las cárceles, por ahora, sucede lo mismo, con el agregado de que el plan «Río Negro mayor seguridad» contempla además equipamiento policial como patrulleros, chalecos antibalas e indumentaria para los efectivos.

Lo que no considera por ahora es mejorar la calidad de vida de los reclusos y la profesionalidad de quienes con ellos se desempeñan. Y eso, precisamente, es lo que objetó la Comisión Internacional contra la Tortura.

La construcción de edificios nuevos o la refacción de los existentes representa una mejora importantísima en pos del objetivo de evitar el hacinamiento, pero eso no basta para evitar que los presos sigan aún hoy comiendo mal, teniendo poca o nula atención médica, bañándose en invierno con agua fría y sin las condiciones de seguridad que eviten agresiones entre ellos. Eso, sin hacer mención a la ausencia de actividades laborales que les permitan capacitarse y «redignificarse», que es la finalidad complementaria de toda pena privativa de la libertad.

 

Una ley sin uso

 

Evidencia elocuente del divorcio que separa el marco jurídico de la realidad concreta en Río Negro es que recién ahora se avanza en reglamentar la ley que hace ocho años creó el Servicio Penitenciario Provincial.

Es valorable la intención del gobierno de Saiz de avanzar en este sentido. Pero por el momento el decreto reglamentario se queda a medio camino, seguramente para recortar las partidas presupuestarias que demandaría asumir esa tarea «en serio».

Es que la reglamentación recientemente conocida prevé que sean policías en actividad en las calles o en tareas administrativas quienes, con la aprobación de un curso, se conviertan en agentes penitenciarios.

Es sabido que la formación del personal que debe lidiar en las calles con sospechosos las más de las veces peligrosos, aprender el uso de armas y técnicas de combate y defensa, es conceptualmente diferente de la de quien debe manejarse con personas encerradas, desde la superioridad de ser el custodio de ese encierro.

La triste muerte del detenido Enzo Pérez, golpeado por otros detenidos ante la inacción de quienes debían evitarlo, es una mancha que costará borrar de la trayectoria penitenciaria rionegrina.

El límite entre hacer lo necesario para garantizar la seguridad y la convivencia dentro de un centro de detención y pisotear los derechos humanos de las personas alojadas en él es estrechísimo si no parte de directivas claras de la autoridad central del gobierno, acompañadas por recursos necesarios para que la labor deje de avergonzar a los propios funcionarios policiales que la realizan y al Estado rionegrino en general.

 

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar


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