El 'panorama es desolador' en Promoción Familiar

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El «panorama es desolador». Esa fue la descripción de la jueza de Familia, Marcela Pájaro, al referirse a las condiciones de trabajo de la delegación local de Promoción Familiar que cuenta con un solo asistente social para atender los requerimientos de la justicia y los programas sociales.

Responsables de la delegación local aseguraron que están trabajando con normalidad -pese a la renuncia de once asistentes- y sólo reconocieron una cierta «renquera» en algunas tareas por las carencias de personal.

En abril pasado, ocho trabajadores sociales dejaron la delegación en busca de mejores condiciones laborales, agobiados por la inestabilidad del vínculo con la provincia y en desacuerdo con los lineamientos de trabajo de la nueva gestión.

El 18 de mayo pasado Idoeta aseguró a «Río Negro» que la dependencia quedaría regularizada en el lapso de una semana con las contrataciones que fueran necesarias y el blanqueo del personal. A tres meses la delegación cuenta con dos trabajadores menos y escasas posibilidades de recomponer el plantel técnico en corto tiempo. (ver aparte)

Esta semana el conjunto de profesionales sociales autoconvocados advirtió que «finalmente se cumplió el vaciamiento que habíamos denunciado, las familias siguen desprotegidas y hoy tenemos un vacío de promoción y un vacío de justicia que nadie quiere reconocer».

En diálogo con este diario un nutrido grupo de asistentes aseguró que «hubo una respuesta por los medios de comunicación que se ajustaba a lo que nosotros pedíamos pero no se cumplió y hoy la delegación está peor que en abril».

El grupo autoconvocado reclama «respeto por el trabajo técnico» además de la mejora salarial. «Las condiciones laborales siempre fueron malas pero se respetaba el trabajo técnico y había compromiso profesional, en cambio hoy está lleno de punteros», sostuvieron.

También la concejal Beatríz Contreras manifestó su preocupa por «la disminución operativa del Area que impide el normal desarrollo de los programas y por lo tanto deja desprotegida a la población beneficiaria de los mismos» en un pedido de informe enviado al Ministerio que aún aguarda respuesta.

La delicada situación de esa dependencia dejó en marcado estado de desprotección a más de 500 familias con problemas judiciales o bajo programa social y debilitó la contención que se brinda a los niños en situación de riesgo y los jóvenes en conflicto con la ley.

La delegada técnica María del Carmen Seoane rechazó las acusaciones y aseguró que todos los programas se están brindando adecuadamente y que el trabajo de los asistentes sociales lo cubrieron «cuatro trabajadores que vinieron en comisión desde otras localidades» y que «si fuera necesario regresarán».

También adelantó que está recibiendo currículum de profesionales interesados en cubrir los puestos vacantes desde Cipolletti y El Bolsón por lo que confía en recomponer el plantel en breve.

La visión de la delegada dista mucho de la evaluación realizada por la jueza de Familia que depende en gran medida de Promoción Familiar para impartir justicia.

Marcela Pájaro sostuvo que la delegación es «un desastre, nunca estuvo así, no hay control de los chicos, no se están haciendo los seguimientos, el panorama es desolador».

La magistrada envió varias notas al Superior Tribunal de Justicia denunciando la delicada situación que atraviesa su juzgado al no contar con el soporte indispensable de Promoción Familiar.