El “partido del presidente”



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ALEARDO F. LARÍA (*)

Los partidos que conforman el eje opositor al actual gobierno están recibiendo un aluvión de críticas por su aparente ineficacia a la hora de poner límites a los desbordes hegemónicos del Ejecutivo. Es cierto que sus dificultades, en muchas ocasiones, están ligadas a errores no forzados. Pero son pocos quienes reparan en las dificultades que a su labor opone el marco institucional de nuestro sistema de presidencialismo reforzado. A la hora de juzgar la labor de la oposición, no debemos ignorar esos condicionamientos. El primer factor que debe analizarse es el fuerte desequilibrio que para el juego institucional democrático supone la presencia de un partido político que, en el sistema presidencialista, podemos convenir en denominar el partido del presidente. Obsérvese que no estamos haciendo mención ni al PJ ni al Frente para la Victoria, meras herramientas electorales que se ponen en funcionamiento en épocas de elecciones. Nos referimos a un partido informal, pero de fuerte presencia material, que responde incondicionalmente al mando del presidente de turno. (Excepcionalmente, puede responder al cónyuge del presidente, pero a los efectos de nuestra argumentación el caso no varía). El partido del presidente, como lo demuestran en forma harto elocuente los entresijos del caso Jaime, puede hacerse con un importante volumen de financiación extralegal por una doble vía. Cobrando “comisiones políticas” a los adjudicatarios de compras de material para el Estado (por ejemplo, trenes ferroviarios) o acudiendo a una metodología de extorsión directa sobre las empresa extranjeras que dependen de licencias del Estado (por ejemplo, una empresa aerocomercial, como LAN). Estamos hablando de volúmenes importantes –con independencia de que una parte se desvíe luego para reforzar las finanzas privadas del “Nº 1”–, de modo que es evidente la enorme ventaja que sobre el resto de partidos políticos obtiene el partido del presidente. Otro factor importante, que desnivela el terreno de juego político, es nuestra secular cultura clientelar que permite que el presidente designe en la administración pública, de modo irregular y sin acudir a ningún procedimiento reglado, una lista interminable de operadores políticos, punteros, asesores y cualquier otro cargo que la imaginación suministre. De este modo, el partido del presidente consigue incorporar a sus filas a miles de activos militantes, que se dedican full time a hacer labores de proselitismo político, con remuneraciones que quedan incorporadas en los presupuestos del Estado. Más conocidos, y no por ello menos eficaces, son los métodos de cooptación de gobernadores e intendentes –pero también de todo tipo de trashumante que tenga que solicitar algo al Estado– que el partido del presidente ejerce utilizando el arma de los poderes presupuestarios delegados o la subestimación de los gastos previstos en los presupuestos públicos. De este modo el presidente puede incorporar a su peculiar partido a dirigentes que formalmente siguen perteneciendo a otros partidos políticos. En el frente opositor el sistema presidencialista, en la medida en que otorga el premio mayor de la presidencia –es decir todo el poder– a una sola persona, estimula de forma inevitable la competencia, a veces leal y otras veces no tanto, de los candidatos presidenciables de la oposición. En un marco bipartidista, la figura del líder de la oposición quedaría perfectamente dibujada. Pero en un contexto de múltiples formaciones partidarias, algunas incluso fragmentadas, lo que la opinión pública percibe es la presencia de una docena de figuras presidenciables débiles en interminables disputas. Éstas son las reglas de juego y la oposición no puede, por el momento, cambiarlas, de modo que está condenada a jugar en un terreno extrainstitucional muy desnivelado. Lo que resulta llamativo es que, siendo víctima de un sistema de poder tan injusto y arbitrario, no formule una propuesta, que podría tener la forma de un acuerdo solemne ante la ciudadanía, de acabar con los factores que están en el origen de estos males. Si los partidos del arco opositor formularan este compromiso solemne, alrededor de un mínimo de puntos consensuados, la opinión pública vería con ojos más benevolentes su particular vía crucis. En este acuerdo institucional interpartidario debería quedar explícito el compromiso de acabar con el clientelismo, conformar una administración pública profesionalizada y acordar otras fórmulas complementarias para garantizar la imparcialidad del Estado. Nuestra débil democracia necesita acabar con las fuentes extrainstitucionales de poder del partido del presidente. Además, hace falta promover un debate para buscar una explicación al fracaso de la reforma constitucional de 1994 que aspiraba a instaurar un presidencialismo atenuado. Es cierto que la debilidad de la oposición es consecuencia de circunstancias objetivas difíciles de transformar pero, en ocasiones, parece ser producto de una cierta indolencia. (*) Abogado y periodista


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