El «pelotazo» de Repsol

Las privatizaciones que se llevaron a cabo durante la administración del presidente Menem estuvieron dominadas por las necesidades del corto plazo. En primer lugar, el corto plazo político, es decir la necesidad de congraciarse rápidamente con el establishment, para aventar las desconfianzas de la ignota «revolución productiva». En segundo lugar, las necesidades financieras del corto plazo, que hicieron que la mayoría del dinero de las privatizaciones fuera a financiar el gasto corriente del Estado. Esa precipitación dio lugar a una desvalorización de los activos y a que no se lleva- ran a cabo políticas serias de desregulación, de manera que los monopolios públicos se convirtieron en monopolios u oligopolios privados.

La preservación de estructuras monopólicas en el negocio petrolero ha permitido a los nuevos oligopolios privados apropiarse de excedentes que antes pertenecían a los usuarios. Ahora, todos los precios se calculan al valor internacional del petróleo. De esta manera, los precios de las naftas resultan más elevados en la Argentina que en España, que es un país que no produce petróleo, y superan en 2,7 veces el precio de EE.UU. En la Argentina se privatizó sin desbrozar adecuadamente el terreno jurídico de forma que se favoreciera la competencia. Una de las claves para conseguir una mayor competencia en los sectores energéticos es facilitar la presencia de nuevas compañías, pero para ello hay que regular el acceso no discriminatorio a la red logística. Otra decisión clave para evitar las posiciones de dominio es romper con los eslabonamientos verticales y limitar la cuota máxima de cualquier empresa al 30% del merca-do, que es el criterio que sigue una directiva comunitaria que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2002. En España se han constituido varias compañías que detentan la propiedad de las redes (Compañía Logística de Hidrocarburos, Enagás, Red Eléctrica Española, etc.). Repsol ha sido requerida ahora por el gobierno de Aznar para que se desprenda de sus participaciones en CLH y Enagás. El gobierno español no quiere que ningún accionista que sea operador del negocio tenga más del 10% del capital de las sociedades de redes.

En Argentina, el gobierno pactó, a mediados del año pasado, con Repsol-YPF las participaciones máximas para cada una de las principales unidades de negocio, fijando el 49,9% en refino y el 39,8% en estaciones de servicio sin afectar el eslabonamiento vertical de su negocio.

Las privatizaciones han dado lugar también a otros «efectos perversos», ahora visibles, y que probablemente no estaban presentes en el horizonte temporal de quienes las defendieron. Los desequilibrios negativos de la cuenta corriente han sido siempre motivos de preocupación justificada en la Argentina. Es, probablemente, en estos momentos, la causa principal de la elevada tasa de «riesgo país». La remisión de utilidades y dividendos de las empresas extranjeras, que en su gran mayoría son de servicios y no generan bienes transables, rondará este año los 3.000 millones de dólares, a los que deben sumarse otros 8.000 de intereses de la deuda externa. Es decir que está comprometido por este concepto alrededor del 50% del total de las exportaciones. Las necesidades del corto plazo no permitieron tomar en cuenta los desequilibrios estructurales del largo plazo. A diferencia de Argentina, que privatizó con YPF a su principal fábrica de divisas, otros países latinoamericanos, como México, Venezuela y Chile han sabido preservar la propiedad pública de las empresas generadoras de crédito internacional.

Las inversiones de Repsol-YPF

La revista española especializada «Carburol» informa en su número de agosto que «Repsol-YPF tiene previsto invertir del orden de los 24.000 millones de euros en el período 2000-2005, según anunció su presidente ejecutivo Alfonso Cortina en la junta general de accionistas de la compañía petrolera, que tuvo lugar en Madrid el pasado día 28 de junio. De esa cifra, 12.000 millones de euros corresponden a exploración y producción, con el objetivo de crecer un 50 por 100 en la producción, que pasaría del millón de barriles/día actuales a superar el millón y medio de barriles diarios». Como según fuentes de la compañía uno de cada tres dólares de inversión se destinará a la Argentina, vemos que esas cifras se acomodan a los anuncios efectua-dos en Buenos Aires por Ramón Blanco, director de Repsol-YPF. Blanco, autor del exabrupto que condicionaba burdamente las ayudas a emprendimientos de Neuquén, anunció que las inversiones previstas en Argentina para los próximos 5 años suman 6.943 dólares, de los que 430 se destinarán a nuevas exploraciones y 4.210 a extracción de los yacimientos conocidos. El interés de la compañía en aumentar sus inversiones operativas es comprensible, puesto que según «El País», en Loma de la Lata, de donde obtiene la mitad de la producción de petróleo y el 60% del gas, «se está explorando porque existe la posibilidad de que haya otro megayacimiento». De lo expuesto ya se puede deducir que las inversiones anunciadas por Repsol-YPF, lejos de obedecer a la actuación providencial de un hábil negociador, son la consecuencia de los planes naturales de expansión de la compañía que a los precios actuales del petróleo, tiene interés en aumentar su producción. Por otra parte, como cualquier economista sabe, las empresas son maximi- zadoras de beneficios, y el stock de inversión es una función que relaciona la rentabilidad esperada por la ampliación del negocio, con el costo de uso del capital. Si los estímulos a la inversión desaparecen, los empresarios no se dedican a construir pirámides, de manera que siempre nos movemos en el terreno de los acuerdos de intención.

Frente a todas estas consideraciones debiera ser posible extraer algunas lecciones del pasado. En primer lugar, que las decisiones tomadas por necesidades financieras de corto plazo resultan ser pésimas contempladas desde perspectivas más lejanas en el horizonte. En segundo lugar, que los gestores públicos son proclives a sustraer del debate político estos temas y a manejarse con precipitación. Si está a punto de reformarse la Ley de Hidrocarburos, lo que permitirá pensar en nuevas reglas de juego más equitativas, ¿no resulta disparatado prorrogar unas concesiones petrolíferas en Neuquén que vencen recién dentro de 17 años?