El peso de la historia

Alcanzar la verdad histórica no es tarea fácil. Hace falta luchar contra arraigados prejuicios. En ocasiones, contra disposiciones penales que criminalizan la revisión histórica del pasado. En la Unión Europea existen, en la actualidad, nueve Estados miembros entre ellos Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Polonia que tienen leyes contra la negación del Holocausto. La ministra de Justicia alemana ha propuesto que todos los Estados de la UE penalicen la negación del Holocausto.

Si alguna utilidad tiene la Historia, es básicamente para obtener enseñanzas del pasado. Se supone con cierto optimismo que ese conocimiento permite evitar la reiteración de los viejos errores. De allí que se afirme también que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Ahora bien. La actividad de conocer supone desentrañar indagar en las entrañas y por lo tanto separar lo falso de lo verdadero.

El resultado de esa indagación puede hacer crujir las bases de verdades que ya estaban cómodamente instaladas. Decía Benavente que conocer que es mentira algo que se creyó verdad es muy doloroso, pero que sustituir una mentira por una verdad, aunque sea dolorosa, fortifica nuestro espíritu. El problema surge cuando se pretende proteger a la verdad instalada con la fuerza coactiva del derecho.

En una sociedad libre, la verdad histórica no necesita ser penalmente protegida. La defensa de la verdad se debe realizar en las escuelas, las universidades y los medios de comunicación, pero nunca en los tribunales de Justicia. No sólo se limita el derecho a la libre expresión de las ideas, sino que existe el riesgo de que las prohibiciones alimenten las llamas que pretenden apagar.

Es necesario conocer los principales aspectos históricos relacionados con el Holocausto y otros genocidios como el de los armenios y kurdos en el Asia menor o la desaparición de personas en Argentina. Esto permitiría evitar que vuelvan a ocurrir tragedias como ésas. Pero las polémicas acerca del verdadero alcance de aquellos episodios y de las circunstancias que los propiciaron no deberían molestar a nadie.

En Argentina se acaba de desatar una polémica similar acerca del verdadero alcance de la Triple A. Una indagación judicial intenta ahora establecer el nivel de responsabilidad que le cupo a la ex presidenta Isabel Perón en el nacimiento de aquella organización paraestatal creada en esto hay pocas dudas por su poderoso ministro, José López Rega.

Lanzando la consigna «no jodan con Perón», una organización sindical ha querido poner un freno a las indagaciones de dos jueces que apuntan a la responsabilidad de la ex presidenta. El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, expresó el temor de algunos sectores peronistas de que la investigación judicial pueda servir «para denostar al general Perón y a Evita, que son dos personas que ya están en la historia y en el corazón del pueblo argentino».

Perón ha muerto y esa circunstancia pone un límite a la búsqueda de responsabilidad penal. Sin embargo queda pendiente establecer su responsabilidad histórica. Conocer el grado de participación que pudo tener Perón en la conformación de un grupo paraestatal que sirvió de modelo para la brutal represión posterior de la dictadura militar y que asesinó a alrededor de 900 personas, la mayoría peronistas de izquierda, no es un hecho baladí.

En una conferencia de prensa convocada a fines de diciembre de 1973, Perón rechazó toda forma ilegal de combate a la «subversión»: «Muchas veces me han dicho que creáramos un batallón de la muerte como el que tienen los brasileños o que formáramos una organización parapolicial para hacer la guerra a la guerrilla. Pienso que eso no es posible ni conveniente… porque si a la violencia de esos elementos le agrego la violencia del Estado, no llegaremos a ninguna solución».

Sin embargo, en el discurso que Perón pronunció un mes después, el 22 de enero de 1974, al producirse el ataque del ERP al regimiento de Azul, convocó a «toda la población» además de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas a actuar contra la subversión para que «el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República». Reiteraba así el contenido de una orden reservada del Consejo Superior peronista, dictada en octubre de 1973, que llamaba a la «guerra contra los grupos marxistas» y, en referencia a los medios de lucha, indicaba que «se utilizarían todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad».

La Triple A comenzó a actuar antes de la muerte del general Perón acaecida el 1 de julio de 1974, con el atentado al legislador radical Hipólito Solari Yrigoyen, el 21 de noviembre de 1973. Existen numerosas pruebas de que, durante el gobierno de Perón, José López Rega ascendido de cabo primero a comisario general de la Policía Federal y el teniente coronel Jorge Osinde montaron un aparato contraterrorista clandestino. Si esa iniciativa se hizo a espaldas de Perón o si éste tuvo conocimiento del asunto, es una cuestión abierta al debate histórico. ¿Cuál es el problema de que las generaciones futuras conozcan la verdad histórica?

ALEARDO F. LARIA (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Abogado y periodista. Madrid.