El PJ logró el quórum y trataba las denuncias contra la Corte
Consiguió 129 diputados y trataba de cerrar el conflicto La UCR y el ARI bajaron para argumentar en favor del juicio
En su sexto intento, el oficialismo consiguió 129 diputados y forzó a la oposición a bajar al recinto a debatir las denuncias contra los jueces, con la intención de rechazarlas y cerrar el enfrentamiento con el tribunal.
La jujeña Marta Argul, del Movimiento de Renovación Cívica, y el correntino José Martínez Llano, del Justicialismo, fueron los últimos en sentarse y en permitir anoche la apertura de la sesión.
«No puede haber gobernabilidad con impunidad», enfatizó el presidente de la comisión de Juicio Político, Sergio Acevedo, uno de los impulsores de las acusaciones y primer orador de la sesión.
De esa forma, en el inicio de su exposición, Acevedo enfrentó a quienes argumentan que la aprobación del juicio político podría poner en jaque al gobierno de Eduardo Duhalde.
Los jueces enfrentan medio centenar de denuncias y la mayoría de los cargos recae sobre el presidente del tribunal, Julio Nazareno. (Ver recuadro)
Violaciones a normas éticas, como cobrar por desarraigo y apropiarse de bienes secuestrados en causas judiciales para uso personal, las demoras en la investigación por la voladura de la embajada de Israel, la negativa de los jueces Nazareno y Adolfo Vázquez a apartarse en la investigación en el tráfico de armas a pesar de sus vínculos con el ex presidente Carlos Menem, son algunas de las acusaciones elevadas contra los jueces.
También las contradicciones en los fallos del tribunal por el corralito bancario, la participación de la Corte Suprema en la investigación del banquero Raúl Moneta y su rol en las privatizaciones y en el rebalanceo de las tarifas telefónicas.
A media hora de iniciada la exposición del juicio, una intervención de Oraldo Britos (PJ-San Luis) generó un contrapunto con Acevedo, quien a los gritos contestó: «no voy a aceptar provocaciones de quienes están por la impunidad».
A las 20.30 comenzó a sonar en la cámara baja la chicharra que llama a los legisladores a sentarse en sus bancas.
Poco antes, al terminar la sesión especial donde se aprobó la reglamentación de sistema indexatorio para préstamos bancarios, el presidente de la cámara baja, Eduardo Camaño, había pedido al justicialismo y sus aliados, el cavallismo y los provinciales, que se quedaran en las butacas para facilitar el reclutamiento de diputados.
Una hora y media debió esperar el PJ hasta iniciar la sesión.
La UCR, el ARI y los justicialistas críticos esperaron que el oficialismo obtuviera el quórum para recién entonces bajar al recinto y expresar sus argumentos a favor del juicio.
Un grupo de radicales, entre quienes estaba Luis Molinari Romero y Pedro Vénica, quería bajar sin esperar que el PJ consiguiera número.
Pero el resto de los integrantes consiguió retenerlos y evitar la fractura.
Por ello, el jefe de la bancada radical, Horacio Pernasetti, se paseó luego con una sonrisa y subrayó frente a la prensa la unidad que había mantenido la bancada. (DYN y Télam)
Nazareno, el más cuestionado
La acusación de la comisión de Juicio Político está estructurada en nueve dictámenes que corresponden uno a cada juez del tribunal, y donde su presidente Julio Nazareno es quien cosecha la mayor cantidad de imputaciones en su contra.
Los cargos que figuran en el despacho son los siguientes: Nazareno: tiene 44 cargos en su contra por haber intervenido en el expedimiento de tráfico de armas que posibilitó la libertad de Carlos Menem, la habilitación de Romero Feris, la sentencia del corralito, la investigación de la Embajada de Israel, la administración de la Corte, caso Fayt, la competencia en el caso Moneta y el rebalanceo telefónico.
Moline O»Connor: tiene 40 cargos por corralito, armas, Corrientes, embajada de Israel, Caso Fayt, rebalanceo telefónico, caso Moneta y caso Etica.
López: tiene 36 cargos en su contra por tráfico de armas, la sentencia del corralito y la investigación de la Embajada.
Cómo actúan los diputados de la región
Una sola cosa estaba clara ayer para los ocho diputados nacionales por Río Negro y Neuquén: sea cual fuera el resultado que se obtuviera en el recinto, la situación de la Corte debe llegar a una definición inmediata.
Esta posición, que lejos estuvo de cohesionarlos, fue uno de los pocos puntos en común que presentaba anoche la representación regional integrada por Jorge Pascual y Marta Milesi (UCR-Río Negro), Julio Accavallo (Frente Grande), Ovidio Zúñiga y Carlos Larreguy (PJ-Río Negro), Teresa Savrón, Encarnación Lozano y Luis Jalil (MPN-Neuquén).
Es que si bien entre los legisladores las diferencias de criterios y opiniones respecto del futuro que debería correr el máximo tribunal eran -y son- en algunos casos abismales, en todos ellos primaba el pensamiento de que el cuerpo legislativo debía dar un debate de fondo sobre el tema, y debía hacerlo ya.
La diputada radical Marta Milesi, por ejemplo, enfrentaba al anochecer la contradicción entre su deseo de impulsar el enjuiciamiento de la totalidad de los ministros -ya que ella es miembro de la Comisión de Juicio Político y firmante del dictamen de acusación- y su sumisión política al gobernador Verani, quien reclama en paralelo a Nación los fondos adeudados por coparticipación.
La situación es de sencilla comprensión: cuando el oficialismo comenzaba a dudar de su capacidad para tener los 129 legisladores necesarios para comenzar la sesión, las aguas hervían entre los que responden a los gobernadores radicales, ya que se veían sometidos a la presión de tener que decidir entre responder a sus mandatarios y bajar a facilitar el quórum en un gesto de incineración política o seguir sus convicciones y acudir al recinto una vez que la sesión hubiera comenzado.
«Como miembro de la Comisión de Juicio Político, yo voy a promover el enjuiciamiento de los nueve jueces una vez que la sesión haya comenzado. Pero por otro lado, si al PJ le faltan legisladores, resolveremos en el bloque si los que representamos a los gobernadores radicales bajamos o no», se confesó Milesi.
Accavallo, quizás el más renuente a facilitar la resolución del asunto, aseguró que se manifestaría a favor del enjuiciamiento de la totalidad de la Corte.
Los oficialistas Larreguy y Zúñiga lógicamente darían el quórum y apoyarían el cierre de las causas.
Savrón, Lozano y Jalil expresaron que se prestarían también a las necesidades del PJ para alcanzar los 129 diputados presentes, aunque dijeron que aún no tenían definido si promoverían las acusaciones o si, por el contrario, clamarían por su cierre. (ABA)
«Escrache» a diputada
La diputada menemista Inés Pérez Suárez sufrió ayer un escrache por parte de un grupo de ciudadanos que la tildaron de «ñoqui» por pasarse de una banca que vencía en 2003 a otra que finalizaba en 2005 sin ser electa en ningún comicio.
El escrache se produjo cuando Pérez Suárez se dirigía hacia el Congreso para jurar en el puesto que le corresponde por haber sido la segunda en la lista que encabezaba el actual secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, en las elecciones de 2001.
Pérez Suárez se encontraba almorzando «una ensalada» en un restaurante junto con otras tres diputadas cuando un grupo de vecinos que no se identificaron con ningún partido político comenzó a gritarle que era una «ñoqui» y «que se vayan todos».
La situación se puso tensa al punto que la legisladora cruzó la avenida Rivadavia rodeada por los manifestantes hasta que logró ser custodiada por algunos miembros de la seguridad del Congreso.
«No he cometido ningún delito. Es legal. He sido votada por la gente, es legítimo. No está reñido con la ética», se defendió Suárez al hablar con los medios, y opinó que no fue escrachada por su maniobra, sino porque está «identificada con el (ex) presidente (Carlos) Menem», cosa que reivindicó.
El Senado se disponía a aprobar límites a jubilaciones de privilegio
El Senado se disponía a aprobar en general el proyecto de ley que limita las jubilaciones de privilegio, y tenía previsto postergar para la próxima semana el tratamiento en particular, debido al extenso desarrollo de la sesión.
Aunque aún los senadores de las distintas bancadas mantienen diferentes posturas respecto del contenido de la norma, la mayoría de los senadores aceptaría el texto que aprobó el 21 de agosto pasado la Cámara de Diputados.
Allí se eliminan los regímenes especiales de funcionarios políticos, legisladores, jueces, diplomáticos y obispos (sólo quedan en pie los sistemas de docentes e investigadores), y se fija un tope de 3.100 pesos para los haberes que se perciben en la actualidad.
En gran parte influyó en esta decisión el anuncio que hizo el Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, en el sentido de que vetaría aspectos de la ley si el Senado aprobaba sin cambios lo actuado por la Cámara baja.
Este criterio, delineado ayer por la ministra en una reunión con senadores del PJ, fue ratificado anoche por el presidente Duhalde, durante la cena que mantuvo con ese bloque en la quinta de Olivos.
«El Presidente nos dijo que sería mejor que contempláramos los cambios sugeridos, pero nos aclaró que él no tenía ningún inconveniente en vetar esos aspectos, aunque eso implique pagar costos políticos», relató Jorge Capitanich (senador del PJ).
Esta decisión hizo que el grueso del bloque radical, y algunos representantes del oficialismo, decidieran a último momento apoyar el texto de Diputados, por sentirse liberados de la carga que implicaría votar una ley que, según el criterio de varios legisladores, podría provocar una catarata de juicios contra el Estado por afectar derechos adquiridos. (DYN)
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