El plan clave de la 2.302 es sostenido por los empleados

NEUQUEN (AN).- El programa Libertad Asistida, que contempla la ley 2.302 y el gobierno neuquino se propone modificar para endurecer el régimen legal, se sostiene más por el trabajo de los profesionales que por el esfuerzo que se realiza desde los despachos oficiales. Con 62 jóvenes bajo tratamiento -16 de los cuales están en lista de espera- el programa está integrado por 11 profesionales sobrepasados de actividad, que reclaman por mejoras salariales y denuncian la falta de direccionalidad institucional.

Sin embargo, la experiencia de los trabajadores revela que el programa es una «medida jurídica superadora». Toman como referencia la baja en el número de recurrencia desde su implementación en 1998. Eso lo sostienen en diálogo con «Río Negro» los integrantes de Libertad Asistida, dependiente de la cartera de la ministra y candidata a diputada del MPN, María Oscos. Hacen eje en el abordaje colectivo de la transgresión en el adolescente, una instancia «de contención y socioeducativa» enmarcada en la ley 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (también llamada de Minoridad). «La norma permite a los menores que delinquen ser sujetos de derecho, con responsabilidades, aptos de responder por lo que hacen y dicen», subrayaron.

Y mientras las modificatorias a la ley propuestas por el ex ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro son analizadas bajo la lupa por los legisladores provinciales, los trabajadores continúan dando consistencia al programa, sin bajar la guardia en reclamo por mejores condiciones salariales y laborales (ver aparte).

Integrado por 2 psicólogos, 3 asistentes sociales y 6 operadores de calle, Libertad Asistida ampara a jóvenes de entre 18 y 19 años, que son derivados de los juzgados penales (del Niño y el Adolescente 1 y 2, y del interior de la provincia) para realizar el tratamiento ambulatorio, todo una ve comprobado que ese joven fue el autor del delito.

La duración formal del proceso es de un año, pero puede extenderse según e caso. En tanto, trabajadores sociales, psicólogos y operadores, son citados como «testigos calificados» ante el juez.

En el tratamiento con el «adolescente transgresor» (ver perfil aparte), los profesionales abordan cada caso en forma conjunta, interdisciplinaria. El escenario de intervención se dibuja por etapas: El primer contacto con el joven lo tiene el trabajador social, quien intenta clarificar su situación legal una vez que el juez impuso la medida. Hoy por hoy estas personas atienden, aproximadamente, un cupo máximo de 15 situaciones cada uno.

Luego, entra en escena el psicólogo y hace un diagnóstico de la situación del adolescente, como punto de partida para el abordaje. «Al pibe se le ofrecen 4 o 5 entrevistas en la sede -generalmente una vez por semana- y de allí se desprende el diagnóstico», indicaron.

Evaluación mediante, interviene el operador de calle, quien genera un vínculo con el adolescente que le permite tener diálogos más amplios con él. Y observar su costado más conflictivo. Una vez establecido el vínculo con el adolescente, ¿adónde apunta el programa o cuál es el nudo de intervención? -preguntó este diario-. «La intención es que el pibe pueda decidir sobre su propia historia», soltaron los profesionales, y de

jaron en claro que el límite pasa por el respeto y la contención, dos ejes que los jóvenes «no tuvieron nunca».

Además, admitieron, es un espacio disparador de un cambio de hábitos y resignificaciones.

Con todo, los integrantes del programa defienden la 2.302 porque permite que los jóvenes puedan responder por lo que hacen y dicen.

«Nosotros no avalamos la transgresión, decimos que ellos (los adolescentes) tienen responsabilidades», sostuvieron.

Sobre la población que integra el programa es, tal vez, uno de los aspectos más críticos.

De allí derivan la falta de recursos humanos y una lista de espera para el tratamiento que soportan hoy un total de 16 adolescentes.

Respecto de esta situación, la titular de la Fiscalía de Delitos Juveniles, María Finochietti, advirtió días pasados que «el programa no cuenta con equipos técnicos ni operadores suficientes, ni cubre adecuadamente las diferentes situaciones procesales».

Tal como consignó este diario en su edición del martes último, la funcionaria planteó el complejo panorama en una nota enviada al legislador radical, Marcelo Inaudi, a quien solicitó informes sobre los recursos con que cuenta Acción Social para atender a los menores en conflicto con la ley.

La inquietud de la magistrada pone en evidencia la preocupación de la justicia ante los obstáculos institucionales que afronta el único programa para tratar a jóvenes infractores.

Adolescentes en riesgo

NEUQUEN (AN). Las siguientes son algunas características de los jóvenes transgresores, entre 16 a 21 años, desde la óptica de un operador de calle del programa Libertad Asistida:

• Escasa o nula instrucción formal/inserción inestable.

• Escasos hábitos horarios.

• Poca tolerancia a la frustración.

• Provienen mayoritariamente de sectores marginales y/o familias de escasos recursos.

• Presentan tatuajes en lugares visibles: manos, brazos, frente, piernas.

• Tiene dificultades en la aceptación de limites y normas.

• Vínculos de pares en situación de vulnerabilidad: bandas, patotas.

• Presentan conductas de actuación (auto agresión, agresión exterior).

• Pertenencia a grupos familiares poco contenedores.

• Maternidad/paternidad adolescente.

• Escaso acceso a espacios recreativos, deportivos, educacionales, culturales.

• Uso y/o abuso de sustancias (alcohol, pegamento, tóxicos).

• Recurrencia en conductas transgresoras.

• Antecedentes de institucionalización.

• Excesivo tiempo de ocio.

• Uso o abuso de armas, entre otros.

Reclaman mejores condiciones laborales

NEUQUEN (AN).- La falta de direccionalidad institucional y la situación de vulnerabilidad que afecta a Libertad Asistida motiva el reclamo de los profesionales. Demandan mejores condiciones contractuales, salariales y laborales en un escenario donde «no se garantiza la cadena del recurso (humano y material) que de consistencia al programa», admitieron los trabajadores a «Río Negro».

Respecto de la precarización laboral, los profesionales plantearon la situación de los operadores, quienes se desempeñan mediante la figura de beca o «bajo programa» sin contrato, un encuadre donde perciben montos de 500 pesos por siete horas de actividad, sin aportes provisionales ni asistenciales. «Es trabajo en negro», indicaron.

Para el caso de los asistentes sociales, éstos tienen contrato de locación de servicios: no reciben aportes provisionales ni asistenciales y se «les exige el cumplimiento de responsabilidades, tareas y horario similares al personal de planta», reclamaron.

En el maremágnum de reclamos, los profesionales criticaron la falta de presupuesto y la direccionalidad que afecta al único espacio de tratamiento para los adolescentes transgresores.

En referencia a los funcionarios de la cartera de Acción Social, admitieron que «siempre son cuestiones de pasillo» y que «nunca contestan ningún expediente o propuesta».

En otro eje, los trabajadores solicitan la efectivización de las políticas de Estado y el cumplimiento seguro de la ley 2.302, cuyo incumplimiento afecta directamente a los beneficiarios de los programas, además de los profesionales bajo la órbita de la ministra Oscos.