El podio de la ley de hidrocarburos

En primer lugar YPF, seguida por las compañías petroleras privadas que ya operan o puedan operar en el país. Más lejos, en un expectante tercer puesto, se ubican las provincias productoras, que debieron resignar autonomía institucional y económica a cambio de futuros ingresos que, con suerte, podrán comenzar a tomar color a partir de 2016 cuando algunos de los actuales gobernadores ya no ocuparán sus cargos.

LA SEMANA ECONOMICA

Así podría configurarse un imaginario podio de las pulseadas entre Miguel Galuccio y los cuatro gobernadores de las provincias petroleras más reacios a aceptar la nueva ley de hidrocarburos que impulsó el CEO de YPF con pleno apoyo de la Casa Rosada. El proyecto tardó en ser acordado mucho más de lo que se suponía hace tres meses, pero ya fue enviado al Congreso para ser tratado rápidamente y sancionado por la mayoría oficialista. Sin embargo, no entraría en vigencia hasta el 1º de enero de 2015; precisamente para dar tiempo algunos gobernadores -como el de Río Negro- a completar trámites de prórroga de concesiones bajo la heterogénea legislación actual.

Como ya se sabe, el objetivo de la denominada «ley Galuccio» es transformar en un régimen legal el «decreto Chevron» (929/13), que un año atrás fue el puntapié inicial para promover inversiones en petróleo y gas no convencional en la formación de Vaca Muerta. Una diferencia importante es que ahora se reduce de 1.000 a 250 millones de dólares en tres años el monto mínimo de inversiones para que otras petroleras puedan acceder a beneficios tales como exportar sin retenciones hasta 20% del petróleo extraído (o hasta 60% en explotaciones offshore) y no ingresar al país el 100% de las divisas generadas. Estos proyectos de inversión deben ser aprobados previamente por el Poder Ejecutivo Nacional, que dejó afuera a inversiones menores aún cuando pudieran incrementar la producción. La otra gran diferencia es la fijación de topes máximos para la distribución de la renta petrolera. Serán finalmente escalonados para las regalías que los concesionarios pagarán a las provincias (12% inicial; 15% en la primera prórroga y hasta 18% en las siguientes) y fijos para impuestos locales como Ingresos Brutos (3%) y las actuales alícuotas de impuesto de Sellos. O sea que las provincias petroleras resignan márgenes de autonomía, a cambio de otorgar previsibilidad fiscal a los futuros contratos. Aquí el principal beneficiario será YPF, que además podrá concentrar mayor número de concesiones y permisos de exploración al eliminarse los límites máximos.

Sin embargo, los aspectos más controvertidos quedaron zanjados en contra de las provincias productoras. Según el ex secretario de Energía Daniel Montamat, la reforma consagra el actual statu quo petrolero y otorga virtualmente derechos a perpetuidad. «El corazón -agrega- es que la solicitud de una concesión de explotación no convencional (por 35 años, prorrogables), habilita además «la prórroga de la prórroga» de los derechos ya otorgados sobre los recursos convencionales» en una misma área. A su juicio, este mecanismo permite unificar y extender contratos con plazos diferentes, que pueden llegar así hasta el año 2058 sin licitaciones competitivas y sólo con el pago extra de regalías. «Aquí está el caballo de Troya para licuar el poder concedente de las provincias consagrado por el artículo 124º de la Constitución nacional», sentencia. Por su parte, Cristian Folgar, exsubsecretario de Combustibles durante la gestión de Néstor Kirchner, sostiene que «la fórmula propuesta no genera incentivos para aumentar la exploración y sólo aumenta los incentivos para retener áreas y explorarlas a conveniencia del concesionario y no del titular del recurso». De hecho, puede postergar para dentro de varias décadas licitaciones de áreas ya concesionadas.

La prohibición del «carry» (acarreo) gratuito, que impedirá a las provincias asociarse en futuros contratos, es otro de los puntos más polémicos del proyecto. «No se prohíbe el acarreo, sino que lo usen a futuro los titulares del dominio de los hidrocarburos. Esto es funcional sólo para que YPF consiga que potenciales inversores le financien su participación en futuros desarrollos», asegura Folgar. Y va más allá: «Lo paradójico es que dentro de los accionistas de YPF hay «hedge funds» (algunos conocidos como fondos buitre) y dentro de las empresas provinciales no». Un criterio similar sostiene Montamat, para quien YPF podrá negociar con futuros socios una suerte de «carry propio», en áreas no convencionales para definir porcentajes de participación. En esta ríspida cuestión, la concesión de la Casa Rosada a los gobernadores fue convalidar los acuerdos ya en vigencia y los que están en trámite. En cambio, la ley también prohíbe la reserva de áreas a favor de las empresas provinciales de energía (o de Enarsa para exploración en el mar), todas las cuales serán liberadas.

Todo indica entonces que el apuro oficial por sancionar la ley apunta a seguir fortaleciendo a YPF y, a través de nuevos socios, captar en 2015 inversiones en dólares que el gobierno de Cristina Kirchner necesita para apuntalar las reservas del Banco Central. Pero el esquema adoptado relega a las provincias productoras a cumplir un papel secundario en el objetivo de recuperar el autoabastecimiento. A lo sumo, las limita a no entorpecer el nuevo régimen con mayores regalías o impuestos y a percibir hasta 2,5% de las nuevas inversiones en concepto de responsabilidad social empresaria (RSE) como una suerte de compensación por la prohibición del acarreo. Este cuadro también expone a varios gobernadores al ataque de la oposición en sus distritos durante el año electoral.

Con suerte, las provincias productoras comenzarían a percibir ingresos extra por nuevas inversiones a partir de 2016. La razón es que pocos esperan un boom el año próximo, mientras el gobierno de CFK mantenga la actual incertidumbre económica derivada del default parcial de la deuda; el endurecimiento de los controles cambiarios, una brecha de casi 90% entre el dólar oficial y el paralelo, la suba de costos internos o la prohibición de girar utilidades al exterior, que frenan el impulso inversor contenido en el proyecto.

Se supone además que con el nuevo piso mínimo trienal de 250 millones de dólares, las nuevas inversiones serán más bajas el año próximo que en los posteriores, a la espera de que se remuevan esos escollos. De ahí que la Comisión Nacional de Valores prevea activar fideicomisos financieros para captar ahorros en pesos ajustables por el precio del metro cúbico del petróleo, que podrán destinarse a financiar inversiones de YPF y las demás empresas.

Con este marco, el autoabastecimiento de hidrocarburos todavía está tan lejos como la exagerada comparación con Arabia Saudita que acaba de hacer Cristina Kirchner en Nueva York. La Argentina necesita ìnversiones del orden de los 20.000 millones de dólares anuales en la próxima década, que exceden las posibilidades de YPF y del Estado. Y el sector privado apuesta a otra política energética para concretarlas.

Néstor o. scibona


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