El primer concurso público de la Justicia rionegrina fue para tres mujeres

ROCA (AR).- Teresa Giuffrida se convirtió ayer en la primera funcionaria judiciales de Río Negro elegida mediante un concurso público de oposición y antecedentes, tras haber superado todas las instancias del proceso de selección establecido en la reformada Ley del Consejo de la Magistratura de la provincia. Al cierre de esta edición, el cuerpo debatía, después de más de nueve horas de sesión, quienes serían las postulantes designadas como titulares de las Defensorías de Menores e Incapaces números 3 y 4. Cabe aclarar, que para las defensorías sólo se postularon mujeres.

En la extensa jornada  se tomaron  las entrevistas públicas a todos los postulantes que habían llegado a la última etapa.

Giuffrida, quien actualmente se desempeña como secretaria de la Cámara Criminal Segunda de Roca, fue elegida para ocupar la fiscalía de instrucción Nº 5, cargo que hace casi dos años había quedado vacante cuando su antigua titular, Laura Pérez, juró como jueza Correccional.

Consciente de la mayor relevancia de la figura del fiscal en el proceso penal -por las últimas reformas al Código Procesal Penal de Río Negro- Giuffrida se mostró sólida a la hora de la entrevista. «El fiscal debe estar presente en el lugar del hecho que va a investigar, para evitar sumarios pobres o mal direccionados», dijo, en referencia a las falencias que aparecen habitualmente en las primeras instancias investigativas cuando quedan sólo en manos de la policía.

Los cargos que se debatían anoche corresponden a la Defensoría 3 del fuero civil, y la 4, denominada multifueros, ya que abarca el fuero civil como el penal.

La serie de entrevistas ante el renovado Consejo de la Magistratura -que ayer mismo incorporó a tres nuevos integrantes en representación del Colegio de Abogados- comenzó pasadas las 15 en la oficina del Superior Tribunal de Justicia, en la  Ciudad Judicial. Cerca de la medianoche terminó la deliberación, de la cual surgieron las designaciones de las nuevas funcionarias del Ministerio Público.

Los puntajes obtenidos se darán a conocer oficialmente en las próximas horas, una vez labradas y rubricadas las actas correspondientes a la sesión de ayer.

El dilatado concurso comenzó en noviembre de 2007 y fue varias veces suspendido y prorrogado por los reclamos de publicidad del proceso emanados tanto de algunos postulantes como de la propia Procuradora General de la provincia, Liliana Piccinini. En el largo ínterin, se sancionó la modificación a la Ley del Consejo de la Magistratura que hizo obligatorios los concursos públicos de oposición y antecedentes y todo el trámite se readecuó a la nueva norma.

Los criterios de evaluación aplicados a lo largo del concurso están determinados por la propia ley y su reglamentación. Por «antecedentes» laborales y académicos se otorga un máximo de 20 puntos. Misma calificación máxima se otorga al examen de oposición, mientras que los restantes 40 puntos -que completan el puntaje ideal de 100- están previstos para la entrevista personal que se realizó ayer.

Algunos de los postulantes al concurso fueron los secretarios de instrucción Maximiliano Camarda, Gustavo Quelín, Liliana Rodríguez, Alicia Terraza y Cristina Díaz. También concursaron la actual defensora de menores ad hoc Elizabeth Quesada, y la secretaria del Juzgado de Familia de Roca,  Cristina Macchi.

Pese a ser la primera vez que las puertas del sistema judicial se abrieron para que la ciudadanía pueda presenciar la selección de funcionarios, casi nula fue la presencia de público: sólo estuvieron presentes dos de los abogados que hasta ayer mismo habían integrado el Consejo de la Magistratura y que habían dejado sus bancas a los nuevos representantes del Colegio local.