El protocolo podría aplicarse en rutas nacionales

La provincia de Neuquén no adhirió a la propuesta de Nación, pero no se descarta la intervención de las fuerzas federales.

NEUQUÉN (AN).- El abogado Darío Kosovsky, integrante del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), aseguró que para la confección del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, conocido como “protocolo antipiquetes”, no se convocó a los gremios ni a ninguna entidad de la sociedad civil: “La participación está sesgada exclusivamente a los estados provinciales”.

“Por eso se llevó al Consejo de Seguridad Interior, porque son ellos (las provincias) los que van a tener que enfrentar las protestas en la vía pública, lo cual es evidente y van a estar dirigidas a garantizar, no los derechos de los manifestantes, sino contra quiénes los manifestantes se pronuncian”, indicó el especialista.

Kosovsky explicó que más allá que Neuquén no haya adherido, los lineamientos van a poder aplicarse “en rutas nacionales y cualquier lugar donde tengan competencia las fuerzas federales”.

“El protocolo está dirigido a los sectores vulnerables, no al crimen organizado. A los sectores que manifiestan sus protestas mediante presiones de mercado, corridas cambiarias, pujas para incrementar los precios, esos no son perseguidos. Si vos estás discutiendo una paritaria, no podes decir: “Si no se van en cinco minutos, los desalojamos”. Directamente es una incitación a la violencia. No creo en la torpeza de los funcionarios, lo califico como una provocación. Lo que va a venir frente al “no al protocolo” es mucha violencia institucional”, opinó el abogado.

El protocolo y la prensa

También se refirió a la decisión de colocar a la prensa en una “zona determinada”. “Imaginense si en el caso de Rodrigo Barreiro (el joven herido en una represión frente a la Legislatura neuquina) no se hubiese podido tener tomas fotográficas o de video de distintos lugares. Eso implica una restricción al control periodístico del uso de la fuerza”, afirmó.

Para el abogado, la política de seguridad del gobierno nacional “va a estar guiada por la reducción de las garantías constitucionales y el avance de políticas policialistas, dotando a las fuerzas de seguridad de más tecnología, más recursos, sin cuestionar demasiado su organización y la conducción política del sistema”.

Considera que el protocolo es una “continuidad del decreto de emergencia en materia de seguridad que habilita un total descontrol en las contrataciones, sin hacer licitaciones: tanto de vehículos, armamentos, tecnología y con los costos que implican estas inversiones. Habiendo una emergencia es innecesario hacer un sistema de contratación transparente, se elige a dedo como se hizo acá con Damovo”.

Medida anti piquetes