El que manda es Moreno

La ausencia del gobierno provincial y la sumisión de los empresarios coronaron la prepotencia con el éxito. La democracia necesita, además del voto, ciudadanos con coraje para defender sus derechos e intereses.



El modo en que el secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, "resolvió" las diferencias entre empacadores y productores de fruta sobre el precio a pagar es lo menos parecido a una negociación paritaria que pueda imaginarse.

"Yo leo la lista de los presentes y me dicen "sí" o "no". Si es sí, todos contentos. Si me dicen no, les intervengo las empresas en 24 horas", dijo el funcionario nacional ante los empresarios del empaque y la exportación del Alto Valle del río Negro.

Hasta aquí, los hechos ratifican lo que todos sabíamos: que Moreno hace un culto de su propia grosería, considerando que ella es un mérito para que su jefa -la presidenta de la Nación- lo mantenga en la función de conseguir que sus deseos se hagan realidad en materia de precios sin atender ninguna de las causas generadoras de distorsiones en la economía.

Lo más grave del caso es la actitud de dos de los actores principalísimos en el tema: el gobierno provincial y los propios empresarios frutícolas afectados.

En la reunión de Buenos Aires no había ningún funcionario del gobierno de Río Negro, una administración que cuenta con un Ministerio de la Producción y una Secretaría de Fruticultura, organismos que nunca parecen estar en el lugar indicado cuando se trata de mediar en las diferencias entre los sectores de la economía.

Tampoco estuvieron cuando representantes de una de las principales actividades fueron maltratados por Moreno. ¿Cuál es, entonces, la función del Ministerio de la Producción y sus dependencias, si no es la de crear las condiciones para que las empresas puedan optimizar su desempeño en la provincia, generando riqueza y empleo?

Por lo visto, se privilegiaron aquí las cuestiones políticas. Y la misma sumisión al Ejecutivo nacional que practica el gobernador Miguel Saiz cuando se abstiene de defender el derecho de la provincia a recibir una coparticipación acorde con sus necesidades y con las contribuciones fiscales que aportan sus ciudadanos se evidenció en la decisión de no acompañar al empresariado en la definición de un tema crucial para la actividad frutícola.

Igual "nacionalización" del conflicto se vio en relación con la definición de los conflictos salariales con los obreros del empaque y portuarios a principio de año y con el reclamo de los rurales que sigue sin hallar un punto de acuerdo.

Respecto de los empresarios frutícolas, puede suponerse que -al acatar mansamente la propuesta de precio impuesta por Moreno- habrán actuado en forma pragmática, pensando en las consecuencias negativas que no hacerlo podría haber acarreado para sus firmas.

Una actitud así puede explicarse, pero difícilmente justificarse.

El efecto que ha tenido su decisión excede con creces el marco de la situación económica de cualquiera de sus empresas. Es un avasallamiento inaceptable a la libertad comercial y contractual, que viola cualquiera de los principios que rigen una negociación o una mediación tendiente a acercar diferencias entre partes.

Cualquier análisis de precios debe hacerse sobre bases reales: un estudio de costos, un análisis del mercado, las perspectivas de la cosecha... Aun para quienes dudan del dogma clásico sobre la capacidad del mercado para autorregularse, resulta impropia una intervención tan autoritaria como carente de fundamentos económicos.

No es la primera vez que Moreno aplica estos métodos en su relación con empresas y sectores.

La diferencia es el modo en que sus bravuconadas han sido recibidas por los actores involucrados.

En Papel Prensa, por ejemplo, uno de los directores por el Estado en esa empresa mixta se negó a obedecer la orden del secretario de Comercio de perjudicar a la firma con la intención de forzar su posterior estatización. Lejos de hacerlo, denunció a la Justicia a Moreno por la extorsión que implicaba forzarlo a tomar una decisión en contra de su voluntad.

Nada de esto hicieron los empresarios rionegrinos.

Es probable que alguien interprete que, si acataron el precio de 23 centavos de dólar para la fruta, fue porque habían llegado a la conclusión de que era un valor razonable y justo.

Si así hubiera sido, no hubieran llegado a esta instancia asegurando que no lo era.

Resulta evidente que ésa no es la explicación a la actitud que tuvieron.

Si como empresarios buscaron evitar males mayores a sus empresas, puede concluirse que, como ciudadanos, generaron un gravísimo precedente cuyos efectos los trascienden.

No es sólo con el voto como se fortalece una democracia.

Para que este sistema de vida y de gobierno no sea sólo una definición hueca, requiere también de ciudadanos participativos y con coraje, capaces de defender sus intereses y sus derechos con serenidad frente a la prepotencia del poder.

Al consentir el deseo brutalmente expresado por Moreno, han permitido no sólo que un funcionario ajeno a la actividad frutícola decida arbitrariamente el precio que debe regir uno de los eslabones de la cadena comercial. Lo que es más grave aún es que han coronado con el éxito el método elegido para forzarlos.

Para satisfacción del secretario de Comercio y, es de suponer, de la presidenta de la Nación, habrán contribuido a consagrar la prepotencia como la metodología aceptada.

La omisión del gobierno de Saiz, en tanto, acentúa la imagen de una gestión titubeante y falta de ideas acerca de cómo mejorar la calidad de vida de los rionegrinos.

 

 

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

ALICIA MILLER


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