El radicalismo avalará el ingreso de Maqueda a la Corte

Vuelve a ser funcional a los intereses de Duhalde

BUENOS AIRES (ABA) – El radicalismo volvería a ser funcional a los intereses del presidente Duhalde, si como se prevé sus senadores apoyan en la sesión del jueves la designación del ahora titular de la Cámara alta, Juan Carlos Maqueda, como juez de la Corte Suprema.

Ante la incertidumbre de como actuarán los senadores menemistas, el gobierno necesita los votos de legisladores radicales y provinciales para asegurarse los dos tercios que le permitan a Maqueda llegar al Máximo Tribunal.

La postura que se impondría dentro de la UCR y de los partidos provinciales, sería apoyar la nominación del mencionado senador, cercano a José Manuel De la Sota.

Aunque la decisión oficial será tomada el jueves, el rionegrino radical Luis Falcó, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, así explicó las razones de su aval personal y de la mayoría de su partido: «Evaluamos que Maqueda es un buen profesional, posee suficientes conocimientos jurídicos y se comportó siempre con ecuanimidad». Esa postura sería defendida con razones casi idénticas, entre otros por el titular del bloque Carlos Maestro, el misionero Losada y los cordobeses Eduardo Angeloz y Rubén Martí.

En tanto, la mayoría de los provinciales (entre los que se cuentan el neuquino Pedro Salvatori y Ricardo Gómez Diez del Partido Renovador), también apoyarían la candidatura impulsada por el duhaldismo.

Sin embargo, la senadora del M.P.N, Luz Sapag, se mostró en la vereda opuesta: «Voy a votar en contra porque defiendo la independencia de poderes; sin negar la capacidad de Maqueda, ni mucho menos, es un hombre absolutamente ligado al PJ. Tenemos que aprobar pliegos de jueces absolutamente independientes del tema partidario», asestó. Tal posición es compartida por el disidente de Fuerza Republicana, Pablo Walter.

En tanto, con duros conceptos el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Durrieu, advirtió que la postulación de Maqueda «acentúa la dependencia e influencia de los poderes políticos en el Poder Judicial, que han resultado en una severa e intolerable inseguridad jurídica y el desprestigio de una de las instituciones más importantes de la República». En el mismo sentido se pronunció la Federación de Colegios de Abogados.

El constitucionalista, Daniel Sabsay, señaló la inconveniencia de nombrar a un magistrado en la Corte (en reemplazo del renunciante Gustavo Bossert) durante un gobierno de transición.

«No estoy de acuerdo con la mayoría de las opiniones de Sabsay -respondió Falcó-, como él hay 173 constitucionalistas» (sic). Para los observadores parlamentarios, la estrategia de Duhalde es muy clara.

Al «sacar del medio» a Maqueda (la titularidad del senado quedaría vacante), lo seguiría en orden de sucesión el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño (un delfín del presidente).

Camaño sería el virtual titular del Poder Ejecutivo (en ese escenario no habría elecciones en la fecha prevista del 27 de abril), hasta que el presidente Duhalde instale un candidato, o sea el mismo quien vaya a la contienda final.

Y de paso, tendría un alfil en la Corte Suprema de Justicia, lo que se dice -con fuerza en los mentideros parlamentarios-, es como matar dos pájaros de un solo disparo.

Claudio Rabinovitch

Profundo rechazo de abogados

El Colegio Público de Abogados de la Capital expresó ayer su «profundo rechazo» a la posible designación del senador del PJ Juan Carlos Maqueda como ministro de la Corte Suprema y advirtió que ese nombramiento pretende hacerse sin respetar la Constitución y que el legislador no tendría condiciones necesarias como independencia e idoneidad.

«La urgencia que se pretende dar al trámite de designación, omitiendo la necesaria audiencia pública, en abierta oposición a la Constitución Nacional, demuestra una vez más la poca preocupación del poder político por integrar el máximo tribunal con personas de reconocida independencia, respeto social e idoneidad», afirmó el Colegio en un comunicado.

Y agregó que «el descrédito de la justicia debe revertirse adoptando comportamientos y procedimientos que estén alejados de las prácticas político-partidarias, que garanticen total transparencia, más aún teniendo en cuenta que se trata de la designación de los miembros de la Corte». (DYN)s


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