El reclamo por la cuota alimentaria llega más a la Justicia

La historia se repite una y mil veces. Una pareja tiene un hijo, buscado o no, y luego se separan. Entonces empiezan los trámites de divorcio, si están casados, o los acuerdos para arreglar cómo cuidar y educar a los hijos en el mejor de los casos.

Otras mujeres con menos suerte son abandonadas cuando su pareja se entera de que va a tener un hijo. El futuro es incierto en las dos circunstancias, y todavía falta un problema: la cuota alimentaria de los hijos.

Y es aquí donde tanto los padres como las instituciones que intervienen en cada uno de los casos deben tener un eje sobre el cual deben girar todas las decisiones que se tomen: la salud psíquica y física de los chicos, que están en medio de la disputa.

«Ni las madres ni los padres entienden que la cuota alimentaria es el dinero del niño, el cual debe quedar libre de todo conflicto», dice Laura Padilla, investigadora del CONICET, que lleva adelante un programa sobre la cuota de alimentos en esta ciudad.

Este tema está tomando relevancia, en los últimos años, por la cantidad de juicios por cuotas alimentarias impagas. No porque la legislación no lo haya contemplado, hay responsabilidad civil y penal por el incumplimiento, sino porque de a poco se están venciendo barreras que obstruyen el desarrollo rápido de las causas. Muchos de los obstáculos se dan incluso en las mismas instituciones del estado, encargadas de recibir las denuncias por estos hechos, como los tribunales y la policía.

Dónde acudir, cómo actuar, qué alcance tiene la ley, cuán legítima es la protesta. Estas son algunas de las preguntas que se responden en la dependencia de Promoción Familiar, en la que atiende Padilla. No sólo las mujeres preguntan, también los hombres consultan por la manera de tramitar una cuota alimentaria o la visita para ver a sus hijos. (Ver aparte)

«Hay dos tipos de maltrato, el que sufren las madres e hijos que no reciben la cuota alimentaria, y el maltrato judicial o institucional que sufren aquellas personas que reclaman un derecho legal», explica la investigadora, que hace años atrás firmó una de las actas de acuerdo con el entonces gobernador Felipe Sapag como piquetera de Cutral Co. Para Padilla, las madres con disputas con sus ex parejas son las representantes legales de sus hijos, por lo tanto tienen la obligación legal de hacer el reclamo ante la justicia cuando la otra persona no cumpla voluntariamente. Esta mujer está trabajando con alrededor de 100 mujeres de Roca con problemas de tenencia. Entre abril y junio 12 sentencias que condenaron a padres que no pagaban le dio la razón.

Estos fallos judiciales son el resultado de un trabajo constante que se debe hacer ante la negación del padre de otorgar la cuota alimentaria para criar a sus hijos. El problema inmediato anterior en muchos casos es el de no reconocer a los hijos cuando estos nacen.

Es allí también donde Padilla pone el acento e informa de la modalidad para que se constate quiénes son los padres de un chico, si es necesario a través de un análisis del ADN de los padres.

Una reunión de madres separadas un viernes de hace unas semanas, las mujeres cuentan lo vivido en busca de que sus ex parejas les ayuden a criar a los hijos.

«Yo hace seis años que estoy divorciada y tengo seis chicos. Tengo una demanda civil. Cuando me atendieron en el tribunal me dijeron que 'cuando mis hijos sean grandes me van a agradecer' lo que hago por ellos», cuenta Beatriz. Su marido fue sobreseído en primera instancia porque se probó que no tenía trabajo. Mientras tanto ella debe darles de comer y educarlos. «Yo trabajo en las chacras», dice esta mujer grande y de tez oscura.

«Las leyes están bien hechas, nos faltan personas que hagan que esto realmente se cumpla. Es un tema tabú aunque mucha gente lo padece o tiene familiares con este problema», indica Padilla. La coordinadora de los grupos se queja por las demoras que las mujeres protagonizan cuando deciden recurrir a la justicia, «demoras que se centran en los empleados que atienden las denuncias», señala.

Mary fue una de las mujeres que no fue bien atendida. Cuando concurrió a Defensoría Oficial, simplemente le dijeron que si el hijo no estaba reconocido no podía hacerse nada. Luego de una reunión con Padilla ella decidió hacer una denuncia policial. «La hice y me la cambiaron por una exposición», cuenta Mary. «El comisario me dijo que la mayoría de las mujeres después que hacen esta denuncia vuelven al otro día a retirarla», recuerda la investigadora. Después sí, con el acompañamiento de Padilla, le tomaron la denuncia a la madre.

La ley es clara. La justicia penal, ámbito en que se están tratando la mayoría de los casos, dispone en la ley 13.944 que se sancione a aquellas personas, padre o madre, que dolosamente se sustraigan a suministrar a los menores de 18 años los medios indispensables para su subsistencia (alimentos).

También para verlos

«Además del incremento de los juicios por cuota alimentaria se están haciendo cada vez más denuncias por el impedimento de contacto con hijos no convivientes», señala Roberto Sánchez Freytes, juez correccional que llevó adelante el caso de Miriam Chafrat y condenó a su esposo, por no pagar la cuota alimentaria durante 15 años. El magistrado también indicó que muy pocos padres condenados por no pagar la cuota alimentaria reinciden en este delito.

La ley a la que alude Sánchez Freytes es la 24.270, sancionada en 1993. En ella se pena con prisión de un mes a un año para el padre o tercero que ilegalmente impidiera el contacto con menores de edad. La pena se agrava si los chicos son menores de 10 años o discapacitados, también si se muda de domicilio sin el correspondiente aviso a la pareja.

Para el juez mucho tiene que ver en los problemas de cuota alimentaria la situación económica que vive el país. «Aunque no es excusa argumentar los problemas económicos porque la ex pareja que está a cargo del chico también los padece», remarcó.

«Hay también mucha difusión de lo que se debe hacer en estos casos», señala.

Los padres que pasan por la justicia correccional lo hacen por haber cometido un delito. «El porcentaje de reincidencia en los casos en que hay una condena son muy pequeños», indicó. Pese a esto reconoció que en Roca hay padres condenados a prisión efectiva. Sánchez Freytes explica «que la justicia ha sufrido un cambio profundo en los últimos años, y la gente concurre porque sabe que se presta un servicio, que es la justicia».

Para el juez, la figura del querellante a la que puede acceder ahora la parte perjudicada es fundamental porque «permite un seguimiento de cerca de parte de las madres en la causa que iniciaron».

En el caso del padre, o de la persona que no convive con los hijos, puede recurrir a un juzgado civil en caso de que crea que su ex pareja está malgastando el dinero de la cuota alimentaria. «También puede recurrir a la justicia para adecuar la cuota acordada a la situación económica en que vive, si esta no se correspondiera con su nivel de ingresos», explicó.