El registro de deudores alimentarios divide las aguas

En Bariloche el proyecto no logró avanzar. Algunos concejales argumentaron "la intromisión del municipio en un ámbito judicial". Otros defendieron con ahínco la herra



SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El proyecto de ordenanza para crear un registro municipal de Deudores Alimentarios que complemente la ley provincial dividió las aguas entre los concejales, que no lograron reducir sus diferencias y avanzar en la definición de la herramienta social.

Durante un áspero debate mantenido, ayer los integrantes de la comisión de Gobierno y Legales reprodujeron las diferencias de género que impidieron hasta el momento la reglamentación del registro provincial.

Los miembros masculinos se abroquelaron en contra de la iniciativa por considerarla una intromisión del municipio en un ámbito netamente judicial que, además, ofrecería un considerable riesgo de "manipulación" de la información privada contenida en el listado de deudores.

El edil Jorge Temporetti (MPP) sostuvo que la aprobación del proyecto implicaría "municipalizar un problema judicial" mientras su par justicialista Ricardo Ledo rechazó de plano la creación del registro y propuso cambiarlo por un "certificado de libre deuda alimentaria". Sólo Claudio Lueiro (PPR) mantuvo una postura neutral a la hora de las argumentaciones.

Del otro lado, la mayoría de las concejalas defendió con ahínco la propuesta, que "busca proteger a los niños que no encuentran respuesta dentro del sistema judicial". Graciela Di Biase recordó que la ley provincial se encuentra frenada "porque entre los responsables de instrumentarla hay hombres que son deudores alimentarios" y pidió a sus pares avanzar en el proyecto para sancionarlo antes de fin de año.

La iniciativa, que tomó estado parlamentario en junio de 2002, propone ampliar las restricciones e inhibiciones del registro provincial -ley 3475- a las tramitaciones municipales y crear un listado local de deudores alimentarios. Estas limitaciones alcanzaría a los padres separados con más de tres cuotas e mora.

Bariloche adhirió a la ley sancionada hace más de dos años pero luego entró en la misma inercia que el Ejecutivo provincial que frenó la instrumentación del registro suspendiendo por tiempo indeterminado la reglamentación de la norma.

Ayer el presidente de Gobierno y Legales, Ricardo Sporturno, reconoció que "no se avanzó en un dictamen porque todavía no se reglamentó la ley provincial y hay opiniones muy disímiles" en torno a la creación del registro.

El proyecto municipal cuenta con el apoyo de la jueza de Familia y Sucesiones, Marcela Pájaro, y el camarista laboral, Edgardo Camperi, que lo consideraron una "herramienta de utilidad para la tramitación de causas alimentarias".

Tras advertir que la norma puede concitar planteos judiciales, la Dra. Pájaro evaluó que "resulta valiosa la iniciativa y vale la pena intentar su implementación por cuanto el dictado de una ordenanza como la proyectada evidencia una voluntad clara a favor de la infancia y la familia".


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