El regreso de Cavallo complica la demanda de Punte

Es por la causa penal derivada del cobro de deudas.

BUENOS AIRES (ABA).- El entusiasmo evidenciado por el vicegobernador neuquino Jorge Sapag durante la jura como ministro de Hacienda de Domingo Cavallo (el pasado 20 de marzo), reflejó mucho más que la expectativa sobre los efectos que sobre las medidas económicas podrían tener para su provincia.

El gesto de alivio reflejado en el semblante del vicegobernador neuquino estaba relacionado con la convicción de que la causa penal iniciada por el abogado Roberto Punte (que tiene a Sapag como uno de los principales accionados), entraría en estado vegetativo tras el regreso del ex superministro menemista. Funda- mentalmente porque uno de los codemandados es el propio Domingo Felipe Cavallo.

Y según una investigación realizada por “Río Negro”, tal sensación no está nada lejos de la realidad. Según diversas fuentes consultadas, se puede afirmar que la acción penal instaurada por Punte entró en “vía muerta”.

De todos modos, el patrocinante de este último niega que sea así y preanuncia una pronta definición en favor de su representado (ver recuadro).

Dicho letrado demandó entre otros a Cavallo, Ricardo Gutiérrez y Horacio Liendo, por Nación; y a Jorge Sobisch, Alfredo Pujante, “Pipe” Sapag y Jorge Sapag (éste como representante de Neuquén en Buenos Aires). Punte argumentó que se hizo una incorrecta liquidación de regalías de petróleo y gas por lo que se omitió el pago de honorarios en la causa que había patrocinado.

Poco antes de regresar al sillón del Palacio de Hacienda, Cavallo se preocupó por despejar los frentes judiciales abiertos en su contra.

A tal punto que días antes sondeó la voluntad del juez de la Corte Suprema, Augusto Belluscio de “conciliar” en una causa que por calumnias e injurias le había iniciado el miembro del más alto Tribunal.

A través de su patrocinante, Belluscio (quien antes había sido reacio a tolerar las disculpas) aceptó de inmediato dar por terminado el pleito. De tal forma Cavallo volvió al ruedo del poder casi sin casos judiciales pendientes en su contra. Tras recibir la “falta de mérito” en la investigación por el contrabando de oro, sólo le quedan algunas querellas menores por calumnias e injurias, casi todas prescriptas por el paso del tiempo.

En tal contexto, la acusación de Punte parece carecer de envergadura para complicar el panorama que prevé Cavallo para esta nueva etapa de su carrera política. Como prueba de la escasa trascendencia que en la esfera del ministro se le da a la cuestión, el secretario Legal y Administrativo, Alfredo Castañón (ex apoderado del titular de Hacienda) consultado por este diario, mandó decir por su secretaria que no sabe quién es Punte. Y dijo no recordar ningún detalle del tema en cuestión.

Por otra parte, el asesor de Cavallo, Guillermo Francos, le quitó importancia a la denuncia: “No la recuerdo, pero no creo que tenga trascendencia”, expresó a un cronista de “Río Negro”.

Pero el dato más relevante es que Cavallo como integrante del PEN está protegido por los fueros, lo que dejaría sin ejecutividad una sentencia en su contra. La misma protección, entiende Francos, poseen tanto el gobernador Sobisch, como su segundo en el poder ejecutivo provincial.

La causa penal por falsedad ideológica sigue en manos del juez federal, Jorge Ballesteros. Este ya sobreseyó tres veces a los imputados (su último dictamen fue del 23 de junio del 2.000), pero la Cámara de Apelaciones ordenó en diciembre esperar la sentencia en materia civil de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo del máximo Tribunal fue dictado el pasado 7 de marzo, otorgándole a Punte 13 millones de los 61 millones reclamados por el abogado.Consultado por este medio sobre la marcha de la causa, una fuente judicial cercana al despacho de Ballesteros alegó desconocer que la Corte haya dictado el fallo civil: “A nosotros no se nos comunicó ninguna sentencia, señaló el vocero de modo sorpresivo.

Expectativa sobre un fallo “inminente”

BUENOS AIRES (ABA).- Pese a las versiones que salen de los mentideros políticos y de los propios voceros judiciales, Pizarro (representante legal de Punte) aseguró en diálogo con este diario que es “inminente” un fallo judicial a favor de su defendido.

El letrado resumió que la situación se origina en 1993 cuando la provincia -y Nación-, esgrimieron “un documento” según el cual Punte carecía de legitimación para reclamar sus honorarios, porque el Estado neuquino no había percibido las regalías hidrocarburíferas (que era para lo que se había contratado a Punte).

No obstante, Punte tildó dicho instrumento de falso: “En realidad, la provincia había cobrado por lo que el tribunal superior rechazó la excepción que habían planteado sus representantes”, acotó Pizarro.

Según el patrocinante de Punte, la Corte corroboró lo suscripto por la Cámara en el sentido que los bonos o se otorgaron en garantía sino en cancelación de deuda. Por lo tanto, cree que la sentencia le dará la razón a su cliente.

Más allá de los vericuetos legales, son muchos los que dan por finiquitada la cuestión. Sin decirlo de ese modo, Sobisch consideró que sería inverosímil juzgar a alguien por defender los intereses de su provincia. “Como mandatario tengo el deber dentro de la ley de pagar lo menos posible, es decir cuidar los recursos de la administración”.

Incluso, hubo quien escuchó deslizar a un ofuscado Sapag: “De no tener el resultado que uno espera, sería la primera vez que se condene a alguien por no querer pagar una coima”. Cerca de Cavallo la preocupación es nula. Si pidió “desjudicializar” la política en el affaire de los senadores sospechados de cobrar sobornos, ¿qué no haría por él mismo?


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