El regreso de Sendero Luminoso

Colombia no es el único país latinoamericano en que un gobierno democrático está en guerra con terroristas de origen marxista que se financian produciendo y distribuyendo drogas ilegales. En Perú también se encuentran bandas que, además de proclamarse revolucionarias de la izquierda más extrema, han optado por dedicarse al negocio muy rentable de los narcóticos prohibidos. Pero si bien unidades del ejército peruano nunca dejaron de luchar contra terroristas vinculados con Sendero Luminoso, acaso la agrupación más feroz de este tipo que haya conocido América latina, que siguen activos en zonas selváticas y montañosas, el atentado que se produjo el viernes pasado en que murieron por lo menos doce militares y siete civiles sorprendió a todos, ya que se suponía que, a pesar de la resistencia de algunos guerrilleros a respetar el cese de fuego ordenado en 1992 por el fundador de la organización, Abimael Guzmán, no serían capaces de llevar a cabo un ataque tan mortífero. Por desgracia, éste no ha sido el caso. Puede que la amenaza planteada por los remanentes de Sendero Luminoso sea menor que la supuesta por las FARC, pero hasta que sean eliminados por completo el gobierno del presidente Alan García no tendrá más alternativa que combatirlos con la misma tenacidad y energía que ha permitido que su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, haya puesto a la narcoguerrilla de su país al borde de una derrota definitiva.

Como es notorio, las FARC han contado – y tal vez sigan contando – con el apoyo indisimulado del caudillo venezolano, Hugo Chávez, y también, se sospecha, del ecuatoriano Rafael Correa. En vista de que la relación entre Chávez y García es difícil, para calificarla de algún modo, desde que intercambiaron insultos cuando la campaña electoral peruana, es por lo menos legítimo preguntarse si el venezolano cree que Sendero Luminoso también cabe en el movimiento «bolivariano» que está procurando exportar al resto de América latina. Sea como fuere, la actitud de Chávez, combinada con el temor de muchos políticos latinoamericanos a ofender a los ultraizquierdistas locales, ha impedido que todos los países de la región colaboren plenamente con los esfuerzos de Uribe por destruir a las FARC; no extrañaría que en adelante García tenga buenos motivos para lamentar la falta de solidaridad de ciertos mandatarios presuntamente «hermanos» que, lejos de querer ayudarlo a poner fin a una organización terrorista que se ha hecho famosa por su extrema brutalidad, intentarán hacer pensar que el conflicto es consecuencia de la inflexibilidad gubernamental.

Desafortunadamente, cuando es cuestión de luchar contra terroristas con pretensiones ideológicas, sobre todo si también son narcotraficantes y por lo tanto poseen recursos económicos importantes que les sirven para comprar armas sofisticadas y para sobornar a políticos y funcionarios, los métodos elegidos tienen que ser mayormente militares por no estar la policía en condiciones de derrotarlos. Sin embargo, como se hizo dolorosamente evidente en nuestro país, a menos que los militares respeten los derechos humanos de sus enemigos y sus presuntos simpatizantes, perjudicarán a su propia causa. En Perú, los abusos cometidos por las fuerzas armadas durante la presidencia de Alberto Fujimori contribuyeron a crear un clima de opinión que no puede sino haber beneficiado a los senderistas al atenuar el impacto de los métodos atroces que éstos siempre han empleado. Asimismo, en Colombia, las acusaciones, justificadas o no, formuladas contra el presidente Uribe por su supuesta voluntad de pasar por alto las reglas propias de toda sociedad civilizada han afectado de manera negativa a su imagen internacional, lo que le ha traído algunas dificultades. Frente al atentado que además de costarles la vida a 19 personas hirió gravemente a muchas otras, incluyendo a mujeres y niños, que viajaban en el camión que fue destruido por una bomba, será sin duda muy fuerte la tentación entre los militares de echar mano nuevamente a métodos ilegales, pero es de suponer que por su formación el presidente García es plenamente consciente del riesgo así planteado y por lo tanto hará lo posible por asegurar que la lucha contra un enemigo sin escrúpulos de ninguna clase tenga lugar dentro de los límites fijados por la ley.