El retorno de las reformas impositivas provinciales

El regreso obligado a viejas prácticas porque el Estado no quiere debatir

tributator II

Santa Fe y Jujuy se preparan para sumarse a las provincias que transitan un 2012 plagado de aumentos de la carga impositiva, a tal punto que los distritos que no aplicaron (aún) incrementos en sus leyes fiscales son una minoría: apenas ocho, contra los 16 que decidieron reiterar hasta el hartazgo la vieja costumbre de hacer una reforma impositiva por no querer, no poder o no saber emprender una verdadera reforma económica. Es que en la mayoría de los análisis sobre la validez o no de los ajustes impositivos en las provincias falta un protagonista. Es el Estado nacional, que por el momento no muestra el menor interés en sumarse a la eventual mesa de discusión. Por el contrario, se mantiene al margen mientras usufructúa beneficios a los que las provincias no pueden acceder, como el financiamiento a través de la emisión monetaria y las transferencias de la Anses y el Banco Central. ¿Tiene sentido plantear reformas impositivas provinciales sin una coordinación con la política nacional en la materia? Los intentos de aumentar los gravámenes provinciales, en algunos casos imbuidos de un justificado propósito de progresividad, chocan con la decisión nacional de no reducir la carga de impuestos regresivos en la misma proporción. El impuesto Inmobiliario –que en los hechos es pagar conforme al nivel de la vivienda o de las tierras de las que se es propietario– es uno de los más antiguos y justos de la humanidad, pero sus verdaderos efectos se distorsionan si su aumento no se compensa con rebajas en otros impuestos regresivos, entre los que un IVA del 21% se lleva todos los premios. Claro que para emprender esas dos tareas hace falta algo que por estos tiempos parece imposible: diálogo entre la Nación y las provincias. Si lo sabrán en Córdoba… Un repaso de las iniciativas que tuvieron en cuenta los distintos gobiernos provinciales para llevar a cabo sus reformas impositivas muestra varios puntos en común. Después de todo, el pseudofederalismo fiscal imperante en la Argentina desde hace casi ocho décadas no les deja mucho margen de maniobra: aumentos en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario urbano y/o rural, revalúos de las bases imponibles, levantamiento de exenciones a algunos sectores y la aplicación de algún gravamen especial en actividades específicas. Al respecto, habrá que prestar atención al tránsito de Cipolletti a Neuquén: en mayo la Legislatura de Río Negro aumentó al 10% el gravamen a los albergues transitorios. Pero el caso emblemático es el de la provincia de Buenos Aires. A las modificaciones tributarias propiamente dichas en Buenos Aires se le sumaron una ley de revalúo inmobiliario rural y un decreto de renovación de licencias a los bingos, pero todo resultó insuficiente para afrontar el pago del medio aguinaldo del primer semestre, un gasto que, supuestamente, debería estar previsto desde el año pasado al sancionarse la ley de Presupuesto. La segunda parte de esta saga impositiva avanzaría sobre viviendas y automóviles de alta gama, operaciones con tarjetas de crédito y fideicomisos agrícolas o “pooles de siembra”. Algunos números están llevando a varios funcionarios de La Plata a poner más atención a los alrededores de la Plaza de Mayo, donde se emplazan los tres pilares que, valga la comparación con otro suceso reciente, pueden decidir si se funde o no una provincia: la Casa de Gobierno, que determina los premios y castigos; la AFIP, que ejecuta la política tributaria, y el Banco Nación, de donde se giran diariamente los fondos de coparticipación federal. Es que el gobierno bonaerense hizo cuentas y comprobó que en los primeros cinco meses del año la transferencia de recursos tributarios de origen nacional aumentó un 22,6%, casi seis puntos menos que el incremento del 28,3% de los de origen provincial. Y que se si excluyera el Fondo de Financiamiento Educativo, la coparticipación registraría una caída del 0,3%. Una coparticipación que, en definitiva, es una delegación de las provincias a la Nación de la facultad de establecer y recaudar impuestos que le asignó la Constitución. ¿Lo sabrán los gobernadores, o prefieren seguir en el 2013 con nuevas reformas impositivas?

Marcelo Bátiz DyN


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