El Senado aprobó con cambios eliminación del 2×1

El Senado aprobó con modificaciones y devolvió a Diputados el proyecto que suprime el sistema de reducción de penas para procesados y condenados sin sentencia firme. Se atendieron las demandas del Colegio de Abogados contra un artículo que facultaba al Consejo de la Magistratura a controlar que no haya moras exageradas en la resolución de los procesos.

El Senado devolvió anoche con modificaciones a la Cámara de Diputados el proyecto que suprime el regimen de excarcelaciones, en el marco de un rápido trámite en el que se atendieron las demandas del Colegio de Abogados para cambiar un artículo de la iniciativa.

Con el voto de la mayoría justicialista del cuerpo, los senadores dieron media sanción la iniciativa en general por unanimidad.

En cambio, se aprobó con los dos tercios de los votos de los presentes el articulado del proyecto que fue modificado en la comisión de Asuntos Penales de la Cámara alta.

Esa votación por mayoría especial impediría a la Alianza revertir en Diputados la votación inicial del proyecto, al que los senadores le eliminaron el artículo que facultaba al Consejo de la Magistratura a controlar que no haya moras exageradas en la resolución de los procesos judiciales.

La votación de los senadores se produjo en el marco de una convulsionada sesión en la que los representantes del PJ y la Alianza acordaron que no se producirían discursos para facilitar la aprobación del proyecto.

Con la certeza de que «el dos por uno termino siendo un pacto de impunidad entre las partes», los legisladores suprimieron ese beneficio y acotaron a dos años la demora de la Justicia en mantener a un detenido con prisión preventiva y sin sentencia firme.

Superado ese plazo, los jueces podrán pedir autorización a un tribunal superior para extender un año más ese cuadro de situación.

El proyecto sancionado anoche constituye lisa y llanamente la desaparición de una fórmula de beneficio que permitió a los detenidos que se compute doble cada día de prisión cuando no hay sentencia firme, constituyendo lo que se denominó «el dos por uno».

Los cambios

Los senadores consideraron que el artículo noveno de la norma, tal cual provino de la Cámara de Diputados, reunía «visos de inconstitucionalidad».

Esa posición se adoptó en consonancia con los reclamos de una delegación encabezada por Juan Carlos Fernández Lamadrid y Enrique Prack, en representación de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional que se manifestó su opinión adversa al postulado en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta que encabeza Jorge Yoma.

La iniciativa que ahora retorna a Diputados fue aprobada el pasado 14 de marzo por la Cámara de Diputados y desde entonces generó rispideces entre ambas bancadas mayoritarias del Senado.

En esa oportunidad, en la que se derogó el sistema de excarcelación anticipada, los legisladores resolvieron además modificar otros aspectos de la ley 24.390 para ajustarla a los alcances del Pacto de San José de Costa Rica e incluyeron algunos artículos destinados a otorgar garantías a los detenidos que impidan «la excesiva morosidad» de la Justicia en los procesos penales.

Los diputados establecieron además un mecanismo dirigido expresamente a monitorear el avance de las causas. Se fijó un mecanismo que obliga a los magistrados a informar al Consejo de la Magistratura, -pasados los dos años de prisión sin condena en firme-, el estado en que se encuentra cada expediente y las causas que motivan la morosidad. (Infosic)

Ascensos polémicos

En un trámite tan rápido como imprevisto, el Senado de la Nación aprobó ayer los pliegos de ascenso de cinco militares que habían sido cuestionados por haber violado los derechos humanos.

Con el apoyo de las dos bancadas mayoritarias, fueron ascendidos los integrantes del Ejército, teniente coroneles Oscar Vaquero, Hugo Casela y Virgilio Moschino, y de la Armada, capitanes de fragata Edgardo Rodríguez y Carlos Anzoátegui.

Los pliegos de los cinco militares habían sido propuestos para su ascenso el año pasado, pero en diciembre se resolvió postergar la decisión ante las objeciones presentadas por los organismos de derechos humanos.

Pese a que la sesión se había quedado sin quórum, radicales y justicialistas se esforzaron por reunir el número necesario para tratar los ascensos de los cinco uniformados.

Inclusive hubo una gestión especial del presidente de la comisión de Acuerdos, Horacio Zalazar (PJ), quien pidió el regreso de los senadores que no estaban en el recinto.

«Decile a (Roberto) Ulloa que venga, que es para votar a uno de ellos», pidió en un momento Zalazar a un asesor del ex gobernador salteño durante la última dictadura militar.

(DYN)


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