El Senado aprobó la ley de telecomunicaciones

El texto original sufrió varios cambios. La oposición aún critica beneficios a las telefónicas.

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El oficialismo liderado por Pichetto destacó que el sistema actual se rige por dos decretos, uno de Lanusse y otro de De la Rúa.

Con 38 votos afirmativos

El Senado aprobó anoche y giró a Diputados el proyecto de ley que regula el sistema de telecomunicaciones, impulsado por el Ejecutivo.

La iniciativa fue aprobada por 38 votos afirmativos contra 21 en contra, sin que se registraran abstenciones, en un debate que se prolongó durante casi siete horas.

El proyecto, conocido como “Argentina Digital” sufrió a lo largo de su tratamiento en la Cámara recibió varias modificaciones de la versión original.

La presidenta de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Liliana Fellner, defendió la iniciativa e indicó que “es la primera vez que se discute un proyecto de esta naturaleza en el Congreso”, dado que hasta ahora el sistema de telecomunicaciones se rigen por un decreto del gobierno de facto de Alejandro Lanusse de 1972 y otro firmado por el expresidente Fernando de la Rúa.

La jujeña aseveró que la propuesta defiende “la privacidad de nuestras comunicaciones”, establece la actividad “como un servicio universal para todos los usuarios en condiciones de calidad y a precio razonable”, garantiza “la neutralidad en la red” y “toma al territorio nacional como una sola área de servicio, por eso se elimina el servicio de larga distancia, un beneficio para los usuarios”. “Declara el carácter de servicio público esencial y estratégico el servicio de internet y el acceso a la fibra óptica”, afirmó Fellner, aunque reconoció que también “se permite a licenciatarios de TIC (Tecnología de Información y Comunicación) a ingresar al servicio audiovisual”, pero “prohíbe a las telefónicas bajar imágenes por la vía satelital” y obliga “a las empresas comunicación de audiovisual que sean parte de una compañía de TIC a armar unidades económicas separadas para poder operar”.

Afirmó que el proyecto defiende a las pymes y cooperativas que son las que prestan servicio en las zonas donde “las multinacionales de altísimo poder económico y de penetración” no lo hacen y aseveró que esas pequeñas y medianas empresas “son las que nos dan la última milla, son las que llegan a nuestro hogar”.

El radical correntino Eugenio Artaza reconoció que con los últimos cambios incorporadas a la norma “han mejorado el proyecto”, pero afirmó que “las que más van a festejar con esta ley son las grandes corporaciones telefónicas, más que las pymes y las cooperativas”.

“En realidad concentra más la actividad en grandes empresas telefónicas”, insistió el radical y alertó que, si la intención del oficialismo era beneficiar a los usuarios, debió “declararse servicio público a la telefonía móvil, que es el centro del negocio”, al explicar las razones por las cuales el radicalismo no acompañaba la propuesta.

La adolfista Liliana Negre afirmó que “en esta ley se está avanzando en facultades originarias y no delegadas por las provincias”, agregó que tampoco “garantiza el acceso gratuito a Internet, para darle vigencia activa a este derecho humano de tercera generación” y “permite a las empresas TIC dar el servicio audiovisual, con excepción del que se brinda a través del vinculo satelital”, pero dijo que “pueden ser dueños de un canal o de operadoras de televisión por cable”. (DyN)


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