“El sistema era cualquier cosa menos transparente”

El juez Reussi advirtió “inusitada discrecionalidad”.



VIEDMA (AV) – “El sistema era cualquier cosa menos transparente”. Esa fue una de las conclusiones del juez penal Carlos Reussi al procesar a los 13 ex funcionarios rionegrinos -en su mayoría ex ministros- por el cobro de sobresueldos entre 2004 y 2010.

Según lo probado en la investigación, el monto total que percibieron fue de 26.814.360 pesos, incluidos los dos primeros meses de 2011 .

“El dinero fue dispuesto con destino incierto, sin ningún tipo de controles, ni rendiciones específicas, no habiendo tampoco documentación fiable que avale lo que se dice hecho y todo ello en un marco de inusitada discrecionalidad”, sostuvo el magistrado sobre el proceder de los colaboradores del ex gobernador radical Miguel Saiz.

El pago de sobresueldos se difundió en un profuso informe de “Río Negro” en febrero del año pasado y luego se formalizó en una denuncia penal presentada por el ex legislador justicialista Martín Soria.

El miércoles por la noche Reussi dictó los procesamientos, atribuyendo distintas responsabilidades (ver aparte).

Para el juez, en lo sustancial los hechos no se encuentran controvertidos al señalar que desde el Ministerio de Coordinación primero (durante la gestión de César Barbeito) y después desde la Secretaría General (bajo la conducción de Francisco González) se administró un esquema de pago de adicionales a funcionarios y empleados. Las resoluciones fueron dictadas, las órdenes de pago libradas y los cheques cobrados y “no hay contradicciones en esto”. Agregó que se trató de un sistema informal de asignación de “premios” sin basamento legal o reglamentario “ejecutado con cierta claridad administrativa”, “sin que hubiera un esquema de valoración respecto a la cantidad de empleados y funcionarios que lo recibirían o cuánto cobraría cada uno”.

“Luego cuando eran efectivizados los pagos de tesorería mediante cheques ante la ventanilla el Banco Patagonia entraban en un ámbito de informalidad que se caracterizaría por la signatura de planillas o recibos informales, sin ningún registro cabal y efectivo de los pagos a cada funcionario o, en su caso, empleado”, detalla la resolución, difundida ayer de manera oficial por el Poder Judicial.

Reussi consideró que se trató de un sistema donde se ponía en cabeza del ministro o del secretario la cantidad y el modo en que se distribuirían los caudales públicos destinados a salarios “con absoluta libertad y con prescindencia de toda forma o motivo, en el que quienes resultaban abrigados por su favor, cobraban e incluso habiendo manifestado testigos que lo percibieron que entendían que el día que dejaran de cobrarlo no tendrían derecho al reclamo”.

Interpretó que hubo acuerdo respecto de la ocurrencia y secuencia de los hechos. “Los imputados en general han acordado sobre la mecánica y formas de la actividad imputada, haciendo la precisión que no se han quedado con el dinero sino que lo han repartido entre sus funcionarios”. Agregó que, sin embargo, de los recibos remitidos se advierte en general la informalidad en su confección y tramitación carente de los elementos de un expediente que involucre liquidaciones con la intervención de áreas técnicas con gestión de control de gastos.

“Cuando se trata de fondos públicos, su administración no puede ser antojadiza o informal, y existe todo un sistema de administración y justificación de gastos que imponía un tratamiento bien distinto al dado”, añadió al considerar una incógnita los motivos del monto que se ordenaba pagar ante la falta de pautas objetivas “que permitan delimitar las razones por las que se abonaban ciertos montos y no otros a ciertos funcionarios y no a otros o, en definitiva, si efectivamente ese monto tenía el destino que se les pretendió dar”.

Para Reussi este proceder violó las normas de contabilidad del Estado y sostuvo que “no es correcto ni propio del pago de haberes -como pretende la defensa de González, Barbeito, Accatino, Uría, Pega, Larreguy, Contreras y Ongaro- la administración informal de una suma dineraria como la que mes a mes cobraron en los respectivos hechos estos imputados que a manera de “patrón de estancia” y en informal usanza -incompatible con los modos de la contabilidad en la función pública- entregara los fondos a discreción entre los funcionarios públicos y empleados que resultaren beneficiados con esa asignación”.

Archivo Adjunto


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