El STJ anuló resolución de intendenta de Cinco Saltos

El Superior Tribunal de Justicia resolvió que la intendenta de Cinco Saltos, Liliana Alvarado, excedió sus competencias invadiendo facultades propias del Concejo Deliberante Municipal al elevar el módulo fiscal municipal.

JUSTICIA

Como consecuencia, la resolución Nº 0206/14 fue calificada “nula de nulidad absoluta” al haber sido dictada por un órgano incompetente.

La sentencia fue fundamentada en el voto de Enrique Mansilla al que adhirieron Liliana Piccinini y Adriana Zaratiegui.

La acción fue presentada por los concejales Roberto Ocampo, Vicente Serer, Edilia Rossi, Germán Epul, Claudia Pérez, Rosana Melo y José Chandia, contra la Resolución Municipal Nº 0206/14, que determinó el valor del módulo fiscal por considerarla ilegítima en razón de la falta de competencia para dictarla.

Adujeron que el único que puede modificarla es el Poder Legislativo y no el Ejecutivo.

En la resolución del STJ se consideró que “cada uno de los Poderes del Estado debe obrar como freno o contrapeso sobre los otros -asegurando de ese modo una relación de equilibrio interno- y todos coordinadamente, han de propender al ejercicio más eficaz de la acción general del gobierno (Cf. STJRNS4, Se. 107/01 ”Fisc. Munic. de Villa Regina”)”.

Mansilla señaló que “la cuestión ha quedado planteada como un conflicto de poderes. En el caso en estudio se advierte la existencia de un conflicto de competencias entre los Poderes Ejecutivo y LegislativoDeliberante en materia tributaria, y por ello corresponde dirimir si el PEM al dictar la Resolución Nº 206/14, que actualiza el valor del módulo fiscal municipal, invade facultades propias del Concejo Deliberante.”

Estimó que el art. 58 de la COM prescribe que: “(…)Las autoridades del Gobierno Municipal no ejercen otras atribuciones que las que esta Carta Orgánica, la Constitución Provincial, Constitución Nacional y demás leyes les confieran, no pueden delegar en otras sus propias facultades, ni individual ni colectivamente, y son responsables de conformidad con esta Carta Orgánica y con las ordenanzas que en consecuencia se dicten”.

Consignó que “de los hechos relatados en la demanda y en conformidad a la normativa antes referida, se desprende que correspondía que a través de una Ordenanza se fije el Módulo Fiscal Municipal. No obstante, como bien señala la Procuración General, el P.E.M. ante la ausencia de sanción legislativa (según sus propios términos), en el marco de un claro conflicto institucional existente eligió hacerlo por su cuenta exponiendo en los considerandos de la Resolución explicaciones destinadas a generar mayor recaudación tributaria municipal, pero sin que luzcan argumentos válidos y legítimos para arrogarse tal facultad.”

El juez afirmó que “el principio de competencia se refiere al ámbito material de producción de normas válidas, distinguiendo las materias constitucionalmente atribuidas a cada nivel de gobierno, ya sea en forma exclusiva, reservada, delegada o concurrente.”

Sostuvo que “como corolario de lo hasta aquí expuesto, he de afirmar que la materia sobre la que legisla el Municipio, invade competencia del Concejo Deliberante porque no sólo fija el valor del módulo fiscal sino que además dispone que se implentará de manera gradual y escalonada para tasas, contribuciones, derechos, aranceles y demás tributos municipales. Casos que solo pueden encuadrarse en las facultades del Concejo Deliberante antes referidas, evidenciándose así, la invasión a una competencia propia del Concejo Deliberante.“


Adherido a los criterios de
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Adherido a los criterios de <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Ver Planes ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora