El STJ insistirá en utilizar los depósitos judiciales

VIEDMA (AV).- El Superior Tribunal de Justicia insistió en la utilización de los depósitos judiciales para cancelar salarios y garantizar la prestación de servicio de ese Poder.

Ese mecanismo se tratará en la Legislatura y no hay resultado previsto porque existen serias objeciones de los diputados. El radical Fernando Chironi dijo tener «reparos jurídicos y políticos» mientras la justicialista Silvia Jáñez compartió cuestionamientos legales pero manifestó que permitiría que vuelva a funcionar la justicia aunque aclaró no tener todavía posición tomada (ver recuadro)

El STJ remitió al gobernador Pablo Verani un proyecto de ley que lo autoriza a la utilización de hasta 1,3 millón por mes de los depósitos que por diferentes causas judiciales están en el banco Patagonia, que oscilarían de 16 a 18 millones.

Inicialmente, se preveía instrumentar ese mecanismo por decreto/ley pero no se concretó por la oposición del vicegobernador Bautista Mendioroz y, por eso, el gobernador sugirió al STJ remitir un proyecto de ley y plantear su debate en la Legislatura.

Las máximas autoridades judiciales inicialmente dudaron pero el último viernes remitieron al mandatario su proyecto, que firman el presidente, Alberto Balladini y el juez Víctor Sodero Nievas, como también llevaría la rúbrica del Procurador General, Hugo Mántaras.

En cambio, no tendría la formal adhesión del juez Luis Lutz aunque Balladini sí habría logrado sumar notas de respaldo del gremio provincial y de la federación argentina de los agentes judiciales.

En diálogo con «Río Negro», Balladini admitió a principios de febrero que el funcionamiento mínimo del Poder se garantizaría -en este marco financiero provincial- con una «atinada y razonable utilización» de los depósitos de los expedientes judiciales de terceros que están en el Banco Patagonia SA. Por aquellos días, el magistrado manifestó que se evaluaba si el cuerpo plantearía un proyecto de ley. Al final, la iniciativa fue remitida a Verani -quien respalda casi incondicionalmente la idea de Balladini-. Contempla que el STJ podría utilizar 1,3 millón mensual aunque se podría duplicar ese monto inicialmente porque autorizaría a la utilización de dos meses, siempre que después el Ejecutivo transfiera los fondos y, de lo contrario, el mecanismo de retención caería automáticamente.

El magistrado confía en ese sistema porque ese monto posibilitaría -normalmente- cubrir algo más de la mitad de los salarios de la totalidad del personal. El resto se cancelará con el envío del Ejecutivo. A los judiciales se les adeudan totalmente los haberes de enero, pues ese Poder no cobra con tickets -según resolvió el STJ- y considerando que los otros agentes perciben un 20 por ciento en vales alimentarios, que recibieron la semana pasada.

La aprobación del proyecto no será tarea fácil en la Legislatura. Ya Mendioroz y varios diputados anticiparon sus objeciones a los magistrados mientras en la oposición existen más dudas que certezas.

Es obvio que los depósitos judiciales están en pesos, por lo cual, el uso de fondos y la cancelación salarial podrían ser en esa moneda mientras la totalidad de la administración pública recibe sólo Lecop. Otro aspecto para el debate.

Legisladores ya tienen «reparos jurídicos y políticos» en el proyecto

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el radical Fernando Chironi advirtió tener «reparos jurídicos y políticos» que la Justicia utilice los depósitos judiciales.

Mientras tanto, la legisladora justicialista Silvia Jáñez afirmó estar reuniendo documentación -existe un antecedente en Chaco- y también acumulando enfoques de la cuestión pero afirmó que aún no tiene posición tomada.

Chironi dijo no conocer el proyecto pero advirtió tener reparos ya conociendo el borrador. «En lo jurídico, los depósitos pertenecen a las partes en juicios entonces cualquier renta o su propia disponibilidad corresponde a los actores del expediente judicial. No puede ser disponible para otros efectos. Además, el depositario -agregó- es el banco aunque están sujetas a disposiciones de los jueces pero siempre en favor de las partes del juicio».

El diputado radical agregó que sus reparos políticos están centrados en la prioridad planteada en la utilización de esos fondos. «Si fuese posible su uso bien entonces se podría destinar a servicios esenciales y sociales en la provincia, como puede ser al Ipross o los hospitales».

Por su parte, Jáñez afirmó haber solicitado la opinión a los colegios de abogados y de los magistrados. En principio, la legisladora entendió que la iniciativa «no es nada correcta según principios constitucionales y legalidad» pero resaltó que «en la práctica podría constituirse en una herramienta para lograr el funcionamiento judicial, que hoy está paralizado y perjudica a la gente».

Entre otros aspectos, Jáñez advirtió sus temores porque la disponibilidad temporaria se podría transformar en permanente y se trataría de un «precedente muy peligroso porque esos depósitos no son de los jueces. También, es cierto -agregó- que ahora el único beneficiado es el banco porque no paga ninguna renta. Por eso, el tema es muy complejo y hay que evaluarlo mucho», afirmó Jáñez. (AV)

La diputada García organiza apoyo a Verani

ROCA (AR).- La militancia de la UCR rionegrina -si bien está evaluando hacer una defensa al gobierno de Pablo Verani- no quiere chocar con las manifestaciones opositoras que se desarrollan en la provincia, por lo cual extrema la cautela en ese sentido, afirmó ayer la diputada provincial por ese partido, María Inés García.

La legisladora trasmitió a este medio: «Existe una voluntad de apoyar las acciones de gobierno pero de manera pacífica. Nosotros también tenemos derecho a expresar una defensa. Estamos evaluando los métodos».

La aclaración de la legisladora nació luego de las versiones de fuentes del radicalismo que estarían alentando una marcha que reuniría en la calle toda la línea de militantes del partido. Sin embargo, esta decisión se está planificando para evitar una confrontación directa con los sectores de la sociedad que han manifestado su descontento con la política que lleva adelante Verani. «Queremos transmitir que la militancia se autoconvocó esta semana para la mesa chica del comité para defender al gobierno. «No estamos pensando hacer una defensa que genere conflicto con las otras manifestaciones que se hacen. Fundamentalmente, la idea es que si hacemos el apoyo, éste no signifique una guerra con los otros grupos», concluyó García.

Sólo pagarían a los policías

El gobernador Pablo Verani espera recibir en la primer quincena de marzo algo más de 15 millones de Nación por envíos atrasados. Esas transferencias serán fundamentales para los salarios de enero.

Esta semana podrían remitirse cuatro millones pero no hay garantía. En principio, entre hoy y el miércoles, Economía procurará pagar al personal policial.

Además de las otras cancelaciones, el gobierno de Verani evalúa cómo comenzar con los docentes para destrabar el conflicto que se advierte en el inicio del ciclo escolar, previsto para el próximo lunes. Economía podría abonar con disponibilidad propia a la policía pero necesita de los recursos federales para el resto del cronograma de enero.

Además, prevé para esta semana transferir fondos a los municipios porque ya habrían acumulados cinco quincenas atrasadas de coparticipación. Los prestadores médicos también constituyen prioridad en la cancelación de obligaciones. Todo con los ingresos propios, la copartipación diaria y la espera de un envío nacional, que podría llegar a los 15 millones. (AV)