El STJ pidió sumarios por atrasos en causas de apremios en Valle Medio

VIEDMA (AV).- El Superior Tribunal de Justicia envío al Consejo de la Magistratura un pedido para abrir una investigación por el presunto “mal desempeño” en sus funciones de la jueza Marisa Bosco, como también de otros magistrados y funcionarios del juzgado N° 30 de Choele Choel. La presentación está centrada en la auditoría sobre ese juzgado relativa a expedientes de “apremios ilegales” de los últimos cinco años, que detectaron 90 causas en trámite con evidentes atrasos. La resolución de elevación, que fue firmada por el juez Sergio Barotto, fundamenta que el auditor Marcos Escandell registró 171 expedientes desde enero de 2007, de los cuales 90 “aún están en trámite”, “en algunos casos, con vista del fiscal favorable” o “se ha dictado el sobreseimiento” pero aún “no está firme”. En su argumentación, Barotto ratifica que el informe consigna una “importante cantidad de presuntos” pero “graves incumplimientos funcionales de los magistrados y funcionarios” de ese juzgado. Transcribe que Escandell pudo comprobar “atrasos en el despacho (principalmente en el avocamiento una vez realizado el requerimiento fiscal de instrucción); reiteradas citaciones a indagatorias a los imputados (quienes estando notificados no concurren a las audiencias; muchas veces desconociéndose los motivos de las ausencias, siendo sencillamente citados nuevamente ante la incomparecencia); audiencias que se fijan a tres y cuatro meses del despacho de citación, y falta de resolución de las situaciones procesales”, entre otros aspectos. En su informe, la auditoría –que ordenó el STJ por pedidos de la defensora del Pueblo, Nadina Díaz, y del presidente del bloque de la Concertación, Bautista Mendioroz– precisa que se repiten policías imputados, llegando al extremo en dos casos con cinco y diez causas “sólo por apremios ilegales”, tal como informó este medio días atrás. En su resolución, el magistrado del STJ recuerda que el artículo 23 de la Ley K 2434 establece como causal de enjuiciamiento de Magistrados o Funcionarios Judiciales el “mal desempeño de la función”, precisando que se incurre en ella cuando se “dejase de cumplir en forma reiterada, obligaciones expresamente señaladas” o se “dejase vencer repetidamente los términos sin pronunciarse”. Precisa que el STJ está habilitado para requerir la intervención del Consejo de la Magistratura y lo cumple Barotto como presidente subrogante por las ausencias en comisión de Víctor Sodero Nievas y Enrique Mansilla. Formaliza esta resolución de elevación “por los principios de celeridad y eficiencia”, valiéndose de la facultad presidencial de “adoptar las medidas urgentes que sean necesarias para la mejor administración de Justicia”. La resolución establece que está “exclusivamente con relación a magistrados y funcionarios” del juzgado N° 30, a cargo de Bosco, aunque no hace más distinciones. El aludido artículo 31, inciso B, de la ley del Consejo de la Magistratura (N° 2434) prevé que su presidente procede ante la denuncia con la apertura de una “investigación de los hechos denunciados” y dispone “elaborar un sumario de prevención”.