El STJ ratificó las condenas a Irigoyen y Ferrari

Santamaría fue beneficiado por una reducción a tres años en suspenso.



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Sólo Maza, abogado de Ferrari, escuchó a Sodero Nievas.

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COIMAS EN LA LOTERíA

VIEDMA (AV).- El Superior Tribunal de Justicia ratificó que existieron coimas por la explotación del negocio del juego durante la gestión de Pablo Verani en Río Negro. El máximo tribunal confirmó ayer las condenas al ex presidente de la Lotería, Miguel Irigoyen y al ex concesionario de los casinos en la provincia, Carlos Ferrari, a cinco y cuatro años de prisión efectiva, respectivamente.

En cambio, el STJ favoreció al ex basquetbolista Andrés Santamaría con la baja de la pena a tres años de prisión, estableciendo su cumplimiento condicional. Esta modificación lo liberó del riesgo de quedar detenido si la resolución queda firme, posibilidad que sí existe para Irigoyen y Ferrari.

Esta causa penal se originó en abril del 2002 por requerimiento de la fiscal Daniela Zágari, a partir de una investigación de “Río Negro”.

El fallo del STJ -que leyó ayer al mediodía su presidente, Víctor Sodero Nievas- reafirmó la convicción judicial de que existió un mecanismo de aporte de fondos de privados a funcionarios públicos, oportunamente estimado en más de 1,3 millón de pesos. La empresa Albany (a nombre de Santamaría) fue “adquirida ex profeso para ingresar dinero ilegal en un circuito legal y sólo tenía por función recibir y entregar dinero; para ocultar esto se utilizaron documentación y formas contractuales”, y el concesionario del juego (Ferrari) “fue mantenido en la concesión pese a sus incumplimientos y su situación concursal por el controlante en la administración (Irigoyen), con quien tenía un pacto venal”. Este párrafo conforma parte del análisis del STJ.

Sodero -quien hizo el primero voto- recuerda que Albany fue adquirida por Irigoyen por 1.500 pesos y, luego recibió de Varsa 1.175.701 pesos y de Tecno Acción 153.804 pesos. Desvirtúa dichos de Irigoyen y Santamaría acerca de que esa firma fue adquirida para comercializar de ropa. Albany “siempre tuvo el desempeño para cuya adquisición fue pensada”, dijo el juez, especificando que fue para “el ingreso ilegal de fondos”. Desestimó que Albany pudo tener relación de servicios con Varsa (de Ferrari) porque Santamaría no tenía “conocimiento de marketing”, como afirmaron los imputados.

A Irigoyen se le imputaron dos hechos y Sodero consideró que “no es arbitrario que el juzgador se aleje del mínimo de la pena”, permitiéndose la suma aritmética y el máximo era de ocho años de prisión, asignándose cinco que “es una pena media”.

En el caso de Santamaría, Sodero afirmó que el ex basquetbolista “conocía que el dinero para Irigoyen provenía de Ferrari” pero consideró que su actuación fue “en un hecho ajeno”, proponiendo así la reducción de la pena.

Por su parte, Luis Lutz no adhirió a ese beneficio a Santamaría porque “tiene una graduación mediana”. Opinó que la condena del tribunal juzgador no fue “cruel ni degradante ni excesiva”. En cambio, Alberto Balladini argumentó que la totalidad de las penas fueron excesivas, planteando una reducción general: Santamaría (un año y ocho meses), Irigoyen (tres años) y Ferrari (dos años y ocho meses), todas prisión en suspenso. Para Santamaría, Balladini aceptó la propuesta de Sodero como “pena justa” para establecer una mayoría.

Marcelo Ochoa


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