El STJ rechazó la apelación de ATE

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CIPOLLETTI (AC).- El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la sentencia de la Cámara del Trabajo de Cipolletti que rechazó la acción de amparo contra el municipio de Cinco Saltos por el cese del contrato de 57 trabajadores. El conflicto se inició a mediados de diciembre del año pasado cuando asumió la intendenta Liliana Alvarado. El tribunal laboral entendió que la cuestión debe resolverse por otras vías idóneas con mayor amplitud de debate y prueba. Hace unos días, los jueces del STJ rechazaron el recurso de apelación que había interpuesto Omar Meza, el secretario General de las Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Después de las cesantías, los trabajadores presentaron un recurso de amparo que fue rechazado por la Cámara Laboral de Cipolletti. Entonces apelaron esa sentencia pero no consiguieron revertir la situación. El STJ rechazó la medida y confirmó el pronunciamiento de la Cámara del Trabajo. Los dirigentes de ATE pretendían la reinstalación en sus puestos de trabajos a los contratados el 12 de diciembre. Los actores adujeron que la municipalidad de Cinco Saltos redujo en forma indiscriminada la planta de personal, justificado su accionar en una concepción civilista, sin contemplar la estabilidad del empleo público y la tutela sindical. El Tribunal Laboral entendió que la cuestión propuesta ha de resolverse por otras vías idóneas con mayor aptitud de debate y prueba como ser el contencioso laboral y en el caso de los delegados sindicales, por la vía prevista por la ley 23.551. Por ello consideró que “no se da un recaudo esencial para la procedencia de la acción intentada atento se advierte la existencia de otras vías ordinarias expeditas para dirimir su conflicto”. La baja de los contratos laborales de los 57 trabajadores también derivó en una causa penal, que se instruye en el Juzgado 6, a cargo de Gustavo Herrera. En ese expediente están imputados los secretarios generales de ATE provincial Rodolfo Aguiar y de las seccionales Alto Valle Este, Rosa Ñanco y del Alto Valle Oeste, Omar Meza, además de la secretaria administrativa del gremio, Dora Fernández. La jefa comunal decidió no renovar el contrato a un grupo de trabajadores, entre ellos tres representantes de ATE, lo que desencadenó una protesta que derivó en la toma de un sector de la municipalidad. Los dirigentes del gremio que estaban dentro del edifico fueron detenidos por la Policía y posteriormente liberados ante la oposición de la intendenta saltense a que interviniera el Centro Judicial de Mediación. Después quedaron imputados en la causa penal.

Los contratados cesanteados apelaron ante el STJ el fallo de la Cámara Laboral.