El test de alcoholemia será obligatorio en Neuquén

NEUQUEN (AN).- Negarse a someterse al test de alcoholemia constituirá, de ahora en más, presunción en contra del conductor. Y una novedad más: el presunto infractor puede ser sancionado con multas de hasta 10.000 pesos y se arriesga a perder la licencia por el término de dos años.

Otra sorpresa: ante la ausencia de control municipal, la comuna considerará válido el análisis que realice la policía de la provincia.

Una persona se encuentra bajo los efectos del alcohol cuando la tasa alcohólica métrica excede el 0,5% de sangre. En su defecto, el municipio acepta el certificado médico que constata la disminución de las facultades por efecto de la bebida, tóxicos o estupefacientes.

Este endurecimiento en la política de tránsito fue aprobado ayer por el Concejo Deliberante, sin disidencias internas.

Hasta entonces se consideraba una atribución de la persona acceder al dosaje de alcohol. Si se comprobaba, la multa máxima ascendía a 5.000 pesos y la suspensión del carné podía extenderse hasta seis meses.

El ajuste fue fundamentado en el alto índice de accionar culposo en la conducción de vehículos. Y en una estadística oficial que afirma que en 2001 la capital neuquina registró el 72% de todos los accidentes producidos en la provincia. En números, 2.774 sobre 3.848 casos.

Para los concejales la cantidad de incidentes automovilísticos en el tránsito local es alarmante teniendo en cuenta que el informe referencia únicamente los casos con intervención policial registrada.

Tampoco les resulta indiferente que las empresas aseguradoras de vehículos no afrontan el pago por los daños causados si el asegurado maneja en estado de ebriedad, una situación que denominan «pérdida de conciencia» transitoria.

El proyecto devenido en ordenanza fue propuesto por el concejal Rubén Roussillón, del Partido Justicialista. La iniciativa se erigió en norma meses después, si bien para su aplicación efectiva necesita ser promulgada por el intendente Horacio Quiroga.

La norma modifica dos artículos neurálgicos del código de faltas, que fija el alcance de cada penalización y las multas respectivas. Uno precisa que «la inhabilitación supone la suspensión o cancelación del permiso concedido por la administración municipal para el ejercicio de la actividad en infracción». La sanción se extiende de 18 a 24 meses como máximo pero contempla una prolongación «hasta tanto el infractor cumpla con todas las disposiciones municipales vigentes, en la materia que motivara la sanción».

El otro suspende la licencia de conducir por un período de hasta dos años, y aplica multas de 250 a 10.000 pesos a los automovilistas que conduzcan «en estado de alteración psíquica, ebriedad o bajo la acción de tóxicos o estupefacientes». Considera válida la presentación de la certificación de accidente y alcoholemia extendida por la dirección de Tránsito de la policía de la provincia, elevada ante los tribunales municipales de Faltas.

El final del articulado, advierte: «la negativa explícita a someterse al dosaje de alcohol constituirá presunción en contra del conductor en infracción».

Esta disposición es similar a la que aplican otros países que consideran falta «muy grave» y «tentativa de daño» conducir con niveles de alcoholemia por encima de los parámetros máximos tolerables.

El Concejo rechaza la venta de una nueva tarjeta de Altec

NEUQUEN (AN).- «Es una solución transitoria, la otra alternativa es levantar el estacionamiento medido», contrapuso el subsecretario General, Fernando Palladino, a la polvareda que levantó en el Deliberante la puesta en vigencia de una tarjeta de 6 pesos, que permitirá a los conductores estacionar su vehículo las horas que quieran durante una semana completa en cualquier lugar del centro.

Para todos los bloques políticos -incluso el oficialismo- esta variante supone una «violenta desigualdad» entre los usuarios de la tarjeta vigente y la nueva, pues los primeros pagarán muchísimo más caro el servicio, por tiempo real estacionado, en fracciones iguales o menores a cinco minutos.

Y afirma que desvirtúa el sentido por el cual fue autorizado el sistema, que es garantizar la rotación de vehículos en el epicentro urbano.

Por este motivo el Deliberante reclamó al municipio que se «abstenga de realizar y/o autorizar cualquier modificación a dicho servicio». Pero el Ejecutivo no le hará caso. Confirmó que suscribirá hoy mismo el acuerdo con Alta Tecnología (Altec), la gerenciadora del sistema.

«Será por 30 días no prorrogables», explicó Palladino. «No es el sistema que queremos pero ante una situación tan excepcional que se da con las dificultades en la importación de las tarjetas inteligentes, la otra alternativa es levantar el servicio», agregó.

La tarjeta de seis pesos por semana que empezará a comercializarse se parece bastante al abono que alguna vez Altec propuso implementar para los empleados de la administración pública, que hasta antes del servicio copaban el centro todo el día con sus autos.

Precisamente esa fue la razón que adujo la municipalidad para avanzar con el estacionamiento medido y pago. Palladino supone que este escenario no volverá a repetirse, «no creo que los empleados paguen 32 pesos al mes para estacionar», dijo.

El concejal David Lugones (Frente Grande), presidente de la comisión de Servicios Públicos, advirtió en cambio que ese convenio violará la ordenanza que autorizó al sistema. «Es un incumplimiento grave con sanciones de 5.000 pesos y está previsto como causal de rescisión del contrato», contrapuso.

Remarcó que Altec tiene la responsabilidad contractual de garantizar la adecuada provisión de tarjetas más allá de las dificultades de abastecimiento, «reales o no». Esta situación «de ninguna manera justifica desvirtuar, modificar o alterar las condiciones en las que se autorizó la implementación del sistema», acompañó todo el Deliberante.