El texto completo (Parte 3)

LA CORRUPCION

Ratifico lo que ya dije en mi informe anterior ante esta Legislatura: en este Gobierno hay corrupción. Hemos hecho denuncias, aportado gran cantidad de prueba. En su mayoría documental fehaciente, colectada por el Organismo luego de mucho trabajo. Pero, como estamos hoy?, Hoy nuestro sentimiento es de sospecha. Estamos, dadas las respuestas recibidas ante los hechos planteados, sospechando sobre la posibilidad de que exista una estrategia montada a fin de no permitirnos desentrañar toda la verdad. Y tenemos derecho a sospechar, claro que lo tenemos como todos los ciudadanos rionegrinos lo tienen. Las razones que dan origen a tal sensación las pasaré a describir, circunstanciadas en algunos de los casos que considero emblemáticos.

SARTOR DANIEL S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO” EXPTE. Nº 42231/09 Juzgado de Instrucción Nº 2 –Viedma.-

1- Se inicia un pedido de investigación ante el Presidente de la Legislatura en un todo de acuerdo con lo que establece la ley 3550 de Ética en la Función Pública por presunto “Crecimiento Desproporcionado del Patrimonio” del Legislador.

2- Se sustancia el expediente en la Legislatura, que en su dictamen final gira las actuaciones al Fiscal de Investigaciones Administrativas.

3- Desde la presentación en la Legislatura, dejamos pasar un tiempo prudencial, aproximadamente seis meses, e hicimos la presentación por presunto Enriquecimiento Ilícito ante la Justicia Penal.

4-El Fiscal de Investigaciones Administrativas decide archivar las actuaciones considerando que el crecimiento desproporcionado no existe y que los bienes que posee el funcionario los adquirió antes de ingresar a la función pública en el año 1995. Pese a la abultada documental aportada por nosotros de donde surgen fehacientes, las fechas de las escrituras públicas y de las inscripciones en los Registros de la Propiedad Inmueble, el Fiscal Berraz sustenta como prueba del archivo, pretendiendo deslegitimar nuestra jerarquía documental, boletos de compraventa sin fecha cierta y declaraciones testimoniales que no servirían ni como fundamento de una prescripción adquisitiva, usucapión.

5-En la tramitación de la causa penal, el Juez Reussi manda la actuaciones a la justicia Federal tomando como fundamento de esa competencia los cuatro meses que el funcionario se desempeño en Capital Federal contra los 15años de desempeño en la Provincia.

6-El Fiscal Ricardo Falca apeló esta resolución del Juez Reussi y logró un fallo de la Cámara que ordenó al Juez, investigar al Funcionario dada su incuestionable competencia. para el abocamiento.

7-Con relación al archivo administrativo, que dictaminó sobre la inexistencia de crecimiento en el patrimonio de Sartor después de su ingreso a la función pública, esta Defensora del Pueblo, intento a través de dos solicitudes bajo los Nº de notas 2456/09 y 2490/09 conseguir que el Fiscal de Investigaciones Administrativas Dr. Berraz le facilite la documentación que sirvió como sustento de su resolución.

8- Ante la negativa reiterada e infundada. Apelando la Defensora a lo que claramente establece el art. 11, Inc. K de la ley 2756 le pide al Juez Penal en turno, libre orden de allanamiento contra la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de poder secuestrar la documentación que era negada por su titular.

9- El juez, procede a dictaminar en forma negativa al pedido de allanamiento. Pero no brinda ninguna otra alternativa para que éste Órgano de Control pueda hacerse de dicha información.

10-Esta resolución del Juez Reussi , la apelamos y hace pocos días la Cámara elevo las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia considerando que dicho Tribunal es el que debe resolver y en su caso, mandar (Mandamus) al funcionario renuente a cumplir con la ley B1829 ,que regula el acceso a la información pública en la Provincia.

11-Porque queríamos esa documentación ? porque a nuestro criterio la resolución de archivo tiene todos los defectos para ser catalogada como nula de nulidad absoluta y debíamos avanzar en el planteo contencioso administrativo , cosa que igual hicimos, con los elementos que teníamos. Seguiremos adelante con esta cuestión porque creemos fundamental transparentar la verdad de los hechos.

CASO FLAVORS

AUTOS: DRA. ANA PICCININI S/ DENUNCIA” EXPTE. 730/08.-.

1-Entre las primeras medidas, se solicitó al Juez Funes pusiera una faja para impedir el acceso al establecimiento por parte de los dueños de la empresa a fin de preservar toda la materia prima , allí depositada, de la cual aún hoy no se conoce el origen , medida que jamás se tomo. Debo aclarar que el grupo MATAS en tres oportunidades intentó ingresar a la planta de Conesa y gracias a la custodia permanente de los trabajadores y la celeridad del agente fiscal Dra. Daniela Zagari, se pudieron preservar los elementos probatorios.

2-El Juez Funes durante el Secreto del Sumario impuso al abogado de la empresa de distintas medidas y diligencias realizadas y a realizar a través de cédulas de notificación.

3-Ante tamaña irregularidad, la Defensora del Pueblo pidió el juicio político del Juez por Mal Desempeño.

4-El pedido de Juicio político que tuvo un procedimiento totalmente irregular, inédito, postergando permanentemente la traba del mismo por parte del sumariante designado, alegando que no podía notificarlo porque no lo encontraba. En ese momento el Juez Funes estaba con licencia por enfermedad y la solución a tal cuestión alegada por el sumariante estaba en la última reforma del reglamento Interno del Consejo de la Magistratura el que fue ignorado.

5-El pedido de Juicio Político al Juez Funes que luego amplié por nueva violación al secreto de sumario y agudización de la demora a favor del Ministro Alfredo Pega , termino mandándose al archivo.

6-Al poco tiempo sin reintegrarse a sus tareas, las que interrumpe cuando esta Defensora le inicia Juicio Político, el Juez Funes renuncia y la renuncia le es aceptada, en condiciones de iniciar su trámite jubilatorio.

7-A días de ocurrido este acontecimiento político-jurídico, el Superior Tribunal de Justicia advierte retrasos y disfuncionalidades en el juzgado del juez Funes alegando que hay 200 expedientes atrasados e iniciando sumario a los Dres. Daniela Zagari y Ricardo Falca. Llamativamente a la Dra. Zagari que es la fiscal de grado que promovió acción penal contra los ministros del Poder Ejecutivo Verani, Uría y Pega; y contra la Legisladora Gutiérrez y los empresarios Matas y Bicchi. Y el Dr. Ricardo Falca es el Fiscal que promovió acción penal por Enriquecimiento Ilícito contra el legislador Sartor.

8- La Cámara de Superintendencia de la Primera Circunscripción Judicial, Sala A, elevó con anterioridad a estos acontecimientos al STJ un frondoso expediente que cuenta con severos señalamientos de disfuncionalidades en el Juzgado del juez Funes. Este detallado expediente fundado en casuística, que también estuvo a consideración del Consejo de la Magistratura solo alcanzó a conmover la voluntad sancionatoria del STJ al punto de una sanción denominada “Llamado de atención” creación “sui generis” del más alto Tribunal desconocida por el derecho positivo vigente. El Consejo de la Magistratura por mayoría ignoró lo que marcó el Tribunal de Superintendencia. Con toda esta información se contaba antes de la renuncia de Funes.

9-Se nos esta negando en primera instancia la posibilidad de presentarnos en esta causa Flavors como querellante, en defensa de todos los ciudadanos rionegrinos que comieron estos alimentos. Se pretende asimilar y suplir nuestra presencia en el juicio dada la presentación en el mismo, del Fiscal de Estado que se constituyo en nombre del Estado rionegrino. Nada más alejado de la realidad y del derecho. Apelamos esta decisión ante la Cámara, si nos niegan la posibilidad allí planteada, vamos a pedir ser testigos en la causa por los alimentos. Nadie sabe más de esta causa que este organismo de Control.

Además de lo hechos expuestos que fundan las razones que dan origen a nuestras sospechas, a lo largo de nuestras investigaciones en el tema provisión de alimentos para los planes sociales en la Provincia de Rio Negro, advertimos que también existen llamativas coincidencias.

Coincidencias que creo, la justicia debería investigar.

En el tema provisión de Alimentos, planes alimentarios, a lo largo de los años en esta Provincia, la coincidencia es que son siempre los mismos los beneficiarios del mercado casi cautivo y siempre los mismos los decidores institucionales que hacen recaer en estos empresarios los contratos y las licitaciones.

ROCAFE

La empresa en cuestión nace en Gral. Roca y su actividad principal era tostadora de café. Cualquiera de los presentes oriundos del Valle recordarán el aroma a café que sentíamos al pasar por esas instalaciones.

La primera en existir fue Rocafé S.R.L. nacida en el año 1961.

Aparece en el año 1972 la sociedad denominada Establecimiento Libertad S.A.

En ese año el paquete de cuotas de Rocafé pasa a integrar Establecimiento Libertad S.A.

En l973 cambia la denominación y vuelve a ser Rocafé pero ahora como S.A.

En el año 1990 se hace la adecuación a la L 19.550.

A lo largo de los años los socios de la empresa fueron cambiando.

En el año 1995, Daniel Alberto Sartor asume como Subsecretario de Acción Social de la Provincia de Rio Negro.

Es a partir de allí donde podemos marcar que durante años esta empresa, contrató con la Provincia en el rubro alimentos casi con exclusividad en las grandes compras.

Las personas que representaban a la Provincia con poder de decisión para la adjudicación de estos contratos eran, las que continuaron a través del tiempo, en los distintos períodos y continúan aún hoy.

En nombre y representación de la empresa Rocafé actuaba el Sr. Daniel Fernández. No solamente proveían a la Provincia de los alimentos para los planes sociales, sino que además instalaban máquinas de Café que fueron distribuidas en todos los organismos públicos provinciales a través de contrataciones mensuales de importantes montos por máquina. También, de nuestras investigaciones surge que la empresa Rocafé fue adjudicataria de la provisión de mercaderías para el Programa Nutricional PRANI implementado en la Provincia a través de un convenio que firma con Nación. El gobierno nacional subvencionó el programa infantil PRANI. El Expte. Nacional era el Nº 9392/99 y por una suma de $92.000 (dólares).El compromiso de la Provincia radicaba en armar con ese dinero 5.500 módulos de acuerdo a lo pactado para el programa infantil PRANI. Este programa en su momento fue auditado por Nación con dictamen negativo.

En 1998 de acuerdo a nuestras verificaciones, aparece una inhibición general de bienes sobre Rocafé .El juicio en el marco donde se ordena esta inhibición, era una demanda ejecutiva por parte del Banco Central de la República Argentina.

Ante esta situación y con una medida cautelar Rocafé habría seguido negociando con la Provincia sin caer del Registro de Proveedores del Estado .En su última aparición pública Rocafé, compite para el abastecimiento de los alimentos con la empresa MASILY S.A en la licitación 33/99expte N° 89255-S.P.A-99 .Esta última, en esta licitación hace su primera aparición pública; lo llamativo que surge incontrastable del análisis de la documental, es que Rocafé compulsa contra Masily en esa Licitación, ofreciendo productos alimenticios de Masily. Es decir una Empresa que compulsa con otra para mantener el mercado de provisión de alimentos para planes sociales en toda la provincia, ofrece para “ganarle”, los alimentos de la otra que recién ingresaba en la Provincia. La licitación tiene como ganadora a Masily.

En la siguiente licitación en que se presenta Masily para la provisión de alimentos, el representante de esta nueva empresa proveedora que viene de la provincia de San Luis es… el Sr. Daniel Fernández. El mismo Daniel Fernández que representaba a Rocafé. Ante la apertura del Concurso de Acreedores de Masily en San Luis y su potencial caída del Registro de Proveedores del Estado de nuestra provincia, se inscribe en el Registro Proveedores de la misma, una nueva empresa: Flavors y Cia S.A. También proveedora de alimentos preelaborados. La coincidencia es que los alimentos que ofrece se encuentran registrados a nombre de Masily.

Quien es el representante de Flavors en la Provincia de Río Negro? El Sr. Daniel Fernandez, el mismo Daniel Fernández que representó a Rocafé y luego a Masily. Repito ahora a Flavors.

Otro dato importante es que Masily juntamente con Flavors conforman dos de las empresas del grupo Matas.

Es relevante hacer notar que de nuestras investigaciones surge que la empresa Rocafé, Masily, Flavors y la transportista de los hermanos Calabozo compartieron, durante años en Gral. Roca, las mismas instalaciones: Tucumán Nº 2334.

Quien es el Sr. LUIS RAMON MESTRES?

Un anciano de 83 años, de escasos recursos económicos que viene a presidir el directorio de Rocafé. También se lo supo ver en un listado de empresarios de Uruguay. Este señor pudimos investigar, era una persona que se dedicaba a la gestoria en Capital Federal. Tenemos constancia que vino a Gral. Roca una sola vez.

Quien es el Sr. SERAFIN CEFERINO LOPEZ?

Un anciano con las mismas características de Mestres, que vive en un humilde barrio de la Provincia de Mendoza, según pudimos constatar y que figuraba como integrante del Directorio de la empresa Flavors en Mendoza.

Queda mucho por delante en esta causa que considero una de las más importante en trámite, porque se trata de dilucidar quienes fueron los responsables de haber dado de comer por años alimentos a las personas de menores recursos, alimentos de mala calidad, carentes de nutrientes y de higiene y de los cuales hoy desconocemos su origen y desconocemos las consecuencias que en la salud pudieron haber provocado en estos consumidores.

Reitero llamativas coincidencias que profundizan las sospechas.

Causa: “DEFENSORA DEL PUEBLO S/ DENUNCIA (GASTOS PASAJES OFICIALES)

Esta causa que tiene por objeto desentrañar la existencia efectiva de los viajes de personas indigentes a la ciudad de Buenos Aires, dado la exagerada cantidad de pasajes emitidos y los montos invertidos en este rubro por el Ministerio de Familia, tiene dos situaciones profundizando la sospecha desde su inicio.

1.-La presentación se realiza el día sábado 06/12/08 por la mañana ante el Fiscal en turno.Es tan completa la denuncia en lo que a la justificación de preservar la prueba se refiere, que el día lunes por la mañana se estaba llevando a cabo el allanamiento.

2.-A las pocas horas el propio gobernador anoticiado de la simple y ritual diligencia procesal que se había llevado a cabo, propia de la actividad de los jueces, exclusiva y excluyente facultad sólo reservada a su criterio y a la valoración de sus probanzas; convoca a los miembros del S.T.J. para advertirles que no iba a tolerar este tipo de avasallamiento al Poder Ejecutivo y que procedería junto al Fiscal de Estado presente en la reunión, con un escrito, a iniciar Juicio Político al Juez y al Fiscal del allanamiento, Dres. Reussi y Marcelo Álvarez respectivamente. Hizo la presentación ante el Consejo de la Magistratura, el que luego de un breve tratamiento la mandó al archivo. Dos conductas, dos roles totalmente fuera de contexto, la del Gobernador desconociendo las competencias y facultades constitucionales de jueces y fiscales y el fiscal de Estado desconociendo las propias. Y desconociendo además que el Consejo de la Magistratura no es el Superior del Tribunal de Justicia; es un órgano extrapoder.

3.-En esta causa hay una importante cantidad de prueba, expedientes liquidados y pagados, cuya lista con carátula y número elevamos al fiscal. Recordemos los montos devengados por el Ministerio de Familia aplicados a este gasto, estamos hablando de $ 2.542.312,21 en el año 2008, con una llamativa inclinación en la contratación hacia una empresa de transporte, con referencia a otras, que hacen el mismo recorrido. Les recuerdo a los señores Legisladores que los montos denunciados son todavía mayores si se tiene en cuenta que este Ministerio no es el único que otorga pasajes oficiales. Volviendo a la materia probatoria, hay una cantidad de expedientes importantes que todavía no han sido entregados al Juzgado en una actitud a esta altura más que renuente, alegando que no se los puede encontrar.

4.- Pasaré ahora a detallar los gastos actuales en el mismo rubro por parte del Ministerio de Familia. En la actualidad entonces, desde nuestra presentación judicial en adelante, en el Ministerio de Familia, la cifra se redujo en el 126% siempre con una preeminencia ponderable hacia la misma empresa.

Parece que nuestra denuncia ayudó a la razonabilidad del gasto. A través de nuestra simulación realizada por nosotros concluimos que el Ministro de Familia autorizaba el transporte de un colectivo diario completo tramo Viedma-Buenos Aires.

CAUSA: DEFENSORIA DEL PUEBLO S /DENUNCIA DEFRAUDACION-EXPTE. Nº 5682/09-JF20-VILLA REGINA

Hablamos de sospechas y en esta denuncia se profundizan las mismas. Este Sr. Sansuerro, Secretario General del Sindicato de Viales y Director de una empresa del Estado Viarse fue denunciado ante esta Defensoría del Pueblo por un grupo importante de personas a quienes les vendió parcelas destinadas para la construcción de su vivienda familiar alegando la existencia de un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPPV) .Habiendo constatado esta Defensora del Pueblo que tal convenio no existía y que en los próximos dos años, no había posibilidades que de que se suscribiera, atento que el Instituto carece de cupos .Además de otras irregularidades detectadas, como que el terreno no estaba mensurado y que la fracción mayor estaba a nombre del propio Sansuerro y de un tercero ajeno al Sindicato ; el inmueble tenía una hipoteca en primer grado por una importante suma de dinero. Ante tal circunstancia denunciamos penalmente a Sansuerro.

Sansuerro sigue operando, no solamente en Villa Regina sino en otras ciudades de la Provincia, sigue integrando el Directorio de Viarse y el IPPV a nuestro entender no ha controlado ni controla en la actualidad un servicio que obviamente ha tercerizado y que deja en manos de personas por lo menos inescrupulosas problemáticas tan vitales para la gente como lo es la adquisición de su primer vivienda familiar.

La sensación es que el gobierno protege a Sansuerro dado que luego de todas estas denuncias, la situación no cambia, sigue vendiendo presuntos lotes y presuntas viviendas; incluso sigue siendo Director de una empresa del Estado. Amenazó a esta Defensora del Pueblo públicamente y a una de las denunciantes de la situación. Su actitud fue tan violenta que nos obligó a solicitarle al Fiscal custodia policial para la Señora, la que temía por su propia seguridad y la de sus hijos.

Tengo que confesar Sres. legisladores que cuando describo esta situación no puedo dejar se sentir desazón.

DESIGNACION DE ECHARREN

Un capítulo especial, y que agrava esta sensación que describo merece la designación del Dr. Nelson Echarren como fiscal General.

Un dato no menor, Echarren era hasta hace unos días, abogado del legislador Sartor en las causas denunciadas por esta Defensora del Pueblo. Respeto la libertad de mis colegas de elegir las causas donde actuar y respeto el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a ser defendidos en juicio por el abogado que elijan. Cuando el Fiscal de Investigaciones Administrativa Dr. Berraz en la causa por presunto Crecimiento Desproporcionado del patrimonio del Legislador Sartor, saca la Resolución de archivo, el Dr. Echarren salió a la prensa ha anunciar que la cuestión ya estaba terminada. Que se presentaría ante el Tribunal Penal donde tramita la causa por presunto Enriquecimiento Ilícito del Legislador Sartor iniciada por nosostros a fin de que el juez se notificara de la resolución y se termine con esa investigación, fundando el derecho de su cliente en la resolución liberatoria del Dr. Berraz.

Eso generó una gran confusión en la gente. El Dr. Echarren conoce perfectamente la incidencia que puede tener una resolución administrativa sobre una investigación penal.

Podría en todo caso tomarla el Juez Penal como una prueba más de la que esta colectando, a favor o en contra del denunciado, pero de ninguna manera relegar su facultad de “Decir el Derecho” ( jurisdicción) a la autoridad administrativa.

El Dr. Echarren esta siendo juzgado en causa penal por prevaricato, en su significado etimológico prevaricato deriva del verbo latino “prevaricare” que quiere decir desviarse del camino recto o caminar torcido. Este delito esta contemplado en el Código Penal Argentino, dentro de los delitos contra la Administración Pública .Se trata de un delito cometido por jueces, árbitros, amigables componedores, abogados, fiscales, y funcionarios similares, que actúan con falsedad, o violan las leyes vigentes. El prevaricato del juez requiere el dictado de una resolución judicial fundada en hechos falsos o contraria a la ley. El prevaricato del abogado, fiscal, mandatario, asesor o funcionario judicial, implica que estos sujetos defiendan o representen partes contrarias en el mismo juicio, o que de cualquier otro modo, perjudiquen deliberadamente la causa que le estuviere confiada.

Además tiene una causa pendiente administrativa ante el STJ. En la causa penal se negó a comparecer cuando fue citado a Explicativa alegando fueros, que no tiene .Desconozco cual fue la resolución del juez penal ante semejante planteo. La causa administrativa todavía no fue resuelta por STJ. Esto sucede en forma simultánea al desarrollo del procedimiento para su designación, en estas condiciones llega al Consejo de la Magistratura como candidato para compulsar por el cargo de Fiscal General y lo eligen por mayoría en contra inclusive de la propia autoridad del Ministerio Público, quien sería su superior jerárquico.

Porque forzaron su designación por mayoría? Porque incluso impusieron una nueva mecánica de elección?. Sobre tablas y por mayoría, cambiaron los parámetros que se venían utilizando para resolver las distintas incorporaciones a la justicia en toda la provincia.

El legislador Martín Soria voto en las dos oportunidades en contra y los legisladores del gobernador sin poner la mínima resistencia, fueron parte también de esta designación forzada y plagada de irregularidades.

Es lamentable el comportamiento del Dr. Echarren. Estará ahora a cargo de la persecución del delito una persona que esta sospechada de haberlo cometido; someterse al esclarecimiento pleno de su situación le hubiera hecho mucho bien a su persona y a las Instituciones. Debemos aclarar que fue denunciado por un Juez, cuando el Dr. Echarren aceptó ser juez en una causa donde el Estado Rionegrino demandaba civilmente a su defendido por la misma causa, en sede penal.

Es lamentable la actuación del entonces Presidente del STJ y presidente del Consejo de la Magistratura, que teniendo a su cargo la resolución del procedimiento administrativo, donde se debía juzgar la conducta del Dr. Echarren no resolvió el expediente pendiente, donde estaba cuestionada su conducta, antes de su designación.

Y es lamentable la actuación del Poder Ejecutivo que no solo acompaña y legitima todos estos despropósitos sino que además el actual Ministro de Gobierno en un acto de desafío ante los públicos cuestionamientos a esta designación, recibe al Dr. Echarren en su despacho dándole a la visita una calidad institucional de la que carecía en ese momento. Echarren no había asumido.

Que pasará con los dos procesos pendientes contra el Dr. Echarren? El penal y el administrativo. Los dos deben ser resueltos. Para el caso de ser resueltos a favor, el pueblo agradecerá la premonición de los consejeros, pero si el Dr. Echarren fuera condenado penalmente por prevaricato o sancionado administrativamente por el Superior Tribunal de Justicia, el bochorno institucional no tendrá dueño. Y otra vez el precio lo pagará la credibilidad en las instituciones.

ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber como los funcionarios manejan los asuntos públicos, que decisiones toman, que destino le dan al dinero del Estado o que hacen o dejan de hacer.

Este derecho de acceso a la Información Pública es reconocido internacionalmente como un derecho humano y en la Argentina y en nuestra provincia, tiene jerarquía constitucional.

Según Damian Loreti “El derecho a la Información Pública es un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. Su culminación esta en el derecho a la participación política, a la transparencia y a la vida en un Estado de Derecho Democrático. Es también un límite a la exclusividad o monopolización de la información por parte de los estados, los grupos de presión o los partidos políticos.”

Creo que la violación permanente por parte de este gobierno a la ley B 1829 que regula el libre acceso a la información pública en Rio Negro .es un síntoma más de la falta de transparencia con que se maneja la cosa de todos nosotros. Y es además un retroceso, porque esta provincia, una vez puesto en marcha el Sistema Democrático, fue una de las primeras en sancionar leyes de esta naturaleza. El descreimiento del ciudadano se profundiza día a día, la sociedad pareciera ya no tener esperanzas de que las cosas se hagan con transparencia y bien.

Esta forma casi lasciva de construir y ejercer el poder ofende y genera un clima de indiferencia y resignación sobre el cual es imposible construir el progreso.

La normativa vigente queda en la nada ante la negativa de los funcionarios a dar información. Como ejemplo podemos citar la negativa del Fiscal de Inv. Administrativas Berráz, cuando obstruyó nuestra labor impidiéndonos acceder a la documental que sirvió de fundamento a su Resolución de archivo en el caso Sartor. Esto nos llevó a solicitarle al Juez Reussi una orden de allanamiento. La negativa de Reussi sin ninguna opción alternativa para hacernos de dicha información, nos obligó a apelar la medida. También puedo citar el dictamen de la Dra. Silvia Jañez, Secretaria Legal y Técnica de la Gobernación que hoy es usado como formulario tipo por muchos funcionarios para violar la normativa vigente, lo que motivó oportunamente, la advertencia de esta Defensora, sobre las consecuencias que deberán afrontar en el futuro. Escudados en él nos han hecho más difícil la tarea en temas tan importantes como Publicidad Oficial, Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Concesiones Petroleras, entre otros.

Quiero expresar que cada vez que se le niega información a esta defensora del Pueblo se la esta negando a todos los ciudadanos de la Provincia a quienes por mandato constitucional represento. En Río Negro se esta violando flagrantemente la Constitución concretamente el Art. 26 tercer apartado que textualmente dice:” todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho del libre acceso a la fuentes públicas de información…”.El constituyente ha querido que todos estén informados y tengan acceso a lo que hace el gobierno, en el caso concreto de la Defensora del Pueblo la ley 2756 es muy clara al respecto no solo reafirmando el derecho sino que en su Art.11 Inc. c de la ley orgánica de la Defensoría ,se expresa sin dar lugar a interpretación que hasta el secreto gubernamental cede , ante el pedido de la Defensora del Pueblo.

DUDAS Y SOSPECHAS QUE ESTAMOS INVESTIGANDO

Los funcionarios públicos, tenemos un sin números de cargas, de obligaciones, que superan ampliamente a las personas del común. Pero como contrapartida, somos nosotros los que a diario tenemos el poder de modificar con nuestras acciones la vida de los demás, para bien o para mal. El ciudadano, tiene derecho a exigirnos honestidad, y no solamente en el sentido de la buena y sana administración de los dineros públicos sino también con respecto a nuestra capacidad, destreza y experiencia para manejar los asuntos del estado.

Existen en Río Negro, casos donde diría yo, las actitudes de algunos funcionarios tienen un cierto grado de obscenidad.

Para usar algunos hechos como ejemplo, de las constataciones realizadas por el Organismo de Control que dirijo y sobre las que estamos trabajando advertimos:

1) Existen amigos de funcionarios públicos, que aparecen ganando licitaciones millonarias. Las empresas de las que son parte se constituyen un año antes del llamado a licitación, y con un capital que no alcanzaría para responder ante el mínimo daño causado al Estado o a las personas.

2) Existen cónyuges de funcionarios al frente de Empresas que ganan licitaciones y contrataciones directas, con recaudaciones anuales millonarias. Sin antecedentes ni empresariales ni profesionales en el rubro, tan solo por haber sido empleados o funcionarios del Ministerio al que ahora proveen.

3) Nuestras investigaciones revelaron que el Dr. Alberto Romero que se desempeñaba como responsable del Programa de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, al mismo tiempo Auditor del Área oncológica del IPROSS, estaba vinculado con el principal proveedor de medicamentos oncológicos de la Provincia, Gavazza a través de una sociedad denominada Kroin .

4) Contratos con empresas, sin habilitación para el tipo de servicio para la que son contratadas.

Debo destacar que todas estas empresas tienen su domicilio fuera de la provincia.

5)Tenemos dudas, sobre la Renegociación de los Contratos Petroleros.

6) Dudas, sobre la renegociación de los Contratos de Concesión del Juego.

7) Dudas, sobre la actividad de Vialidad Provincial.

8) Dudas, sobre las actividades de la Dirección Provincial de Tierras.

9) Dudas, sobre la transparencia en la distribución y adjudicación de la Obra Pública, tanto la que se hace con dineros propios como la que se realiza con aportes nacionales.

10) Dudas, sobre la confesión de un empresario viedmense, contratista por excelencia del Estado, con respecto a la construcción de una mansión en Viedma, a través un crédito de materiales otorgado por él a un alto funcionario rionegrino, decisor con gran predicamento dentro del gobierno.

11) Dudas, sobre una funcionaria abogada, que maneja contrataciones millonarias y que omitió en tiempo y forma la presentación de su Declaración Jurada. Y dudas que surgen de su tardía presentación, que generó por parte de esta Defensora una investigación vía la aplicación de la ley de Ética Pública Nº 3550. Las investigaciones sobre el patrimonio de la Doctora Tamara Perez Balda todavía se encuentran sin resolver.

12) Dudas, cuando este gobierno le otorga exenciones impositivas a una empresa insolvente con un grado de morosidad ante sus acreedores, que llamaría la atención de cualquier buen hombre de negocios.

13) Dudas, cuando empresas insolventes y concursadas son registradas en el Registro Provincial de Proveedores del Estado, y sin autorización de las sindicaturas, compulsan y ganan licitaciones millonarias.

14) Dudas, cuando se negocia con empresas de transportes sumas millonarias de pasajes oficiales para supuestos indigentes y ante la denuncia, el Ministerio responsable, Sr. Alfredo Pega, se niega a aportar expedientes claves, para desarrollo de las probanzas, alegando que se perdieron.

15) Dudas, cuando ante las investigaciones de la defensoría, por caso las que estamos realizando sobre el Consorcio de Riego intervenido, el funcionario mas comprometido en nuestra investigación renuncia antes de dar explicaciones.

16) Dudas, cuando el propio gobernador, pide el juicio político del juez Reussi y del fiscal Marcelo Alvarez, por proceder en un todo de acuerdo con la ley, a allanar el Ministerio de Familia en busca de prueba ante una denuncia.

17) Dudas, porque son siempre las mismas empresas proveedoras y son siempre los mismos decisores dentro de las empresas y dentro de las estructuras del gobierno. Aunque a veces las empresas cambien de nombre y los ministros también.

18) Dudas, sobre la conducta desplegada en el ejercicio de la presidencia del Superior Tribunal por parte del Dr. Luis Lutz dado que su actividad rectora como máxima autoridad del Poder Judicial no reveló la energía suficiente en lo que a la causa Flavors llevada adelante por el Juez Funes se refiere, como así también sobre sus colaterales, pedido de Juicio Político al Juez Funes ante el Consejo de la Magistratura, tramite plagado de irregularidades y el expediente denunciando disfuncionalidades por parte de la Superintendencia, prácticamente ignorado por los decisores. Tampoco observamos un abocamiento pleno en lo que al avance de la policía sobre la autoridad de los jueces se refiere. Es conocida la destitución del Oficial Ormeño por obedecer las órdenes de la jueza, lo que significó la subversión del orden jerárquico Institucional establecido, sobre lo que la máxima autoridad judicial no dijo nada. Cerrando su gestión sin haber emitido dictamen sobre el expediente administrativo que pesa sobre el Dr. Echarren, con la gravedad de que presidía el órgano que lo designó; es decir su rol, reitero, era doble ante algunos de los hechos planteados.Tenía entonces doble responsabilidad. Todo esto tiene como resultado que el ciudadano sospeche sobre la existencia de alguna garantía de impunidad pactada.

19) Dudas, cuando solicité audiencia ante el S.T.J. para interiorizarme sobre sus ideas, sus políticas activas en materia de lucha contra la corrupción , previo hacerme agregar en la nota los temas que pretendía abordar, corrupción y 82% móvil les hice saber expresamente, me negaron el ingreso al Tribunal.

Todas estas dudas generan interrogantes, desazón, cansancio en la ciudadanía pero a su vez, redobla el compromiso de la Institución que represento. Y si alguna vez la ciudadanía y el periodismo comprometido que siempre nos acompaña, observa alguna retracción en nuestra actividad, tengan la plena certeza que será para tomar impulso.

“LA MUJER DEL CESAR ADEMAS DE SER DEBE PARECER”

Julio Cesar había sido designado Pontífice Máximo, cargo que implicaba una casa nueva en el Foro, la Domus Publica, la presidencia del Colegio de Pontífices y una cierta preeminencia en la vida religiosa de Roma, así como la asunción de los deberes y derechos del paterfamilias sobre las Vírgenes Vestales. Su estreno como Pontifex Maximus fue marcado por un escándalo. Después de la muerte de Cornelia Cinna, César se había casado con Pompeya Sila Como esposa del Pontifex Maximus y una de las mujeres más importantes de Roma, Pompeya era responsable de la organización de los ritos de la Bona Dea en diciembre, una liturgia exclusivamente femenina, donde los hombres no podían participar. Pero durante las celebraciones del año 62 a.C. un joven líder demagogo, conceptuado peligroso, consiguió entrar en la casa disfrazado de mujer, al parecer, movido por el lascivo propósito de yacer con Pompeya. En respuesta a este sacrilegio, del cual ella probablemente no era culpable, Pompeya recibió una orden de divorcio. César admitió en público que él no la consideraba responsable, pero justificó su acción con la célebre máxima:

“La mujer de César no sólo debe ser honrada, además debe parecerlo”.

“La mujer del Cesar no solo debe ser honesta, sino que además debe parecerlo”.

A todos nosotros esta máxima nos resulta familiar porque la escuchamos desde niños. De la boca de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestros maestros. Y siempre que la escuchamos la referenciamos a la autoridad. Autoridad que no debe posar de honesta sino que esta honestidad debe ser clara y cabalmente percibida por toda la gente.

En esta época de crisis total de la credibilidad que debe existir necesariamente entre el que administra la cosa pública y el administrado, la cuestión se torna difícil. Los que dirigen, todos los que dirigen, los gobiernos, la justicia, los sindicatos, las empresas, deben prestar una especial atención cuando se trata de calificar la probidad de sus colaboradores y una gran celeridad y capacidad de reacción para imponer las sanciones.

En los últimos tiempos, en esta Provincia se trasparentaron situaciones, que han tenido a este Órgano de Control como protagonista de algunas de las muchas denuncias por presunta corrupción en el gobierno, el que ha tratado de encubrir o de esconder irregularidades y no ha colaborado a mantener la imagen de la Administración ni la de la política. En el sentir de la ciudadanía rionegrina, ambas están degradadas.

Este desprestigio solo podrá ser reparado si asumen en los cargos personas probas con capacidad innegable de liderazgo, idóneas y con dotes suficientes para el verdadero trabajo en equipo.

El que manda debe revisar los antecedentes de las personas que van a colaborar en su gestión. Debe seleccionar y luego monitorear el cumplimiento por parte de éstos de sus deberes y de las leyes que regulan la actividad pública.

Es necesario que el Sr. Gobernador tome estas palabras como una recomendación expresa de la Defensora del Pueblo.

Un caso paradigmático lo representa Carlos Alberto Lorenzati, designado en el año 2006 como Director General de Análisis Delictivo en el Gobierno de Miguel Sáiz.

Lorenzati aparece en la lista de colaboradores de la represión que publicó la Revista Veintitrés en su última edición. Figura como “agente de producción”, esto es como informante del organismo de inteligencia durante la última dictadura militar, más precisamente el Batallón 601.

Cabe recordar que Lorenzati, al momento de ser cuestionada su designación, con el respaldo de las autoridades provinciales argumentó que se trataba de un homónimo, cuando se supo que el juez Rafecas lo investigaba en el año 2008.

Esta Defensora le pregunta al Sr. Gobernador: Por qué, con qué finalidad fue designado Lorenzati en el Gobierno Provincial, a quién tenía que vigilar?.

Deben existir castigos ejemplares y aquellos funcionarios públicos que traicionen la confianza depositada por la gente, sus mandantes, aquellos funcionarios públicos que conciben la política como un medio de enriquecimiento personal, aquellos funcionarios públicos que cometan actos de corrupción deben ser expulsados, deben ser apartados, deben ser sometidos a Juicio Político o a la Revocatoria Popular y juzgados penalmente por sus delitos.

Y aquí debo detenerme sobre el papel central que le cabe a los jueces de mi Provincia en la lucha contra la corrupción pública. Los párrafos anteriores también corresponde aplicárselos a los jueces. Sus superiores deben revisar cuidadosamente sus antecedentes y luego monitorear su desenvolvimiento.

Sin la independencia real, efectiva y no declamada de la justicia, nada se podrá corregir. El mal funcionario, el corrupto, trata de garantizarse la impunidad manipulando a la justicia. Los jueces tienen la obligación constitucional y moral de asegurar a la ciudadanía de Río Negro que no habrá delincuencia enquistada en el sector público.

El Gobernador de la Provincia, Dr. Miguel Ángel Saiz y gran parte de su gabinete, como así también otros funcionarios provinciales, creen que son seres superiores. Superiores a sus mandantes y superiores a todos. Sin mostrar ni evidenciar respeto por cargos constitucionales que conforman el Estado, ejercidos por personas con idoneidad, que son denostadas y apartadas por pensar diferente, en una actitud totalmente autoritaria e intolerante frente al disenso. Administran la cosa pública, la cosa común, la cosa de todos, como si se tratara de sus bienes personales. Efectivamente se creen seres superiores, he podido constatar actitudes de soberbia, especialmente hacia mis colaboradores, que son imperdonables.

En sus agendas advertimos contenidos, por ejemplo la Reforma de la Constitución, alejados totalmente de la realidad en que vive el ciudadano común y de sus necesidades urgentes.

Actúan de sordos y ciegos, se hacen los que no ven y los que no

escuchan los reclamos de la gente, que sufre permanente y cotidianamente por sus errores. Se aíslan en “burbujas de irrealidad”.

Para terminar quiero expresar que este Órgano de Control va a sumar un nuevo desafío a su tarea. Hemos emprendido la lucha contra la corrupción, ahora vamos a emprender, en lo que queda de nuestra gestión, la lucha contra la impunidad, contra la falta de castigo.

Cuando existe impunidad la corrupción se torna aun más nociva. Este condimento la protege e impide su corrección. Así como queremos terminar con la corrupción, sabemos que para ello debemos derrotar a la impunidad.

Mientras transitamos este camino, a veces altivos, otras cabizbajos, escuchamos muchas voces, algunas de aliento, otras de desaliento. Muchos creen que cambiar las cosas es posible, otros, nos vaticinan que jamás nada va a cambiar. Pero a pesar de sentirnos a veces turbados entre tantas opiniones encontradas sobre nuestra gestión, para nosotros lo más importante es el camino que hemos elegido.

Ese camino sobre el cual coincidimos en volcar todas nuestras fuerzas y nuestras esperanzas, en ese camino nos mantendremos firmes. Aunque caigan sobre nosotros cientos de tormentas. Tenemos que llegar al final, tenemos que lograr la meta.

Volver a creer, es el desafío. Volver a respetar es la garantía. Volver a soñar es un deber.

Nadie, por más poderoso que se pretenda, tiene el derecho de manipular nuestro destino.

Muchas gracias.-