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La según parece eterna crisis económica, que ya ha sumido a casi la mitad de la población en la pobreza extrema, ha entrado en una fase muy peligrosa.


Alberto Fernández, Martín Guzmán y los demás quisieran que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la institución que vela por la estabilidad financiera del mundo, se prolongaran por un par de años más para seguir brindándoles oportunidades para asumir una postura de superioridad moral, lo que hacen alardeándose de los sentimientos humanitarios propios que comparan con la crueldad gélida de tecnócratas extranjeros obsesionados por los números.

En cambio, lo que no quieren es verse obligados a hacer un esfuerzo genuino por curar o, por lo menos, mitigar las muchas dolencias que aquejan a la muy enferma economía nacional que, para salir del quirófano en que está recluida desde hace vaya a saber cuántas décadas, necesitaría un tratamiento que será doloroso para quienes dependen de ella y requerirá un esfuerzo denodado por parte de los responsables de atenderla.

Así las cosas, la presunta convicción de que en última instancia “la solución” dependerá por completo de un eventual arreglo con el organismo dominado por Estados Unidos, el Japón, los países europeos más ricos y China, les ha dado un buen pretexto para resistirse a pensar en un “plan” económico, y ni hablar de ir al extremo de poner uno en marcha.

Si las conversaciones entre representantes del gobierno como Guzmán con Kristalina Georgieva y su equipo equivalieran a un debate estudiantil entre progresistas de ideales elevados y personajes comprometidos con el sistema económico vigente en los países que llevan la voz cantante en el FMI, los primeros ganarían con facilidad.

¿A quién se le ocurriría estar a favor de más austeridad si no hubiera motivos contundentes para creerla imprescindible? A nadie, razón por la que hace poco Alberto nos dijo que el gobierno que encabeza está resuelto a impulsar el crecimiento mientras que el IMF está pidiendo un ajuste, lo que a su juicio es una aberración porque a su juicio sería contraproducente.

Puede que el presidente sinceramente crea que le ha tocado elegir entre las dos alternativas – una buena, otra malísima – así supuestas, aunque por tratarse de un abogado de principios notoriamente flexibles es legítimo dudarlo, pero por desgracia el asunto no es tan sencillo como le gusta dar a entender. Desde su punto de vista, para que el país salga de la miseria en que está atrapado, el gobierno tendría que gastar mucho más, pero sucede que, tal y como están las cosas, buena parte del dinero que está repartiendo es producida por la famosa “maquinita”.

Aunque el campo sigue aportando mucho a las arcas estatales, su contribución no es suficiente como para cubrir el déficit y, de sufrir el país otra sequía feroz como la de 2018, será menos que lo previsto. Sea como fuere, la opción no es la imaginada por Alberto; mal que le pese, inflación no es lo mismo que crecimiento.

Es lamentable pero, por benévolos que sean sus líderes políticos, a ninguna sociedad le es dado vivir indefinidamente por encima de los medios disponibles sin correr el riesgo de experimentar un estallido inflacionario que “ajustará” la economía de manera brutal. Es lo que ha sucedido con frecuencia en la Argentina, pero parecería que los encargados de gobernarla no han aprendido nada de la historia.

A diferencia de los alemanes que, luego de una racha hiperinflacionaria que fue relativamente breve, se transformaron en fanáticos de la disciplina fiscal, los dirigentes, respaldados por el grueso de los habitantes del país, han procurado una y otra vez mostrarle al mundo que es posible violar con impunidad lo que en otras latitudes suele tomarse por una regla universal. Aquí, el voluntarismo no conoce límites.

La según parece eterna crisis económica, que ya ha sumido a casi la mitad de la población en la pobreza extrema y amenaza con ensañarse con amplias franjas que hasta ahora han logrado mantener el estilo de vida al que se han acostumbrado, ha entrado en una fase muy peligrosa. El nerviosismo que sienten tanto oficialistas como opositores es palpable.

Aun cuando fuera posible atribuir lo que está sucediendo a la terquedad del FMI, cuyos técnicos claramente no entienden que la Argentina es un país sui géneris en que las leyes matemáticas no rigen como en otras latitudes y hay que tomar en serio la prédica de quienes las desdeñan, a esta altura sería peor que inútil seguir insistiendo en subordinar todo al derecho soberano de sus gobernantes a hacer las cosas a su propio modo sin reconocer que, para decenas de millones de personas, sus esfuerzos por aplicar sus propias teorías heterodoxas ya han tenido consecuencias trágicas y, a menos que pronto cambien de actitud, las que tendrán en el próximo futuro serán todavía más funestas.


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