El titular de la SIDE tendrá que decir lo que sabe en la causa del complot

El jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga, tendrá que dar a conocer a la Justicia todos los detalles que conozca sobre el presunto complot contra el gobierno de Néstor Kirchner, que había sido denunciado públicamente por el oficialismo a mediados de año.

El Gobierno publicó ayer y en el Boletín Oficial un decreto firmado por Kirchner y el jefe de Interior, Aníbal Fernández, para relevar al titular de los espías de la obligación de guardar secreto, con el objetivo de que, bajo juramento, declare en la causa por el complot. Así, Icazuriaga deberá contestar las preguntas formuladas por el fiscal Carlos Stornelli, quien instruye la investigación delegada por el juez federal Juan José Galeano, siempre y cuanto no comprometan otras investigaciones en curso vinculadas a servicios extranjeros.

Por lo pronto, Icazuriaga había dicho públicamente que «varios hechos nos hacen pensar que hay acciones que tal vez puedan estar encadenadas, y al Gobierno le preocupa el hecho de una desestabilización». En esa causa, ya declaró el ministro del Interior, mientras que aún se espera la contestación del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien no completó el pliego de preguntas remitidas por la Fiscalía, ya que todos los convocados, por su calidad de funcionarios públicos, pueden declarar por escrito.

Hasta ahora, el presidente Kirchner -quien cuestionó duramente al fiscal Stornelli por abrir esta causa- nunca contestó las preguntas que se le habían formulado desde el juzgado al principio de la investigación, añadieron los voceros.

La «causa del complot», como se la conoce en los tribunales, que lleva el número 8208, se inició en junio pasado cuando la SIDE advirtió sobre las reuniones entre militares y políticos que se venían realizando hasta entonces y que tuvieron incluso como escenario la sede del Regimiento de Infantería de Patricios.

La sospecha en ese supuesto plan involucró a ex jefes policiales desplazados y a cuestionados jueces federales, que tuvieron nexos con el menemismo; así como a empresarios, economistas y a «algunos medios de comunicación, en particular algunos periodistas que responden a intereses empresariales», se dijo. A eso se sumó un incendio intencional que destruyó el sistema automático de control de señales de la terminal ferroviaria de Constitución y la ola de robos en zonas supuestamente seguras.

En Santa Cruz, el presidente Kirchner llegó a responsabilizar de las maniobras para «inviabilizar al Gobierno» a los sectores que fueron «desplazados», «representantes de la década del 90», «defensores del endeudamiento argentino» y de las políticas neoliberales aplicadas por entonces. Más allá de las declaraciones públicas, el Gobierno no oficializó ninguna denuncia judicial y el fiscal Carlos Stornelli pidió entonces abrir una investigación para esclarecer si realmente había un plan desestabilizador, a raíz de lo cual pidió las declaraciones de los varios funcionarios, encabezados por Kirchner.