El trágico saldo de dos años de desidia

OPinión

Marcela Marín marcelamarin@rionegro.com.ar

Cuatro hombres fueron asesinados en la cárcel de Roca desde que el juez Juan Pablo Chirinos reflejó en un fallo la crítica situación general que atravesaba –y atraviesa– la unidad penitenciaria. Cuatro muertos y ni una sola obra edilicia significativa por parte del Estado Provincial en una prisión que ya está en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las deplorables condiciones de detención que padecen sus internos. Ni una sola mejora sustancial en el tratamiento penitenciario de resocialización. Ni un atisbo de comenzar a separar los internos condenados de los procesados, como manda la ley, ni los detenidos “primerizos” de los reincidentes. Ni una demostración de voluntad política real, más allá de las declamaciones, de consolidar finalmente el Servicio Penitenciario Provincial “modelo” que se creó por ley en el 2006. El 8 de septiembre de 2010 el juez de Ejecución Penal le ordenó al gobierno provincial que “en el plazo de 20 días corridos” debía presentarle “un programa técnico y financiero de inversión y gasto, con las correspondientes previsiones presupuestarias, a fin de refaccionar la cárcel local”, con la manda de incluir la obra en el presupuesto 2011 “y con un plazo de ejecución no mayor a 24 meses”, Los 24 meses pasaron. Se cumplieron esta semana sin ningún ladrillo en respuesta a la orden judicial. Catorce meses fueron de la gestión Saiz y 10 lleva el nuevo gobierno, con una “Emergencia Penitenciaria” que le habilitó el libre uso de 30 millones de pesos en mayo. La actual gestión no puede –como pretende– endilgarle toda la culpa al radicalismo. El Estado es uno solo y posee continuidad más allá de sus gobernantes. La Provincia de Río Negro ha violado flagrantemente una orden judicial y, con ello, ha puesto en riesgo el respeto por los derechos humanos elementales de más de 600 personas que ella misma privó de su libertad. Según dijo ayer el secretario de Seguridad, Miguel Bermejo, en la audiencia pública ante el juez, la Provincia recién está “en condiciones de comenzar a elaborar un proyecto” que, se comprometió, el gobierno presentará en una nueva citación prevista para el 16 de octubre. Aprobado el anteproyecto en términos generales habrá que limar detalles. Luego, elaborar los pliegos. Después, llamar a licitación. Y, finalmente, esperar que la empresa adjudicataria cumpla en tiempo y forma con la obra. Como mínimo: dos años más. ¿Cuántos muertos más?