El Tribunal de Cuentas pone bajo la lupa los gastos de los funcionarios

“Vivillos” hay, pero cuando se ven obligados a pagar de sus bolsillos los gastos no rendidos aparecen los papeles. La frase describe una situación que en los últimos tiempos gana los títulos periodísticos: intendentes que son condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar cifras a veces millonarias por gastos de sus administraciones no rendidas en tiempo y forma.

“Hay municipios que tienen casi todo su presupuesto en presunto perjuicio fiscal”, dijo el presidente del Tribunal de Cuentas de Neuquén, Hugo Acuña, rodeado de pilas de expedientes sobre su escritorio y cercado por cajas repletas de legajos con sellos de una Comisión de Fomento del más lejano paraje de la provincia, a un ministerio que administra millones de pesos.

Estos días fueron los intendentes de Plaza Huincul y Zapala los inhabilitados para recibir el Fondo Sojero; antes fue el de El Chocón o los exjefes comunales de Mariano Moreno, Barrancas o Vista Alegre los condenados a pagar cifras que van de unos pocos miles a millones de pesos por no respaldar con documentación los gastos realizados.

¿Terminan pagando? Se le planteó a Acuña. “Algunos sí, otros no. Cuando se los notifica de la condena se les da un plazo de veinte días para que paguen, obviamente de su peculio, los montos en la cuenta del tribunal. Pero tienen diez días para apelar y ahí el único recurso que tienen es el de revisión ante el mismo tribunal”, señaló.

Durante los procesos, que cada vez son más ágiles, el afectado hace sus descargos, presenta la documentación faltante en la mayoría de los casos- y los contadores y abogados del tribunal la admiten o no.

“Si no presenta documentación nueva se rechaza el recurso y se emite una certificación de la condena que va a la Fiscalía de Estado y ésta la ejecuta”, expresó.

Los que no cumplen sufren embargos. Algunos han llegado a pagar hasta 18.000 pesos y otros apelan ante el TSJ pero, comentó, en el 99% de casos se confirmó la condena.

La gran mayoría de condenados son jefes comunales de lugares chicos que carecen de infraestructura humana y técnica para llevar las administraciones, esto como un atenuante y demostrativo que muchas veces los incumplimientos son producto de la desprolijidad.

Sin embargo un caso emblemático de condena es el del exministro de Desarrollo Social, Wálter Jonsson (Ver recuadro).

Acuña dijo que desde que asumió el cargo el primer objetivo que se puso fue actualizar los procesos y, como está sucediendo, emitir fallos dentro de los seis meses de cerrado el ejercicio contable.

“El Tribunal de Cuentas no es enemigo de los funcionarios, pero el cliente del Tribunal es la ciudadanía, a la que hay que demostrarle que controlamos”, dijo.

Agregó: “Se marca un camino. Se trata de que el Tribunal sea un inductor de colaboración, porque lo que se demanda es transparencia. Conocer lo que ingresa y egresa es clave para la comunidad porque son dineros públicos”.

Asesores que no firman los dictámenes

Como es común que jefes comunales de poblaciones chicas no sean profesionales contratan a contadores o abogados.

Cuando son convocados por una irregularidad esos funcionarios alegan que sus asesores no les advirtieron que estaba mal.

“Esos asesores no ponen ‘el gancho’ en sus dictámenes y la responsabilidad cae en el funcionario. Actualmente los instruimos para que los involucren, haciéndoles firmar a los asesores. Hay profesionales que asisten a más de diez municipios y llegan a cobrar honorarios que pocos se imaginan”, comentó Hugo Acuña.

Señaló que últimamente, en algunos casos, los funcionarios toman ese recaudo y ante irregularidades esos asesores son citados por el Tribunal. Hubo un abogado que fue condenado por una situación de este tipo.

El plantel