El Tribunal de Cuentas rechazó eximición tributaria dada por Icare 12-4-03

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Tribunal de Cuentas de Bariloche rechazó la eximición de tasas otorgada por el intendente Alberto Icare a una mujer de 90 años que posee 19 lotes en trámite de «usucapión» y le reclamó la «inmediata derogación» de la resolución con que autorizó el beneficio. El 13 de marzo el Ejecutivo suspendió «temporalmente» el pago de la tasa por Servicios Retribuidos en favor Ester Benacon Naon de Canut «hasta el dictado de la sentencia judicial en el juicio de usucapión que la misma está tramitando» sobre las 19 parcelas. El beneficio fue otorgado sobre la base de un informe del área Social del municipio donde se acredita que Benacon de Canut «no cuenta con los recursos económicos para solventar la deuda y por consiguiente no se puede dictar la sentencia en dicho juicio». El órgano de contralor desestimó los fundamentos sociales esgrimidos por el Ejecutivo para aprobar la suspensión tributaria por la cantidad de parcelas reclamadas y la ausencia de constancias que certifiquen la efectiva ocupación de las mismas. «Si la eximición fuese por un lote se podría hablar de un fin social, pero en este caso estamos hablando de 19 lotes», puntualizó el dictamen. Además advirtió que «por los valores que existen en el mercado inmobiliario local podemos considerar que a la beneficiaria de la eximición se le ha concedido una mina de oro para su usufructo». Los lotes que Benacon de Canut reclama en usucapión están ubicados en la zona oeste de la ciudad, a 11 kilómetros del casco urbano, en uno de los sectores residenciales que registró un alto crecimiento durante los últimos años. La contradicción entre la cantidad lotes reclamados en propiedad y la carencia de recursos esgrimida por la litigante no es el único vicio en la resolución firmada por Icare y refrendada por el secretario de Gobierno, Adolfo Foures. Entre otras irregularidades la norma no específica el monto tributario comprometido ni el tiempo de vigencia de la suspensión. En su dictamen el Tribunal volvió a objetar la facultad de eximición tributaria del intendente y recordó que el pedido de derogación de la misma realizado en 2001 todavía no tuvo «acuse de recibo» del Ejecutivo ni del Deliberante. En esa oportunidad el órgano de contralor consideró que «esta facultad cuasi monárquica» se presta a «suspicacias sobre la probidad de los funcionarios». El dictamen del Tribunal conminó al Ejecutivo a derogar la resolución en un plazo máximo de 10 días hábiles, reservándose el derecho de recurrir a la justicia ante un incumplimiento.