El Tribunal ratificó irregularidades en el Fondo de Viviendas

Detectó “incumplimientos sistemáticos” en la administración de APEL. Advirtió el ingreso de recursos que no figuran en los extractos bancarios y no fueron informados a la auditoria.




Fondo de APEL

El Fondo de Viviendas, administrado por APEL, registró un “incumplimiento sistemático” de las normativas, según la conclusión preliminar de una auditoria parcial realizada por el Tribunal de Cuentas en referencia a dos iniciales rendiciones.

Actualmente intervenido por la Legislatura, este Fondo -que se conformó por aportes públicos- no registra depósitos en “sus extractos bancarios ni fueron informados ingresos que habría percibido APEL”, aseguró el análisis del órgano de control. También advirtió del incumplimiento del destino, aludiendo que no se pudo constactar por falta de información si, efectivamente, los lotes fueron vendidos a personal del Poder.

En su análisis parlamentario se solicitó una auditoría al Tribunal de Cuentas, que en la última semana remitió un inicial informe, basado en las dos primeras rendiciones, pertenecientes a agosto y setiembre del 2010, y el semestre posterior (octubre 2010-marzo 2011). El Fondo fue creado en el 2010 para la compra o la construcción de viviendas, y el otorgamiento de créditos para los empleados de ese Poder. Se conformó con el 2% de los sueldos, sin retención de los haberes, constituyendo un aporte directo de la Legislatura.

La primera conclusión ratificó que APEL “no cumplió con las rendiciones” exigidas por las normas ya que las mismas fueron presentadas con “un atraso de 20 meses y 14 meses”, considerando el plazo de vencimiento.

Además, los auditores insistieron en la “falta de documentación inherente a la rendición de cuentas”, imposibilitando cruzar “ingresos y egresos”. Destaca que esa insuficiencia “no fue subsanada” a pesar del requirimiento del Tribunal.

En relación al funcionamiento, el informe del Tribunal -firman Juan Huentelaf, Erika Acosta y Dolores Cardell- concluyó que se “verificó un incumplimiento sistematico” de la resolución N°4 del 2010, que establece el destino de los recursos y en favor de los empleados legislativos. También se ratificó el apartamiento de la ley de administración pública, considerando que “los recursos correspondían directa o indirectamente a aportes” del Estado.

En ese sentido, el informe cuestiona que se compraron “lotes en forma directa cuando se imponía un concurso de precios”, y se “procedió a la refacción y reparación de la sede gremial y SUM”, sin precisar si existió un “trámite licitatorio”. Tampoco se constactó que los bienes y servicios adquiridos acreditan “razonabilidad de los precios” ni si fueron recepcionados efectivamente.

Se destaca la irregularidad de la “ausencia de recaudos necesarios para distinguir y diferenciar los bienes del Fondo y los bienes del gremio”. Así, hay “transferencias bancarias” desde la cuenta del Fondo hacia otra de APEL.

Entre otras definiciones, el órgano de control afirmó que ciertos “ingresos que habría percibido APEL”, que conduce Alejandro Gatica, no “surgen de los extractos bancarios ni fueron informados”. Tampoco “surge acreditado el destino que le fue fijado, es decir, la compra de inmuebles, construcción de viviendas y otorgamiento de créditos para los empleados legislativos” ya que menciona un pago realizado a Oriente Construcciones por lotes adquiridos dos años antes de la creación de ese Fondo. También advierte que se está en incumplimiento de “construcción” en una adquisición realizada al municipio de San antonio, “exponiéndose a la caducidad del contrato con la pérdida de las sumas abonadas”.

En la última sesión, la Legislatura ratificó la intervención dispuesta por el presidente, Pedro Pesatti hacia ese Fondo, que además actualmente es investigado por la Justicia por presuntas irregularidades en su manejo.

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