El TSJ alerta sobre posible conflicto institucional

NEUQUÉN (AN)- El Tribunal Superior de Justicia advirtió que si no se resuelve “con premura” su crítica situación presupuestaria, se podría caer “en la paralización del servicio, lo que implicaría un conflicto institucional no querido por este Poder Judicial”. Además afirmó que cuando se debatió el presupuesto judicial en la comisión de Hacienda de la Legislatura, algunos diputados rebatieron las explicaciones del presidente Guillermo Labate basados “en cifras que no se ajustan a la realidad”. Consultado ayer por la tarde el gobernador Jorge Sapag dijo que el tema “está hablado” y descartó que pudieran producirse inconvenientes. Por su parte la Asociación de Magistrados emitió su propio pronunciamiento: atribuye la actual crisis presupuestaria a la construcción de la Ciudad Judicial y al incremento “desmesurado e irracional” de los organismos judiciales entre 2004 y 2005, plena era sobischista, “sin el correspondiente respaldo presupuestario”. En ese contexto el gremio de los jueces les requiere a los poderes Ejecutivo y Legislativo “que asuman la responsabilidad institucional que les compete y doten al Poder Judicial de los medios económicos” que necesita para funcionar. El texto completo está en una solicitada que se publica en esta edición y que fue aprobada por la comisión directiva ayer al mediodía. Respecto del TSJ, expuso su postura en un comunicado que se publicó ayer a la tarde en su página web. Refiere que en la reunión con los diputados el martes “se ratificó la necesidad de la revisión de la asignación de recursos” contemplados en la ley de autarquía” para cubrir el déficit. “Tal posición fue rebatida por algunos diputados en razón de diversos argumentos basados todos ellos en cifras que no se ajustaban a la realidad económica”, dice el TSJ. Por ejemplo, “no contemplaban la totalidad de la partida de gastos de personal, la que se encontraba reducida en un 20%” ni “los gastos estimados en servicios -alquileres, luz, gas y teléfono- lo que resulta absolutamente incomprensible ya que sin ellos se priva de gastos esenciales para su normal funcionamiento”. En cuanto al aumento de sueldos, explica el Tribunal que fue solicitado “atento el serio deterioro salarial”, y en sintonía con la recomposición que recibieron “el resto de los agentes de los otros dos poderes”. Tal postura “tampoco fue aceptada, generando una insostenible desigualdad entre los distintos sectores del Estado”. Tras recordar que el actual estado de desfinanciamiento “fue denunciado el 5 de mayo de este año” y transmitido en forma personal al gobernador Jorge Sapag, el TSJ alerta sobre el riesgo de la paralización del servicio y de “conflicto institucional” si no se soluciona “con premura”.