El TSJ derivó el reclamo de Sejun a la Legislatura

NEUQUEN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia resolvió derivar el reclamo de recategorización de los empleados judiciales a la Legislatura e instó a normalizar el funcionamiento de la estructura bajo su órbita al declarar el servicio como «esencial». El pronunciamiento, supone una ruptura con la postura que al menos el presidente del TSJ Jorge Sommariva trató de sostener, y cuya falta de aplicación motivó el plan de lucha de los trabajadores. Además vuelve a dar cuenta de las diferencias de criterio al respecto dentro del cuerpo.

El pronunciamiento de los vocales surgió luego de la movilización de los trabajadores a la sede del tribunal, en el contexto de su cuarto paro de 24 horas en casi 40 días.

Sejun profundizó las medidas de fuerza luego de que la promesa de Sommariva de aplicar el nuevo escalafón laboral se postergara más de lo acordado apenas fueron designados los nuevos vocales, a principios de año.

Con su nueva postura el TSJ desautoriza la propuesta del presidente del cuerpo, que hasta fines de abril dijo que sólo restaba resolver «dificultades técnicas» para que la recategorización se convirtiera en un hecho. Edgardo Cherbavaz, secretario general del gremio, manifestó que hasta la semana pasada el vocal creía que esto «era posible».

De forma paralela, surgió la propuesta del vocal Arturo González Taboada, que ofreció al gremio el pago único de 600 pesos y la elaboración en conjunto de una ley para enviar a la Legislatura, que implicaba un aumento de $ 200 pesos, para todo el Poder Judicial.

La resolución emitida ayer rompe con todas estas posturas. Le informa a Sejun que su actual posición es la de obtener «beneficios que no abarcan a los restantes trabajadores en relación de dependencia, sean públicos o privados». Señala que, en contraposición con la situación de otros trabajadores del Estado provincial «y en las presentes circunstancias» el reclamo resulta «como mínimo, controvertible». Luego los insta a elaborar su petición en la Legislatura y también a normalizar el servicio en los juzgados.

Ninguna de las apreciaciones consignadas en el documento que fue elaborado en presencia de la totalidad del cuerpo, recuerda la propuesta de González Taboada, qu incluía como beneficiarios del aumento, también, a la totalidad del tribunal.

El acuerdo, que se hizo público a través de un comunicado de prensa, señala que los pedidos salariales deben «enmarcarse en las normas de la Constitución provincial»; que si bien el derecho a peticionar está «plenamente garantizado», el tribunal «arbitrará los medios necesarios» para que a los trabajadores se garantice la «libertad de adhesión y de desempeñar habitualmente sus tareas». Declara, además, a la Justicia, como un «servicio público esencial», que debe ser atendido «por el número de agentes que el titular de cada dependencia determine».

En otro de sus tramos, consigna que «nuestra Ley de Autarquía» establece que es facultad «legislativa todo lo relativo a modificaciones salariales y escalafonarias».

Ante este escenario, Sejun, a través de Claudio Salazar, su encargado de prensa, dijo que «nosotros no somos un servicio esencial; con esto buscan terminar con nuestro derecho a movilizarnos. Seguimos reafirmando el reclamo en los términos que el presidente del cuerpo se comprometió a cumplir» y aseguró que «en conjunto con nuestros abogados vamos a decidir cómo enfrentamos esta situación».

Ratificó el plan de lucha anunciado ayer por la mañana, durante el cuarto paro de 24 horas en 40 días. También ayer por la mañana, en medio del paro, fueron recibidos por el ministro de Trabajo y Seguridad, Luis Manganaro, en Casa de Gobierno.

Cherbavaz dijo que «en su carácter de ministro nos pidió interiorizarse del conflicto dada la gravedad, y los problemas en los juzgados». En su nueva marcha, que terminó en el TSJ, cerca del mediodía, lanzaron otro paro. Será el 9 de junio y coincidirá con otra medida de fuerza impulsada por la CTA, el mismo día.