El TSJ destrabó la Convención Constituyente a pedido de Sobisch

En su calidad de presidente del cuerpo debió ratificar el planteo de conflicto de poderes.

NEUQUEN (AN).- El fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió a favor de la Constituyente, a pedido de Jorge Sobisch, un conflicto de poderes. El presidente de la Convención debió ratificar una denuncia ante el TSJ en tal sentido, luego de que el fiscal Alberto Tribug rechazara por «improcedente» la demanda inicial que promovió el fiscal de Estado Raúl Gaitán.

Los cinco vocales del TSJ -Roberto Fernández, Eduardo Badano, Jorge Sommariva, Ricardo Kohon y Eduardo Cía-, todos designados por la Legislatura a propuesta del actual gobernador, desconocieron la opinión de Tribug. El fiscal del TSJ sostuvo que «la vía procesal transitada por el denunciante resulta improcedente» y en consecuencia propició su rechazo.

La denuncia inicial la propició Gaitán, pero el fiscal de Estado no está vinculado a la Convención. Por tal motivo, Sobisch, en su carácter de presidente de la Convención, debió ratificar ante el TSJ la denuncia del fiscal Gaitán. Una vez cumplido ese paso, los vocales pudieron opinar sobre la cuestión de competencia plantada por el oficialismo, con la intención de borrar la ingerencia de los camaristas Luis Silva Zambrano y Enrique Videla Sánchez.

El debate jurídico sobre la forma en que se organizó la Convención Constituyente no está cerrado y llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras el fallo del TSJ que declaró la incompetencia de la Cámara Civil para entender en asuntos de la Convención, voceros de la oposición anunciaron ayer que presentarán un recurso extraordinario ante la Corte. También anticiparon que si los vocales del TSJ rechazan esa vía, irán en queja ante la Corte, según dijo Mariano Mansilla, convencional de Unión de los Neuquinos.

Mientras no se resuelva el recurso extraordinario, el fallo del Tribunal no está firme, aunque ayer los representantes del MPN en la Convención sostenían lo contrario y daban por terminado este debate jurídico.

El fallo del Tribunal contiene duros conceptos contra la sala Primera de la Cámara Civil que fue la que declaró admisible el amparo promovido por la oposición y dispuso una medida cautelar que Sobisch desobedeció durante el transcurso de la sesión del viernes último.

Para el TSJ, la Cámara, al «ejercer facultades que no le son propias» se «ha excedido en sus atribuciones» y ese «exceso configura el conflicto» que «justifica la intervención de este Tribunal como custodio de sus propias competencias».

Fernández concluye su voto diciendo que «la intervención que la Cámara de Apelaciones efectuara, lo ha sido en exceso de sus facultades, importando una invasión indebida al ámbito interno de la Convención Constituyente».

En el mismo fallo donde se resuelve a favor de la Convención el conflicto de poderes y se declara la incompetencia de la Cámara Civil, el TSJ rechazó la recusación de los cinco vocales que presentaron los convencionales que pertenecen al grupo de los 16 por «existir sospecha razonable acerca de su parcialidad». Sobre este punto, el Tribunal dijo que el planteo era «manifiestamente improcedente».

Mientras se judicializa la reforma constitucional que Sobisch impulsó y empuja merced a los votos de los radicales quiroguistas Néstor Burgos y Hugo Prieto, ayer se nombraron autoridades en las restantes comisiones. Los convencionales de la oposición estuvieron

presentes en el Concejo Deliberante -sede de la Convención-, pero dejaron constancia de la falla en origen denunciada desde el comienzo de esta Constituyente y por tal motivo se abstuvieron de participar de la las votaciones internas.

El oficialismo hizo una distribución de cargos en la primera comisión que se integró, la que se encargó de escribir el estratégico nuevo reglamento, que dejó en minoría a la oposición. Pero lo hizo en un trámite que derivó en una denuncia en la justicia que ahora terminó en el TSJ y llegará hasta la Corte.

Es en medio de este escenario conflictivo se está discutiendo la reforma de la Constitución que avanza sin consenso y metida en un debate jurídico que puede demorar mucho tiempo.

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