El TSJ implementó un programa para detectar a jueces con adicciones

CUTRAL CO (ACC y AN).- El Tribunal Superior de Justicia implementó un programa para detectar si los jueces tienen adicciones que interfieran en su trabajo. Los magistrados deberán contestar un cuestionario, con carácter de declaración jurada, sobre «sus hábitos de comportamiento». En base a los resultados se hará un informe confidencial y, si es necesario, al funcionario en cuestión se le ofrecerá apoyo para superar el problema.

El polémico programa fue informado ayer por el presidente del TSJ, Felipe Cía, en su primera declaración pública desde que asumió el cargo el viernes pasado. Y parece una consecuencia directa del escándalo que provocó la detención en Buenos Aires del fiscal Facundo Trova, con 20 gramos de marihuana en el bolsillo.

Hasta ayer, la información sobre la puesta en marcha del programa circulaba más por afuera que por adentro del Poder Judicial. Magistrados consultados por este diario dijeron que lo desconocían, ya que no se comunicó internamente la disposición a pesar de que fue decidida en un acuerdo del TSJ. Por eso prefirieron no emitir una opinión antes de conocer los detalles del programa y hasta dónde avanza sobre la privacidad de las personas.

Cía, en declaraciones que formuló en Cutral Co al poner en funciones a la Cámara de Todos los Fueros de esa ciudad (ver aparte) dijo que el programa apunta a detectar adicciones a estupefacientes, alcohol, medicamentos «legales e ilegales», juego y tabaco.

«El programa estará dispuesto para todos los integrantes del Poder Judicial que requieran una apoyatura en ese aspecto», señaló Cía.

Cuando se le preguntó si el caso Trova había sido el disparador, explicó que «si bien todo ingreso tiene exámenes, uno no puede controlar la vida privada de las personas y (se busca que) esas personas que por ahí tienen conciencia de la problemática puedan acceder» a una vía de solución.

Una fuente judicial reveló ante una consulta de «Río Negro» que parte del examen preocupacional que se les realiza a todos los magistrados y funcionarios es una especie de «antidoping». Indicó que «se analiza en sangre y orina si hay consumo de estupefacientes, pero los rastros de marihuana y cocaína se borran al mes. Es decir que basta con abstenerse de consumir ese tiempo

para que el resultado del análisis dé negativo».

El programa que implementará el TSJ es más ambicioso y abarca otras adicciones. Cía especificó que buscará la cobertura para todo tipo de dependencia que genere una problemática laboral presente o futura y lo deberán decidir profesionales especializados. «Lo que se dispuso es dar a la secretaría de Gestión y Recursos Humanos que establezca qué tipo de programa y cómo se desarrollará. No hay nada al presente, se tomó la decisión que hay que generar respuestas a las problemáticas que se presentan», definió.

Aunque Cía eludió las precisiones, la oficina de prensa del TSJ informó que el programa será «de fundamental relevancia a fin de evitar derivaciones tales como la disminución de la capacidad de atención, reacción y concentración, agitación físico y mental, disminución de la lucidez, afectación del rendimiento laboral y situaciones de conflictividad».

«Habrá un cuestionario con carácter de declaración jurada del que se desprenderán los hábitos de comportamiento. La encuesta podrá complementarse con un examen psicofísico y en base a los resultados obtenidos, se llevará a cabo con cada caso en par

ticular un informe de carácter confidencial. A partir de este resultado se implementarán las medidas preventivas y correctivas que brinden las soluciones a las situaciones que se planteen. En principio, estará destinada a los magistrados, ministerios públicos y demás funcionarios del Poder Judicial», añadió.

Las medidas «se llevarán adelante internamente y en coordinación con Salud Pública provincial u otros organismos».

El caso Trova estalló en enero, cuando el fiscal fue detenido en el aeroparque metropolitano con 20 gramos de marihuana. Al declarar ante la justicia federal porteña admitió que consume el estupefaciente.

Aunque se le inició un sumario, no fue suspendido y sigue trabajando. Diputados de la oposición y el gremio judicial Sejun presentaron un pedido de jurado de enjuiciamiento en su contra que aún no fue tratado.

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