El TSJ no puede pagar el aumento a los empleados

NEUQUEN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia reconoció ayer que el acuerdo salarial con los empleados sólo se podrá cumplir si se le aumenta el porcentaje de coparticipación que recibe por la ley de Autarquía. El reconocimiento lo efectuó el tribunal a través de una nota que le envió el presidente subrogante del cuerpo, Fernando Macome, al presidente de la comisión de Hacienda, Osvaldo Ferreyra. La misiva se conoció ayer justo cuando los trabajadores judiciales manifestaban frente a la Legislatura.

Macome informó que el acuerdo implica para este año un desembolso de 836.502 pesos, más 197.100 en concepto de salarios familiares; para 2001, 3.364.072, y para 2002, 4.055.414 pesos. El magistrado aclara que el gasto de los dos próximos años «no podrá ser financiado con el nivel de recursos estimado para dichos períodos», por lo que se considera que dicho gasto «demandará un incremento proporcional de la coparticipación».

El Tribunal Superior de Justicia, la Asociación de Magistrados y Funcionarios y el Sindicato de Empleados Judiciales firmaron en diciembre pasado un acuerdo para la modificación de la ley 1974 que incluye la retención de aportes a una suma hasta ahora no remunerativa que cobran jueces y secretarios; esta suma no se incrementaría con la aplicación de los adicionales; los empleados recibirán un aumento del 10 por ciento aproximadamente y renuncian a la aplicación de la ley de Enganche por efecto del blanqueo de la suma no remunerativa; se le fija un techo a la antigüedad (60 por ciento) y a los sueldos de los futuros jueces. Este acuerdo fue elevado en enero a la Legislatura para su homologación (ver aparte).

Ayer los judiciales se movilizaron hacia la Legislatura para reclamar una respuesta de parte de los diputados, especialmente de la Alianza que aún no definió su postura, pero sí expresó su desagrado con las «contradicciones» del tribunal. El PJ dijo que dará su aval al acuerdo y el MPN que lo rechazará.

Los dirigentes sindicales Jorge Izquierdo, Edgardo Chervavaz y Héctor Andrés se reunieron con los diputados miembros de la comisión de Hacienda quienes les trasmitieron que no llegaron a una conclusión y que han pasado a un cuarto intermedio para obtener mayor información.

El principal punto de conflicto es que el Poder Judicial no previó en su proyecto de presupuesto los montos para hacer frente a las consecuencias del acuerdo.

El conflicto se agravó ayer aún más cuando se conoció la nota de Macome en la que afirma que para hacer frente a esas consecuencias se deberá aumentar el porcentaje de coparticipación.

Según el proyecto de presupuesto, la cuentas del Poder Judicial presentarán este año un déficit de 2.900.00 pesos. Si a esto se le suma que en los próximos años deberá erogar sumas de más de tres y cuatro millones por año, el déficit será mayor.

Para los dirigentes sindicales este cálculo de ingresos y egresos no es real. En principio señalan que no puede haber déficit cuando se tiene en el banco 20 millones de pesos producto del ahorro de años anteriores. Además les llama la atención que en la línea general del proyecto «se hayan aumentado los egresos y se hayan achicado los ingresos».

La reunión de comisión pasó a cuarto intermedio para que cada bloque defina qué postura tomar y según explicó su titular, Osvaldo Ferreyra, no será necesario esperar hasta el martes próximo para volver a reunirse y tener un pronunciamiento.

El jefe de la bancada de la Alianza Raúl Radonich sugirió que se convoque a los miembros del tribunal para discutir la postura que tienen frente a la acuerdo por considerar que «es contradictoria».

Esta contradicción, aseguró, radica en que primero se elevó el acuerdo, luego no se lo previó en el proyecto de presupuesto y finalmente se reconoció que no se está en condiciones de afrontar con recursos propios los aumentos para los empleados.

Los diputados se encuentran en la disyuntiva de aprobar un aumento salarial cuando otros sectores del Estado han sufrido rebajas, como docentes y empleados de la Administración Pública, que aún reclaman la devolución del 20 por ciento de zona desfavorable.

Los jueces dejaron una bomba en las manos de los diputados

NEUQUEN (AN).- El Poder Judicial le dejó a su par legislativo una bomba de tiempo que tiene implicancias políticas y económicas relevantes: decidir sobre el blanqueo de la suma no remunerativa que cobran magistrados y funcionarios y homologar un acuerdo que el TSJ firmó con los empleados en el que se les otorga a estos últimos aproximadamente un 10 por ciento de aumento de sueldo. Los diputados no tienen mucho tiempo para emitir una opinión porque vence el plazo de un reclamo administrativo que hicieron jueces y secretarios para que se les descuenten los aportes previsionales a la suma no remunerativa y si vence se abre la vía judicial lo que generará demandas millonarias contra el Estado. Como contrapartida, homologar el acuerdo significa avalar un aumento a un sector de la sociedad cuando el resto no sólo no recibe aumentos, sino que en algunos casos se bajan los sueldos. Pero también será avalar el pago de una suma de dinero que el propio Poder Judicial no previó en su proyecto de presupuesto y que obligaría en los años siguientes a rediscutir el porcentaje de coparticipación que recibe ese poder porque sus cuentas darán déficit.

Un tribunal falló el año pasado a favor de dos jueces jubilados que reclamaron porque en sus haberes no figuraba el monto correspondiente a la suma que ganaban sus pares en actividad. Esto obliga al Poder Judicial a hacer los aportes correspondientes. Pero esta obligación tiene un efecto en cadena que involucra sumas importantes. En principio, si la suma hace aportes también debería recibir los beneficios adicionales como la zona desfavorable, la antigüedad y la dedicación funcional, con lo cual los sueldos se dispararían a cifras que el gremio calcula para el caso de un vocal del TSJ en 18 mil pesos. Pero además por la «ley de enganche» también se dispararían los sueldos de los empleados.

En diciembre del año pasado, a instancias de una negociación que inició el Colegio de Abogados, el TSJ convocó a Sejun y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios para formar una comisión que estudie el tema. De esa comisión surgió una propuesta de acuerdo: los jueces y secretarios no sufrirían descuentos en sus haberes por el pago de los aportes, pero tampoco reclamarían el aumento que significaría aplicarle a ese monto los adicionales. Los trabajadores recibirían un aumento, pero no el total que deberían si se aplicara a rajatabla la ley de enganche y además ese aumento sería escalonado y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. También le pone un tope al porcentual por antigüedad al establecer que sólo puede llegar al 60 por ciento.

El acuerdo fue elevado en enero a la Legislatura pero los diputados no se expidieron por sí o por no. En mayo, el máximo tribunal elevó su propuesta de presupuesto en el que prevé el «blanqueo» de la suma remunerativa, pero aclara expresamente que no tendrá incidencia en resto de los haberes del personal.

El tribunal justificó el no haber incluido el acuerdo salarial en el hecho de que no había sido homologado por los diputados. Para los diputados esto significó una contradicción y al mismo tiempo se le cuestionó al TSJ no haber previsto la incidencia de ese acuerdo en el cálculo de ingresos y egresos.

Mientras tanto pasa el tiempo y pese sobre todos los actores un recurso administrativo que presentaron uno 90 miembros de la Asociación de Magistrados para que se les efectúen los aportes sobre la suma actualmente no remunerativa. Si no hay una definición se abre el camino a los juicios con una demanda millonaria.